Serpientes y escaleras - Seguridad, el reto

Prometer seguridad es un discurso válido; ponerse plazo es un error estratégico.

Seguridad, el reto

De manera reiterada los candidatos de todos los partidos y los últimos gobernantes han prometido seguridad para los ciudadanos. No es casual que así sea, el tema es uno de los más reclamados por la ciudadanía, se trata de un problema serio, profundo, añejo y cuya solución no depende de una sola persona ni está a la vuelta de la esquina. Ponerse plazo es un error estratégico.

La inseguridad y la violencia son asuntos arraigados en Morelos desde hace muchos años: desde Jorge Carrillo Olea, cuando se desató una oleada de secuestros hasta hora con Cuauhtémoc Blanco, con la presencia de más de una docena de grupos criminales, las cosas han empeorado y las promesas de paz han quedado como letra muerta.

Hay muchas historias relacionadas con el índice delictivo estatal y los constantes hechos de violencia, la referencia permanente es la impunidad, la forma como actúan los grupos criminales y las cada vez más evidentes redes de protección que los pillos tejieron a través de figuras relacionadas con el poder.

Una y otra vez hemos escuchado promesas de que las cosas mejorarán, de que se disminuirán los índices delictivos, se combatirá frontalmente al crimen y se desarticulará el andamiaje político e institucional que permite que esta situación prevalezca. Pero nunca sucede.

Sergio Estrada Cajigal y Marco Adame se comprometieron a mejorar la seguridad, a disminuir los índices delincuenciales y recuperar la paz para los ciudadanos; y fallaron. Graco Ramírez fue más allá cuando desde su cuenta personal de Twitter, como gobernador electo, se fijó a sí mismo un plazo de 18 meses para acabar con la inseguridad que agobiaba a los morelenses. Obviamente no lo logró.

El alcalde capitalino José Luis Urióstegui también dijo al inicio de su administración que reduciría los índices de inseguridad en un periodo de tres meses y su jefa de policía Alicia Vázquez Luna abonó a la historia, señalando que en poco tiempo veríamos una ciudad distinta, segura y mejor para sus habitantes.

Amarrar el destino de un gobierno a la solución del problema de seguridad es una fórmula sumamente riesgosa que hasta ahora no ha dado buenos resultados. Y no es porque las autoridades que lo ofrecen no lo quieran hacer, el error ha sido comprometerse en un asunto que va más allá de ellos, que se nutre de muchos factores y cuya solución no depende de una sola persona o gobierno, ni se alcanzará en el corto plazo.

Los últimos cuatro presidentes de México fracasaron en el tema a pesar de que en diferentes momentos han echado mano de toda la fuerza del estado mexicano. Desde la declaración de guerra de Calderón al narcotráfico, hasta la reciente fórmula de abrazos y no balazos, la historia es la misma, plagada de sangre, muerte e impunidad en todos los sentidos.

En Morelos el cuento es el mismo: hemos visto la implementación de distintas estrategias policiacas y varios enfoques de prevención sin que las cosas mejoren. Por un lado, el problema radica en la fuerza que por sí mismos tienen los grupos delictivos y por otro la situación geográfica de un estado que es puente, lugar de trasiego y colonia de grupos criminales locales y foráneos.

Ni el trabajo individual de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, ni el plan de centralizar el mando policiaco ha logrado resolver la crisis, ni aminorar la grave situación. Cada cierto tiempo se detienen a cabezas criminales, pero de inmediato aparece alguien que retoma el mando; peor: muchas veces el grupo se divide y se convierte en dos o más células que continúan operando.

Esta semana el futuro secretario de gobierno Juan Salgado Brito habló sobre el tema y dejó claro que el reto más grande que tiene la administración que encabezará Margarita González Saravia es la seguridad; los primeros cien días son claves en esta historia, dijo, y deben transmitir el esfuerzo y la determinación de las nuevas autoridades en la materia.

Salgado Brito se quedó en la frontera de la promesa, a punto de ponerse un plazo como en otro tiempo lo hizo Graco Ramírez; habría sido terrible que lo hiciera, que repitiera el error de establecer un término perentorio en una historia que no depende de ellos y que está muy (pero muy) lejos de poder ser resuelta en breve.

No hay manera de que en el corto plazo la administración de Margarita González Saravia entregue buenas cuentas en esta historia porque hablamos de un asunto crítico que involucra a los tres niveles de gobierno, en donde participan grupos delictivos de varios estados, con redes de protección muy fuertes y que representan un negocio de cientos de miles de millones de pesos al año.

La firmeza de las autoridades estatales al colocar la paz como una prioridad en la agenda del estado es plausible, pero en ningún momento es prudente que se pongan un plazo a sí mismos para dar resultados. De manera natural los ciudadanos están expectantes en el tema, exigen que la situación mejore rápidamente y reclamarán a los gobernantes acciones firmes y resultados tangibles. ¿Para qué añadir presión a la historia fijando una fecha que nadie ha pedido?

