Serpientes y escaleras - Se acabaron los abrazos
En opinión de Eolo Pacheco
La estrategia de seguridad del gobierno federal anterior fracasó contundentemente.
Se acabaron los abrazos
Los números en materia de seguridad no dejan lugar a dudas: el problema delictivo y la violencia son aspectos prioritarios en la agenda de los tres niveles de gobierno; salvo contadas excepciones, en prácticamente todo el territorio nacional se viven momentos críticos por el derramamiento de sangre y la presencia de grupos delictivos. Si no se pacifica al país, nada de lo que hagan los gobiernos será apreciado.
Después de seis años de una estrategia disfuncional, permisiva y visiblemente inefectiva, el gobierno federal ha cambiado el rumbo y en lugar de “abrazos y no balazos” se apuesta por la prevención del delito y el combate a los grupos criminales a partir de trabajos de inteligencia y coordinación institucional.
La historia no es sencilla y tomará mucho tiempo para que comencemos a ver resultados, pareciera que la máxima de “Las cosas tienen que empeorar antes de mejorar” aplica en este caso, suponiendo que en el futuro los nuevos planes den resultados y no sigamos en una espiral descendente que nos lleve a un lugar mucho peor que elactual.
El caso de Morelos es especial, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de esta semana, porque en el estado no hay coordinación entre las autoridades de seguridad y las de procuración de justicia y en el caso del fiscal Uriel Carmona, se trata de un personaje abiertamente enfrentado con la presidencia de la república y sin ningún tipo de trato con la gobernadora Margarita González Saravia. Y luego está el Poder Judicial.
Desde cualquier ángulo que se vea es muy difícil vaticinar cosas buenas con un ambiente así, donde hay un secretario de seguridad que está reconstruyendo la institución casi desde cero, limpiando la corporación de figuras presumiblemente relacionadas con la delincuencia organizada y sin los elementos mínimos para trabajar de manera adecuada, empezando por el número de policías.
Luego aparece una fiscalía que se mueve por su lado, con un titular que actúa a partir de una agenda política personal y pretende posicionarse como un activo electoral de la oposición de cara a las elecciones intermedias. El fiscal tiene sus propias prioridades y cuenta con un enorme presupuesto que gasta de manera discrecional, promoviendo su imagen y defendiendo su figura de los ataques que recibe.
Uriel Carmona Gándara no está solo, tiene de su lado a ocho diputados que lo apoyan de manera incondicional y están dispuestos a defenderlo por encima de los intereses de su propio partido. Un ejemplo de ello son los representantes del Partido del Trabajo, encabezados por la dirigente Tania Valentina, quien a pesar de los llamados de su dirigencia nacional se mantiene firme en su defensa al fiscal. “De ese tamaño son los compromisos” dicen quienes están cerca de ella.
El esfuerzo de la nueva secretaría de seguridad pública estatal está enfocado en la prevención, la investigación, la persecución, desmantelamiento, captura y puesta disposición de los grupos delictivos y generadores de violencia. En tres meses Miguel Ángel Urrutia ha hecho más que José Antonio Ortiz Guarneros en seis años y con acciones concretas ha comenzado a influir en el comportamiento de las bandas criminales que ya actuaban con absoluto cinismo, sin miedo a la autoridad o con la confianza que da tener algún tipo de pacto con la policía.
De ninguna manera se puede decir que el problema está resuelto, estamos muy lejos de que eso suceda y la oleada de sangre que vemos en las calles lo confirma; la mejoría lograda en este arranque de sexenio es apenas perceptible, se puede ver en las cifras de los delitos, en los operativos y las detenciones, pero poco se aprecia entre los ciudadanos porque a pesar de la voluntad, la dependencia ha sido incapaz de comunicar adecuadamente las acciones que realiza.
Peor: frente a los logros y la decisión de la gobernadora de reforzar la nueva secretaría, constantemente ocurren hechos de violencia que de golpe echan abajo las buenas acciones y borran de la mente de la sociedad el trabajo realizado. Precisamente por eso es indispensable acompañar lo operativo con comunicación, para que los logros no se diluyan con un hecho de sangre o, como ocurrió hace unas semanas, con la liberación de delincuentes.
Aquí entra otro aspecto clave: jueces y magistrados del poder judicial de Morelos parecen tener fuertes vínculos con grupos criminales, situación que se refleja en la constante liberación de delincuentes que, en algunos casos, fueron detenidos in fraganti. La justificación del TSJ en estos casos siempre se basa en los “errores procesales”, pasando por alto los hechos. Veamos:
A la policía le hace falta capacitación para que las detenciones y puestas a disposición se hagan conforme a derecho, para que los abogados defensores y los jueces corruptos no utilicen estas faltas como herramienta para liberar delincuentes. Por estas razones la sociedad ha sido testigo en más de una ocasión de liberaciones que rayan en lo absurdo, porque a partir de lagunas jurídicas o inconsistencias procesales, los impartidores de justicia dejan en libertad a secuestradores, narcotraficantes o asesinos. Es legal, pero no correcto.
Aquí entramos a un punto de eterno debate ¿ley o justicia? Teóricamente una va acompañada de la otra, pero en los hechos eso rara vez ocurre, en la historia del poder judicial morelense existen casos como el de un juez que en estado de ebriedad atropelló y mató a un padre y a su hijo que iban en bicicleta y nunca pisó la cárcel; también las innumerables ocasiones en las que se dejaron en libertad a secuestradores detenidos con las víctimas, sujetos que fueron videograbados cometiendo homicidios o alcaldes, como Antonio Villalobos, que robaron a la vista de todos.
