Serpientes y escaleras - La justicia tiene precio

El descrédito de los impartidores de justicia es enorme, justificado y no les importa.

La justicia tiene precio

La crisis que enfrenta el poder judicial de Morelos es seria, añeja e inocultable; la renovación del pleno del TSJ no mejoró las cosas, solo agudizó los problemas y radicalizó las posiciones. Los responsables de impartir justicia deben ser garantes de imparcialidad, honradez, rectitud y probidad, pero nada de ello sobresale en los magistrados. El duelo interno está acabando con la poca credibilidad que le queda a esa institución.

En el caso de Morelos hablamos de un poder que desde hace años está en el ojo del huracán, inmerso en escándalos y acusaciones que surgen desde su interior; lo que hoy vive esa institución, empero, sobresale por las consecuencias que provoca a los justiciables y la falta de confianza en lo que representa un poder garante de la libertad y el derecho.

Jorge Gamboa no es el único, ni el primer presidente del TSJ al cual se le complican las cosas con sus pares, pero indudablemente es quien ha llevado el pleito a un extremo que ya está en un punto sin retorno y afecta a muchas personas que acuden en busca de justicia.

Desde hace años abogados, jueces, ministerios públicos y gobernadores han señalado que en el Poder Judicial de Morelos la impartición de justicia tiene precio y que las redes de complicidad de los grupos delictivos con magistrados son muy fuertes, de ahí que constantemente conocemos historias de personas que son detenidas por la comisión de delitos y que salen casi de inmediato por “errores procesales”.

Cualquiera que conozca a un abogado postulante puede preguntar por la manera como operan los tribunales y seguramente conocerá las tarifas vigentes para que los asuntos “queden firmes”. El precio varía dependiendo el caso y del impartidor de justicia; dicen que en esta última etapa los importes han escalado por encima de los 300 mil pesos por expediente y que en el periodo de Rubén Jasso los asuntos fuertes se operaban a través del despacho de un familiar del presidente.

Sean o no ciertos los rumores, la percepción negativa de la gente respecto al TSJ es terrible y no es para menos: a lo largo de varios años en ese lugar han surgido historias como los de un juez que en estado de ebriedad atropelló y mató a una persona y no hubo consecuencias o cuando un grupo de secuestradores detenidos en flagrancia fueron liberados con la ayuda de un magistrado. Y como estos hay muchas novelas que explican porqué la gente ha dejado de confiar en jueces y magistrados, y compró la idea de que en Morelos la justicia tiene precio.

El enfrentamiento de18 de los 22 magistrados que conforman el Poder Judicial de Morelos con Jorge Gamboa Olea no es casual, ni se circunscribe únicamente a la manera como diez de ellos fueron nombrados. De fondo hay historias más delicadas, acciones punibles que, según sus homólogos, ha cometido el magistrado presidente y una postura arrogante y retadora que en nada ayuda a que las cosas mejoren y el diálogo prevalezca.

Hacia afuera la mala imagen del Poder Judicial es generalizada porque la gente no distingue entre un magistrado bueno de uno malo y se queda con la idea de que todos los expedientes tienen precio, que los juicios se resuelven con dinero y los delincuentes tienen lazos muy fuertes con los jueces, por eso nunca pisan la cárcel o salen de inmediato. Otro ejemplo de corrupción e impunidad es el de Antonio Villalobos.

En los conflictos internos la voz que sobresale hacia el exterior es la del presidente, señalando que todas las críticas y ataques en su contra son políticos y tienen que ver con los intereses personales de los magistrados impulsados por la actual legislatura, la peor calificada de la historia, por cierto.

En la percepción general todos los integrantes del TSJ van perdiendo la batalla, pero en el duelo mediático la ventaja la tiene el magistrado presidente porque es el único que habla. En los pasillos de los tribunales y entre sus amigos los magistrados opositores denuncian los abusos de Gamboa, destacan sus faltas, resaltan las malas acciones y puntualizan las decisiones que afectan la buena marcha de la institución; hacia afuera la voz que se escucha es la del presidente argumentando que son grillas, que hay intereses políticos e intento de desestabilización patrocinado desde el congreso.

El presidente gana la discusión porque la imagen de la legislatura actual es terrible y todo lo que surja de ahí es mal visto; Gamboa Olea no se mueve de ese discurso porque ya encontró un bastión de defensa que le funciona, que le permite no entrar al detalle de las acusaciones y aprovecha que frente a frente, los diputados son mucho más odiados que él.

La prolongación de esta lucha no beneficia a nadie, aunque cada parte tiene una meta; el G18 presiona para renovar la presidencia, para tomar el control de la institución y replantear las cosas; Jorge Gamboa se defiende, prolonga el debate y gana tiempo en espera de que las cosas se enfríen o se olviden.

Esta batalla está dejando muy mal parados a todos y golpea directamente a los justiciables, quienes sin querer quedaron en medio de una pugna personal y política que indiscutiblemente afecta la impartición de justicia y beneficia a quienes pueden pagar por ella.

