Serpientes y escaleras - Inseguridad y violencia

Que no evada su responsabilidad; él decidió salirse del mando coordinado de policía: CBB

Inseguridad y violencia

La violencia y la inseguridad han rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades municipales; las últimas semanas la situación ha empeorado no solo en lo referente a delitos de alto impacto, también reflejan un aumento paulatino de los delitos del fuero común. “No tenemos patrullas y policías suficientes y muchas cámaras de videovigilancia no funcionan”, responde el presidente municipal a manera de justificación frente a la presión social. Sin resultados tangibles, no hay excusa que valga.

Desde hace muchos años la inseguridad y la violencia se han convertido en temas prioritarios en la agenda de los gobiernos; los incidentes de este tipo se volvieron recurrentes, aparecen en todos los municipios, cada vez más agresivos y siempre cubiertos por un manto de impunidad. No existe autoridad que pueda presumir que vaya ganando la batalla en este tema, aunque hay algunos a quienes les va peor.  

Precisamente porque se trata de un problema mayor, irresuelto en los tres niveles de gobierno y que genera un profundo desgaste a las instituciones, resultaba peligroso que la capital del estado se saliera del programa de seguridad estatal. Románticamente el alcalde electo de Cuernavaca hablaba de cómo solucionar el problema con la experiencia que le concede haber leído mucho sobre el tema y haberlo discutido ampliamente en innumerables mesas de café con sus amigos; como presidente municipal en funciones ha quedado claro que entre la realidad y la teoría existe una enorme diferencia.

La apuesta de José Luis Urióstegui por resolver la inseguridad en la capital es loable, pero políticamente suicida; Cuernavaca no tiene los recursos ni la infraestructura necesaria para atender esta situación y fuera de la coordinación estatal lo que queda es una policía pueblerina que puede tener muy buena voluntad para trabajar, pero no tiene la capacidad de enfrentar la delincuencia.

El presidente municipal designó como encargada de la secretaría de seguridad a una abogada valiente, entendida sobre el tema, pero sin la experiencia policial suficiente ni los recursos necesarios para pacificar el municipio. También por decisión del alcalde se integró a la secretaría a dos personajes que, dicen en el propio ayuntamiento, en lugar de coadyuvar a la enorme responsabilidad que tiene Alicia Vázquez Luna se han encargado de ponerle piedras en el camino y minar su autoridad. Me refiero a Wilbert García y a Marco Olvera, uno está encargado de la administración de la secretaría y el otro es responsable del secretariado de seguridad pública; los dos, dicen, operan en contra de la secretaria.

Además de las pugnas internas y la evidente incapacidad municipal para atender un problema mayor, la situación se torna crítica porque a pesar de que el gobierno estatal apoya a la capital aún sin convenio de policía, la delincuencia ha visto que la capital es un terreno fértil para operar, porque hay una dependencia que trabaja en solitario y una jefa de policía que tiene al enemigo en casa.

Lo que se está viviendo en Cuernavaca puede ser normal dentro de la dinámica de violencia que se ha vuelto común en el estado, pero muestra signos que merecen ser observados con cuidado por las autoridades municipales; tras la captura de El Señorón, la Comisión Estatal de Seguridad advirtió que habría un incremento de la violencia por el reacomodo de posiciones y la pelea de la plaza… eso podría estar pasando hoy en la ciudad.  

Todas las explicaciones que puedan dar los responsables del tema en la capital caen en el terreno de la retórica si no existe una mejora tangible en la situación; hoy escuchamos en ambos personajes el mismo discurso que criticaron por muchos años y que ha sido repetido insistentemente por autoridades de los tres niveles de gobierno: se están matando entre ellos.

Afirmar que “se trata de una lucha entre grupos delictivos”, que son “hechos inevitables por la incapacidad operativa de la policía” o que se tiene una “coordinación estrecha” con las demás autoridades son expresiones para salir del paso que se repiten de un gobierno a otro, pero nunca solucionan el problema que todos los días viven los ciudadanos.

Peor: considerar que los únicos delitos que se cometen en la ciudad están relacionados con la pugna entre grupos criminales y que los únicos afectados por esta ola de violencia son los delincuentes es falso; en paralelo al incremento de la violencia de alto impacto están aumentando los delitos del fuero común, los que afectan al ciudadano, al comerciante, al empresario, a los estudiantes, a las amas de casa…

Desde cualquier ángulo que se analice, el problema de inseguridad es un asunto sumamente complejo y en el caso de Cuernavaca imposible de resolver solo con la buena voluntad de las autoridades municipales. En cinco meses está quedando evidenciado el error del presidente municipal, porque salirse del mando coordinado no ha mejorado la seguridad y en cambio ha colocado a la ciudad en una situación de vulnerabilidad que ya afecta a los ciudadanos.

Por supuesto que dentro del mando coordinado de policía la situación no era la mejor y los crímenes se presentaban de la misma manera que ahora, pero al menos un representante de la ciudad tenía un lugar permanente en la mesa estatal de seguridad y con ello acceso inmediato a las demás corporaciones policiacas, amén de información de primera mano en la materia. Hoy no hay nada de eso y la coordinación que presume el alcalde es únicamente de palabra, porque cuando los delitos se cometen la policía municipal está sola.

El problema de salirse de la coordinación estatal de policía no radica solo en un asunto de imagen que evidentemente está afectando al presidente municipal, en el fondo se refleja en una situación de vulnerabilidad para todos, porque el enemigo que enfrenta el gobierno es superior en todos los sentidos, con múltiples cabezas, intereses en todos lados y muchas redes de protección.