¿Cómo confiar en autoridades que le ponen precio a la justicia o que otorgan libertad con cualquier pretexto a pesar de las evidencias de culpabilidad? ¿De qué manera se le puede pedir a un policía que arriesgue su vida para detener a un delincuente, cuando este puede volver a las calles de inmediato por decisión de una autoridad judicial?
La pacificación del estado no es un asunto sencillo, ni se resume a un problema de policías y delincuentes, hablamos de un tema complejo, muy arraigado en las dependencias, con múltiples brazos y poder que influye en autoridades, impartidores de justicia y gobernantes.
El de Morelos es un caso especial, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; en la tierra de Zapata campea la impunidad, la complicidad y la vinculación entre autoridades y grupos criminales. Las cosas no se resolverán mientras la estrategia siga siendo la misma, las instituciones encargadas de combatir al crimen estén controladas por los grupos criminales y existan autoridades, partidos políticos o gobernantes que obedecen los intereses de la delincuencia.
Lo que urge en Morelos es un operativo “Enjambre”, como el que se implementó hace unas semanas en el Estado de México.
· posdata
Los estudios de opinión de la empresa Demoscopia Digital publicados por La Jornada Estado de México han sido muy generosos con la gobernadora de Morelos desde que tomó el cargo, casi de inmediato sacaron al estado del último lugar en donde lo mantuvo por mucho tiempo Cuauhtémoc Blanco y durante tres meses han colocado a la morelense a media tabla en el ranking nacional de gobernantes.
Es opinión favorable por contraste, me decía un especialista en este tipo de estudios; “el simple cambio de autoridad estatal provocó simpatía entre la gente y la personalidad de Margarita (González Saravia) ayudó a que tu estado no sea visto tan mal por los ciudadanos. La valoración de su desempeño vendrá más adelante”.
Durante dos meses Demoscopia Digital apapachó a Margarita González Saravia, como lo ha hecho con todos los gobernantes de Morena, pero en su último estudio, aunque la mantiene en mejor posición que los gobernantes de Campeche, Oaxaca o Zacatecas, la coloca por debajo de gobernantes terribles como Evelyn Salgado de Guerrero, Rocío Nahle de Veracruz o Delfina Gómez del Edomex; además muestra una tendencia que ya no es tan halagüeña para la jefa del ejecutivo.
El elemento que llama la atención es que de octubre a diciembre la mandataria morelense ha caído casi diez puntos de aprobación, situación que debe encender las alarmas en el equipo estratégico de Margarita González Saravia: en octubre su nivel de aprobación como gobernante era del 64.3 por ciento, bajó a 62.8 en noviembre y cayó hasta 55.9 en diciembre. Algo no anda bien.
La carta de presentación de la gobernadora es su honestidad y la oferta de cambiar las cosas en el estado, desterrar los viejos vicios de la política, erradicar la corrupción del gobierno estatal y ponerle un alto definitivo a la impunidad. Esa buena imagen contrasta con la de algunos personajes del primer círculo que abiertamente hacen negocios en la nueva administración.
Algo no está percibiendo bien la sociedad en este arranque de sexenio cuando hay una caída tan pronunciada de su aprobación en apenas un trimestre, algo está fallando en la estrategia y/o en el equipo cuando a pesar del esfuerzo personal de la gobernadora, la gente comienza a cambiar muy rápido de opinión.
Tres meses son tiempo suficiente para evaluar el desempeño del equipo, ajustar o cambiar lo que haga falta. Los números de esa encuesta advierten que hay cosas que pueden mejorar y deben ser atendidas a la brevedad.
· nota
El nuevo alcalde de Jiutepec dejó claro que no pasará por alto las faltas que se hayan cometido en la administración pasada, la que encabezaron el actual coordinador de Morena Rafael Reyes y finalizó su cuñado David Ortiz.
La decisión de aplicar una auditoría especial trató de ser detenida por los representantes de Morena y Movimiento Ciudadano, pero por un voto en el cabildo se acordó que sí se procederá.
La relación entre Eder Rodríguez y Rafael Reyes es mala desde la campaña, cuando el morenista transformó una competencia electoral en un pleito individual y varias veces recurrió al ataque personal, situación que en lugar de favorecer la campaña de su cuñado, hundió más a Morena.
La solicitud de una auditoria especial en Jiutepec difícilmente llegará a algo porque Morena controla la mayoría legislativa y Rafael Reyes coordina al grupo parlamentario; si el nuevo alcalde verdaderamente quiere sentar un precedente, en caso de encontrar irregularidades, tiene que explorar otros caminos, porque en la cámara de diputados y en las dependencias que dependen del congreso no va a lograr nada.
Cuando asumió la presidencia municipal Rafael Reyes acusó a Manuel Agüero de corrupción, presentó una denuncia endeble y dejó que el tema muriera ¿Pasará lo mismo ahora con Eder Rodríguez?
· post it
El próximo sábado la gobernadora presentará su informe de cien días.
La mitad de lo que diga ya lo habrá dicho en su informe de cincuenta días.
· redes sociales
“No nos temblará la mano para que cada quien asuma la responsabilidad de sus actos” Afirma Eder Rodríguez en sus redes sociales, en referencia a la solicitud de auditoría a su antecesor. El problema no es de temblorina, sino de capacidad probatoria.
Como diría Don Concho: “Los acusan de corruptos, no de pendejos”
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