Las reformas que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia judicial tienen que ver con este tipo de situaciones, porque aunque algunos adviertan una violación a la autonomía y la impartición de justicia, para la población se trata de un cambio profundo a uno de los poderes más sensibles, el que tiene que ver con la libertad y la justicia y que desde hace años se encuentra sujeto a críticas, porque por todos lados surgen escándalos que vinculan a jueces con delincuentes.

A los magistrados recién electos en Morelos les costó mucho (literalmente) llegar al cargo y su proyecto va a trastocarse seriamente cuando se consolide la reforma judicial; en las nuevas reglas propuestas por el gobierno federal un punto clave para quienes aspiren a ocupar esas posiciones será la imagen y la percepción, porque se plantea una renovación estructural que incluye la selección a través del voto popular y nadie que tenga mala imagen (o apoyo) logrará ganar una carrera de este tipo.

Los magistrados morelenses nunca se han preocupado por su imagen, ni por la percepción que genera su dependencia porque sus nombramientos son por muchos años y la posibilidad de ser removidos es casi nula y porque sus actos y decisiones no caminan por el terreno de la moral, de la justicia, ni la honorabilidad.

Hoy mismo, en medio de un escándalo mayúsculo que lleva muchos meses en la mesa, a los integrantes del pleno del TSJ les importa muy poco lo que se diga de ellos o los casos en donde se exponen anomalías o complicidades, porque se asumen inamovibles.

El panorama se modificará muy pronto con la nueva reforma judicial.

·         posdata

La oposición morelense deberá definir la forma como interactuará con el próximo gobierno; la dinámica en este sexenio ha pasado de la inexistencia al choque y solo durante la campaña vimos a una oposición unificada, pero solo contra la candidata de Morena.

El tiempo dirá si la alianza opositora signada en la contienda continúa, situación que no parece fácil toda vez que los intereses que unieron a los partidos y a las dirigencias ya no existen y la figura en torno a la cual se construyó ese proyecto ha perdido toda su vigencia.

Aunque Morena perdió la mayoría de los municipios y la oposición puede desde ahí construir un proyecto que les permita ganar más espacios en la elección intermedia, todo depende de las circunstancias que veamos en los próximos años y sobre todo la forma como opere políticamente el nuevo gobierno.

Indudablemente habrá diferencias entre los gobiernos de Cuauhtémoc Blanco y Margarita González Saravia; la primera es que con ella se hará trabajo político y la segunda que a la futura titular del ejecutivo no le gusta pelear.

·         nota

“Tienen que recuperar lo invertido en la magistratura”, me comenta un abogado litigante que me comparte las tarifas de los casos y la cuota que algunos magistrados ponen a los asuntos “para que las cosas queden firmes”.

Se están manchando muy feo, añade al tiempo de señalar que en esta nueva etapa los caminos para lograr acuerdos son mucho más sencillos, aunque caros, porque es fácil identificar a quien se puede acudir y a través de quien se debe llegar.

“Los asuntos se compran y se venden, puedes liberar muy rápido a tu cliente con la ayuda de un juez, él te consigue a los ministerios públicos para que hagan mal las cosas y hace que los temas se caigan por un mal procedimiento. Otros asuntos se llevan a través de despachos que te recomiendan o los resuelves rápido con una comisión de lo que cuesta el caso; la tarifa es alta, pero te aceleran las cosas y cobras rápido”.

Estas y más historias son comunes en las charlas con los litigantes; dependiendo del abogado, el tamaño de su despacho, los casos que lleva y el giro de su profesión es la tarifa (no es lo mismo un penalista que alguien que litiga derecho mercantil, por ejemplo); el costo lo pagan los defendidos.

De la misma manera como sucede en el congreso local, donde los diputados actuales han prostituido la representación popular, en el poder judicial las cosas se han descompuesto al grado que desde hace años las cabezas de los otros dos poderes y múltiples figuras de la vida pública han acusado al TSJ de vender la justicia al mejor postor, ponerles precio a los asuntos y vincularse con la delincuencia.

El grado de putrefacción en el actuar de jueces y magistrados es enorme a la vista de la gente, pero ¿qué tan grave es en realidad? Imposible saberlo con certeza porque a los magistrados no les interesa lo que la gente opine de ellos.

En el pecado llevan la penitencia.

·         post it

El mensaje de la gobernadora Margarita González Saravia es tan claro, que no todos lo entienden. La dama habla de valores, respeto, honestidad, congruencia solidaridad, respeto e inclusión… lo mismo que siempre dicen los políticos.

La diferencia es que ella sí habla en serio.

·         redes sociales

Durante el sexenio de Cuauhtémoc Blanco los graquistas quedaron fuera de la jugada política, expulsados del ejercicio de poder.

Todo indica que el siguiente sexenio seguirán igual, ahora acompañados de los cuauhtemistas.

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