Serpientes y escaleras - Los jueces y los corruptos

Tener la razón no siempre importa; en Morelos la justicia se vende al mejor postor.

Los jueces y los corruptos  

La lucha contra los corruptos es larga, es tortuosa y sumamente compleja; pero cuando hablamos de instituciones públicas y personajes de poder, la corrupción no solo se da en el terreno económico, también está presente en las complicidades que existen entre figuras e instituciones para mantener el estatus quo de las cosas. Cuauhtémoc Blanco y algunos alcaldes han intentado sin éxito procesar a personajes del pasado, el problema han sido las confabulaciones. Ayudar a los ladrones es sumamente lucrativo.

Pensemos, por tomar un ejemplo, en lo que ocurre actualmente en el caso del ex alcalde de Jiutepec Manuel Agüero Tovar, específicamente en el punto en el que decidió utilizar 19.5 millones de pesos de un periodo de gobierno que no le correspondía:

El sujeto sabía que había perdido las elecciones y que su periodo de gobierno concluía el 31 de diciembre del 2018; a sabiendas de ello y a pesar de que fue reconvenido por el alcalde electo Rafael Reyes para que no utilizara los recursos del 2019, cobrados de manera anticipada por el municipio por concepto de pago predial, porque incurriría en un delito, el todavía munícipe los gastó sin importarle que también fue reconvenido por el congreso local para que se abstuviera de gastarlo.

Sobre ese tema el gobierno de Jiutepec inició una demanda por peculado, fundamentada en lo que establece el Código Penal del Estado de Morelos, por distracción de recursos económicos para un fin distinto y un periodo de gobierno que ya no le correspondía.

A pesar de que en este tema se configuraron todos los elementos para actuar penalmente, hace un par de días un juez de Jojutla (¿Por qué de Jojutla?) determinó la No Vinculación a proceso de José Manuel Agüero Tovar por el delito de Peculado y Ejercicio Ilícito del Servicio Público. El fallo de la autoridad judicial no tiene lógica jurídica, pero encaja en el comportamiento político que varios miembros del Tribunal Superior de Justicia de Morelos han tenido respecto a los personajes graquistas que han sido demandados en los últimos meses.

La determinación del juez no es definitiva en el proceso, pero marca una tendencia en el proceder del poder judicial morelense; a los demandantes les quedan varios caminos a los cuales recurrir para que la justicia se aplique más allá de los espacios en donde hay impartidores de justicia afines a la administración anterior o proclives a vender las resoluciones.

Ni la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, ni el Gobierno de Jiutepec tomaron bien el fallo del juez: la primera reaccionó de inmediato y afirmó que “El expresidente municipal de Jiutepec NO ha sido absuelto y será imputado nuevamente por peculado y enriquecimiento ilícito… se han realizado más actos de investigación que fortalecen la teoría del caso y se volverá a imputar por la distracción del dinero recaudado de manera anticipada por concepto del predial del 2019… José Manuel “N” ya cuenta con una vinculación a proceso por Ejercicio Abusivo de Funciones por convertir un predio de su familia en corralón municipal y cobrar renta por ello”.

La administración de Rafael Reyes Reyes también ha dicho que el tema no ha concluido y afirma que seguirán con las acciones legales contra el exjefe municipal; la Consejería Jurídica refiere que aportarán más pruebas para formular una nueva imputación que compruebe que existe la conducta delictiva, insiste que se agotarán todas las vías judiciales locales y federales para castigar a quienes distrajeron y abusaron de los recursos públicos de la comuna, además de que precisan que el fallo del tribunal de alzada no resolvió de fondo el caso.

En esta denuncia en particular (hay 23 acumuladas en contra del rubicundo perredista), se configuran todos los elementos para que el juez proceda, por eso es llamativa la actitud del impartidor de justicia; la estrategia de Agüero Tovar es retardar la sanción y tratar de ganar tiempo para encontrar alguna salida negociada, es decir, para convencer a las autoridades demandantes de que desistan en continuar el proceso.