La presión social por la inseguridad es fuerte porque la situación afecta el patrimonio y la tranquilidad de las personas; los grupos delictivos que operan en la entidad se han diversificado, actúan desde todos los ángulos y en todos los sectores, muchas veces en complicidad con autoridades que les permiten moverse con absoluta impunidad y casi siempre sin que haya consecuencias por sus actos.

Incluso en aquellos casos en donde la policía logra detenciones importantes la situación se complica porque aparecen jueces que les permiten salir libres; la red de protección delincuencial en México es enorme, involucra a figuras de los tres poderes del estado y de los tres niveles de gobierno, participan figuras políticas, empresariales, de la comunicación y hasta de la iglesia.

Hablamos de un conflicto mayúsculo porque la diversificación operativa de los grupos delictivos rebasó desde hace tiempo la capacidad de contención del estado; los grupos criminales se mueven constantemente, entran y salen de Morelos, trabajan en muchos lugares a la vez, a través de distintas células, tienen acuerdos con figuras de poder y actúan en todo tipo de delitos.

Lograr que en cien días la gente perciba una mejoría no es trabajo solo de la policía, ni se logrará a partir de estadísticas. La clave, si el nuevo gobierno quiere notar un cambio en este tema, radica en el manejo informativo que tenga la administración desde el primer día, porque más allá de cifras, lo que pesa en el tema de la inseguridad es la percepción.

No importa lo que digan o hagan, resolver el problema de inseguridad es un reto enorme que no se lograra en el corto plazo.

Por eso no hay que ponerle fecha perentoria.

·         posdata

El golpeteo hacia algunos miembros del gabinete de Margarita González Saravia es constante y va en aumento conforme se acerca el inicio de su administración.

Ahora tratan de generar polémica en torno a la ley orgánica y su impacto en el presupuesto de los municipios; refieren amparos en contra de dicha disposición y traiciones dentro del equipo de la gobernadora.

No es la primera vez que este tipo de historias se cuentan: sucedió en la precampaña, durante la contienda electoral y después de que pasó la elección; se trata de mensajes lanzados desde el anonimato con el ánimo de confundir, generar polémica y distraer de lo que está sucediendo al interior del gobierno saliente.

En este caso en particular se trata de un error en la interpretación de la ley de presupuesto participativo, porque la ley señala que en el presupuesto anual del gobierno estatal se debe contemplar una determinada cantidad para ser utilizada por medio del mecanismo de participación ciudadana, denominado "presupuesto participativo" y ese es el que debe ser aprobado por las comunidades, las asambleas o por ciudadanos directamente con la participación del Impepac. Hablamos exclusivamente del monto que asigne el congreso, no del total del presupuesto que va a ejercer el gobierno del estado.

Pero digámoslo con claridad: el mensaje que se lanza al aire no es un error de interpretación, es un recado con toda la intención de generar polémica, provocar confusión y golpear, en este caso a Mirna Zavala, una de las mejores colaboradoras que tiene la gobernadora.

Identificar el origen de estos comentarios es sencillo porque es el mismo modelo que se ha utilizado desde hace tiempo en contra de muchos y en los últimos meses de manera concreta contra Margarita González Saravia.

Antes eran los gracobots, ahora son los…

·         nota

A dos semanas de que inicie la administración la violencia se volvió a desatar en Morelos; en días recientes la ola de sangre volvió a incrementarse, con hechos que confirman la gravedad del problema y la difícil situación que enfrentará el próximo régimen.

Lo que sucede hace recordar el comentario del comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros, quien hace poco refirió que el cambio de gobierno agudizaría la crisis de inseguridad porque trastocaría los acuerdos de los grupos que operan en la entidad… “por eso sería conveniente que el nuevo titular de seguridad fuera alguien que ya estuviera en la CES”.

·         post it

El gobierno de Margarita González Saravia comenzará desde el primer segundo de octubre, por ello la toma de protesta será justo a la media noche.

La nueva administración arrancará a tambor batiente porque así lo demanda un estado convulsionado, con muchos problemas y en donde la gente exigirá soluciones rápidas a problemas añejos.

Política y comunicación serán, de principio a fin, herramientas indispensables para el éxito de la gobernadora.

·         redes sociales

Siete cuerpos sin vida fueron localizados al norte de Cuernavaca; nada que ver con los otros tres muertos registrados el mismo día en la capital de Morelos.

Vamos bien, estamos en el camino correcto, afirma la secretaria Alicia Vázquez Luna. Se trata de hechos relacionados con la delincuencia organizada, afirma.

¡Ah bueno!

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