No hay manera que gobierno de José Luis Urióstegui logre pacificar la ciudad con los pocos recursos policiacos que tiene; peor: si los incidentes delictivos siguen creciendo como hasta ahora, en breve la agenda de inseguridad dominará al trabajo municipal y pondrá al ayuntamiento contra las cuerdas, porque ninguna acción favorable superará los efectos negativos de la violencia.

Sin perder el control de la policía ni hacer cambios en la secretaría o en su modelo operativo, el ayuntamiento de la capital debería reincorporarse a la mesa estatal de seguridad a través del mando coordinado, para que la pelea que tienen contra la delincuencia no sea en solitario.

Ya se ha visto en otros municipios que firmaron el convenio: la coordinación existe, pero al secretario lo designan los alcaldes.

¿Por qué no hacer lo mismo?

• posdata

Cuando los diputados locales votaron por la incorporación de Roberto Yáñez como el integrante número veinte de la legislatura en sustitución de su tío, uno de los razonamientos jurídicos que hicieron fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se inmiscuiría en el acto soberano de otro poder. Sin embargo, hace unos días la SCJN determinó que sí le entraría al tema y con ello deja de lado uno de los argumentos más fuertes que tiene el diputado veinte para permanecer en el cargo. Explico:

La decisión del G11 de incorporar a uno de los hermanos Lelos fue política: ambos usaban a su tío como marioneta y sacaban provecho económico de la curul de su familiar; a cambio los hermanos Yáñez hacían todo lo que el G11 quería y sumaban el voto del fallecido Juan José Yáñez al bloque dominante.

Incorporar a Roberto Yáñez, dicho por algunos integrantes de la legislatura, era el mal menor, porque frente a su gigantesco descrédito tienen un aliado incondicional que solo pide dinero. Item más: la llegada de Gabriela Marín representaría un reacomodo de piezas en el congreso y dada la forma como el G11 manejó el relevo del diputado que murió, sería complicado convencer a la dama de alinearse a los intereses del bloque; aún en caso de lograrlo, nunca sería tan fácil de manejarla como los hermanos Yáñez, a quienes solo se les interesa la cartera.

Ahora que la justicia federal determinó que sí entrará al fondo del análisis del tema, lo que implica revisar un acto soberano de otro poder, la posibilidad de que Roberto Yáñez sea removido del cargo aumenta; los argumentos expuestos en la querella por el abogado Jesús Loza (un hombre experimentado y conocedor de la materia) parecen ser sólidos y podrían modificar la decisión tomada en sesión parlamentaria.

Aquí resalta la importancia de la reunión entre el jefe del ejecutivo y los integrantes del G11, porque al abrirse la puerta al diálogo las posturas radicales se suavizan y ello deja en segundo plano la defensa de la diputación de Roberto Yáñez; en castellano: si la guerra termina, el G11 desaparece y la legislatura entra a una dinámica distinta, sin enfrentamientos, al menos hasta que arranque el proceso electoral. En un escenario así los servicios de los hermanos Lelos son innecesarios.

En unas semanas sabremos lo que determina la SCJN al respecto. Como dicen los cronistas de fútbol: esto no se acaba hasta que se acaba.

• nota

Sin filtros ni diplomacia (nunca los ha tenido), el gobernador Cuauhtémoc Blanco respondió a las declaraciones del alcalde de Cuernavaca José Luis Urióstegui respecto a la incidencia delictiva:

“Mira, yo no voy a caer en problemáticas, él se salió del mando coordinado y él tiene la responsabilidad, se le ha ayudado, se le ha apoyado… el día que quieras nos sentamos, hacemos una rueda de prensa, nos sentamos con el almirante para que veas el apoyo que se le ha dado al Presidente Municipal; entonces le digo al señor Presidente Municipal que es una responsabilidad de él, porque él se salió del mando coordinado y aún así le seguimos ayudando, vamos a seguir trabajando de la mano, en conjunto con ellos, porque también está la mesa de seguridad que es importantísima. Entonces perdón, pero que no quiera poner pretextos: él se salió del mando coordinado y nosotros lo estamos apoyando en lo que más se pueda y vamos a seguir haciéndolo por el bien de la gente de Cuernavaca. Él tiene la responsabilidad porque él se salió del mando coordinado”.

• post it

“No hay fijón”, dice el nuevo presidente del poder judicial de Morelos a los magistrados que no lo apoyaron en la elección. “Sin represalias” responde Jorge Gamboa a la acusación del también integrante del TSJ Norberto Calderón.

“Si se sienten aislados los invitamos a que se sumen” afirma el novel presidente ante la psicosis que desató el rumor sobre despidos masivos de personal dependiente de magistrados que apoyaron a Rubén Jasso; “Hay heridas y hay que sanarlas, estamos hablando de heridas al interior del poder judicial y obviamente los problemas se arreglan en casa a través de la comunicación”.

El periodo de Jorge Gamboa como presidente del poder judicial no será sencillo: amén de atender los conflictos históricos de esa institución y resolver las crisis generadas por los últimos dos titulares del TSJ, el abogado tiene que comunicar correctamente lo que hace, porque uno de los mayores problemas de esa institución está en la terrible percepción que emana.

Además de las dificultades económicas y los evidentes vínculos entre jueces y grupos delictivos, la mala imagen que proyecta el poder judicial de Morelos es un reto que debe enfrentar el nuevo presidente, si quiere transformar la institución y reelegirse en el cargo.

Digámoslo de esta forma: frente a los señalamientos de mal manejo, complicidades, corrupción y venta de la justicia al mejor postor, el TSJ no comunica y cuando comunica lo hace mal.

• redes sociales

Las candidaturas y las elecciones no siempre las ganan los más preparados, sino quienes comunican mejor. El carisma es un factor clave en política.

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