El demandado sabe que no hay forma de evitar la sanción, pues a pesar de sus notorias limitaciones profesionales entiende que su actuación fue ilegal y que violó lo que establece la Ley de Ingresos del 2018 y la Ley General de Hacienda Municipal, lo cual lo puede hacer acreedor a una pena corporal de hasta 12 años de cárcel y la reparación del daño patrimonial.

El plan de Agüero es claro: ganar tiempo para politizar el tema y negociar en el camino; la actuación del juez no tiene lógica jurídica, pero se entiende en un marco de complicidades y beneficios personales para quienes están al frente de los procesos y lucran con los casos. El imputado necesita también un cobijo partidista, de ahí su interés por volver a participar en el proceso electoral avalado por el PRI; en ese escenario el ladrón se dirá perseguido político y asegurará que las demandas son para frenar su carrera electoral.

Manuel Agüero Tovar está muy lejos de ser una víctima, por el contrario, los señalamientos por su actuación abusiva al frente del gobierno de Jiutepec estuvieron presentes a lo largo de toda su administración; con él como alcalde el municipio entró en una crisis económica y de valores sin precedente, la comuna se convirtió en refugio de pillos y centro de negocios familiares. Agüero pecó de arrogante, actuó así porque se sabía protegido del gobernador Graco Ramírez y suponía que iba a ganar nuevamente la elección.

Las corrupciones de Agüero Tovar no son únicas, pero ejemplifican lo que sucede en todos los casos que tienen que ver con el graquismo: en contra de este personaje hay acumuladas hasta el momento 23 carpetas de investigación y en una ya está vinculado; la defensa del exedil es más política que jurídica, recurre a los aliados que dejó sembrados el gobierno pasado y a la protección que a todos ellos les brinda el magistrado presidente del Poder Judicial Rubén Jasso Díaz.

Alargar los procesos, comprar resolutivos, buscar una candidatura y tratar de acabar con los expedientes por la vía política es la apuesta de un sujeto que sabe que su futuro pende de un hilo, porque las acciones que cometió al frente del gobierno municipal están tipificadas en la ley como delitos y es imposible librarlos. Agüero Tovar está ganando tiempo, pero al final, si no logra que las autoridades actuales se desistan de las acciones en su contra, será sentenciado y deberá devolver varios millones de pesos, además de que podría pasar hasta 12 años en la cárcel.

El problema de Morelos es la impunidad, porque distintas autoridades, en especial las del Poder Judicial, están coludidas con los delincuentes, venden sus resolutivos, intercambian favores y protegen a los pillos.

La lucha del gobierno de Jiutepec contra Manuel Agüero es el ejemplo más claro de como se imparte la justicia en Morelos y de lo complejo que resulta procesar a los corruptos. Las artimañas legales y políticas que utilizan algunos personajes de la vida pública no son distintas a las que aplican los grupos de la delincuencia organizada que también han reclutado a impartidores de justicia para que su gente no sea procesada.

El tema es de fondo y sumamente complejo, requiere atención puntual del gobernador y de un acuerdo entre diferentes autoridades locales y federales para cambiar el modus operandi de los tribunales, porque en la actualidad la infraestructura judicial no es confiable, no garantiza imparcialidad y permanentemente está cuestionada por la probidad de los jueces.

Mientras algunos miembros del poder judicial se sigan prestando a este tipo de situaciones, es imposible que cambie la realidad de nuestro país y de nuestro estado.

• posdata

Esta semana el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana aprobó la creación de ocho partidos políticos que competirán en las elecciones del 2021; con estas nuevas organizaciones el próximo año habrá en la boleta electoral 19 siglas distintas peleando por el voto popular.

Las nuevas agrupaciones son Movimiento Alternativa Social, impulsado por el ex diputado Matías Nazario Morales; Sumando Voluntades Podemos Construir, donde dicen que participa el ex alcalde Manuel Martínez Garrigós; Morelos Progresa de Julio Espín Navarrete; Fuerza Morelos Joven de Maricela Sánchez; Partido Bienestar Ciudadano; Más Más Apoyo Social; Renovación Política Morelense y Futuro, por un Morelos para todos, de Fidel Demédicis Hidalgo. Los partidos de reciente creación se añaden a los que ya existen: Morena, PRI, PAN, PRD, MC, Verde, PT, Nueva Alianza, Humanista, PSD y PES.

El siguiente año en Morelos se llevará a cabo la elección intermedia y se elegirán autoridades municipales, legisladores locales y federales; en las contiendas que se celebran a la mitad del periodo de gobierno baja sustancialmente la participación ciudadana y como consecuencia el número de votantes; amén de lo anterior veremos la primera elección post pandemia, inmersa aún en los efectos del covid.

El 2021 el electorado recibirá una ámplia oferta de candidatos, lo que no necesariamente eleva la calidad de la política, ni mucho menos garantiza mejores gobiernos. El duelo por los votos será reñido, porque aunque el padrón electoral es ámplio se prevé que participe menos del 40 por ciento del mismo, lo cual numéricamente puede dejar sin registo a la mitad de quienes van a competir.

A muchos les preocupa que el siguiente año habrá muchos candidatos en las calles, aunque habría que pensar si esa situación realmente va a cambiar el destino de muchos partidos que no tienen soporte. Nueva Alianza, Encuentro Social, Social Demócrata, Humanista y probablemente hasta el PRD tendrán problemas para alcanzar el tres por ciento que necesitan para continuar existiendo. Los de reciente creación irán tras los sufragios sin recursos, sin estructura y frente a una contienda distinta por el coronavirus.

Sobra decir que 19 partidos políticos son muchos, son innecesarios y en general resultan onerosos e inútiles para cambiar la realidad de la entidad. Todos los partidos políticos arrastran un marcado desprestigio público, por lo que el duelo en el 2021, más que de siglas, será de personas.

Los candidatos van a ser la clave para que los partidos superen la prueba del 2021.

• nota

Un diputado federal panista se promociona por todo Cuernavaca con motivo de su informe de labores legislativas; los espectaculares contratados retratan su rostro y destacan su segundo apellido: Terrazas.

La suya es una campaña de posicionamiento electoral, es un plan cuya finalidad es colocar al diputado en la mente de los ciudadanos, previendo que su partido defina la candidatura capitalina a través de una encuesta.

Aunque este tipo de estrategias ayuda, no es suficiente para colocar en tan poco tiempo a una persona en el ánimo colectivo, ni mucho menos para atraer el voto del electorado; con mucha fortuna, el diputado Terrazas (¿Cómo se llama?) crecerá en conocimiento, pero eso no implica elevar su rentabilidad electoral.

Pero supongamos que este empujón basta para que el joven Terrazas se posicione y sea el candidato del PAN a la presidencia municipal de Cuernavaca. La pregunta es ¿En verdad quiere el legislador competir por esa posición y arriesgarse a perder, cuando tiene una diputación plurinominal en la bolsa?

Ser candidato a la alcaldía capitalina no es cualquier cosa; en este caso implica competir desde la oposición y venir de abajo en la intención de voto (Morena está en primer lugar), se requiere de una inversión de al menos veinte millones de pesos (para empezar) y la suma de otros 4 buenos candidatos que lo apuntalen en las diputaciones locales y federal.

Suponiendo que tenga dinero y compañeros de fórmula que sumen votos, todavía hacen falta más recursos para mantener el ritmo operativo de toda la contienda y para financiar una estructura que será fundamental en una campaña post covid. Teniendo al menos todo lo anterior, insisto, ganar la elección todavía es un volado, una apuesta que resultará sumamente cara para cualquiera que compita por ese espacio.

No tengo dudas de que el diputado Terrazas puede ser candidato del PAN a la presidencia municipal de Cuernavaca. La pregunta que la familia debe hacerse es si vale la pena arriesgar todo lo que ya tienen en una cruzada donde no hay nada seguro.

Ser candidato no garantiza a nadie ganar una elección.

• post it

Pongámoslo un ejemplo hipotético para entender como se mueve la justicia en Morelos: un alcalde se roba 20 millones, se gasta 5 millones en abogados para que lo defiendan y en jueces para obtener el beneficio de la justicia. Al final le quedan 15 millones de ganancia ¡Gran negocio!

• redes sociales

Inició el ciclo escolar de la era virtual. Nadie estaba listo para ello, pero era necesario hacerlo. Paciencia es la clave para avanzar en esta nueva realidad.

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