Serpientes y escaleras - ¿Habrá castigo?

La eterna pregunta en los casos de corrupción.

¿Habrá castigo?

El castigo a quienes infringen la ley desde el gobierno es algo que rara vez podemos ver en este país. En Morelos llevamos tres sexenios escuchando promesas en este sentido, ofertas de sancionar a los corrutos y meter a la cárcel a los ladrones, pero ningún gobernador ha cumplido. Margarita González lo vuelve a prometer y aunque es evidente su deseo de hacer justicia, la duda está en la capacidad de su equipo para lograrlo.

Una expresión coloquial en política reza que “se les acusa de corruptos, no de pendejos” a manera de ejemplificar lo difícil que resulta sancionar a quienes infringen la ley, aún cuando la corrupción es evidente y el enriquecimiento inexplicable. Los gobernantes lo saben, entienden que aunque a la vista es obvio, probar las acciones irregulares no es sencillo.

Aún así la promesa se repite una y otra vez sexenio tras sexenio: Graco Ramírez acusó a Marco Adame, le dijo en su cara que encabezó un narcogobierno y         que entregó las instituciones a la delincuencia organizada. Prometió que no habría impunidad y que los corruptos serían sancionados. No lo hizo.

Luego llegó Cuauhtémoc Blanco y desde la campaña habló de meter a la cárcel a Graco Ramírez, a quien acusaba junto con su hijo de haber saqueado el estado, de robar a manos llenas y lucrar con los recursos para las familias que fueron afectadas por el sismo del 2017. Seis años pasaron y no lo hizo.

Ahora toca el turno de Margarita González Saravia: la gobernadora ha sido más prudente en sus expresiones, pero contundente al momento de referirse al tema: la gente está cansada de la corrupción, dice, sincronizando su discurso con el de la presidente Claudia Sheinbaum y presume que en cien días ya despidió a dos de sus colaboradores por haber caído en la tentación.

Las denuncias en contra de exfuncionarios son una muestra muy tenue de su deseo de poner un alto a la corrupción; frente a los escandalosos casos de corrupción que se vieron en el gobierno anterior una demanda por 40 millones de pesos, presentada con miedo no parece una verdadera acción contra la impunidad.

El problema comenzó desde la manera como el consejero jurídico anunció las denuncias: se le notaba nervioso, temeroso, sin la firmeza que debe mostrar alguien convencido de su actuación y seguro de tener los elementos de prueba necesarios para que los procesos avancen. De la contralora ni hablamos, es claro que Alejandra Pani no tiene idea de lo que implica manejar una contraloría, lo cual anticipa que el futuro de sus expedientes puede ser el bote de basura.

El escenario que rodea al gobierno de Margarita González Saravia no es tan sencillo como algunos de sus colaboradores suponen, la gobernadora es bien vista, se le reconoce su energía para trabajar, su humildad de trato y trayectoria honesta, pero eso no resuelve los enormes problemas que agobian a Morelos desde hace más de una década, ni sustituye el reclamo de justicia y sanción a quienes en los últimos dos sexenios han robado al estado.

La presentación de denuncias es un arma de doble filo que puede volverse en contra de esta administración si los procesos no avanzan. Proceder contra figuras del gabinete anterior generó interés en la opinión pública porque el robo en el sexenio pasado fue público, descarado y con el aval del presidente López Obrador.

Aunque la denuncia por cuarenta millones de pesos se quedó muy corta, la expectativa de que los expedientes avancen y en algún momento alcancen a Cuauhtémoc Blanco ha movido la opinión pública y despertado el interés dentro de Morena.

La gobernadora puede mandar un buen mensaje público si estos primeros procesos avanzan, si los expedientes están bien hechos, son sólidos y tienen las pruebas suficientes para que una autoridad judicial inicie el proceso.

El problema vendrá si, como ha sucedido antes, las carpetas están mal armadas, carecen de documentación y se nutren de hechos de oídas. Cuauhtémoc Blanco confió el tema a Gerardo Becerra y en el pecado llevó la penitencia, porque a pesar de que el entonces zar anticorrupción tenía (tiene) una extraordinaria relación con el fiscal anticorrupción, sus expedientes se cayeron porque no tenían consistencia.

En este caso la responsabilidad de que la documentación y el planteamiento técnico jurídico/contable/administrativo sea válido recae en los hombros del consejero jurídico Edgar Maldonado y de la contralora Alejandra Pani; en el primero hay confianza de que logrará hacerlo porque se trata de alguien con una sólida preparación jurídica, pero en la segunda no hay manera de que su trabajo sea eficiente porque no domina el tema, ni tiene experiencia.

El proceso jurídico que el gobierno actual inició contra funcionarios de la pasada administración necesita ser bien administrado en lo mediático, porque más allá de la consistencia de los expedientes y de que un juez considere que tienen los elementos para vincular a proceso a los inculpados, la opinión pública está atenta al tema y espera que esta vez sí se haga justicia.

Frente a las demandas anunciadas ha habido una respuesta retadora de los funcionarios de la pasada administración, quienes en lugar de mantener un perfil discreto son provocadores, presumen sus viajes y nivel de vida holgada, lo que para el imaginario colectivo representa una burla y una señal de que una vez más prevalecerá la impunidad.

Cuauhtémoc Blanco tuvo la oportunidad de aprovechar el combate a la corrupción como un elemento de gobernabilidad, como una acción que a la par de hacer justicia fortaleciera su imagen y la de su gobierno. Ahora toca el turno a Margarita González Saravia, quien es firme en su decisión de poner un freno a la impunidad, pero depende de la capacidad profesional de sus colaboradores para que las acciones anunciadas pasen del dicho al hecho.

Han transcurrido un par de semanas desde que se iniciaron los procesos, en todos lados se habla de que es muy poco el monto denunciado, pero se tiene la esperanza de que sea el principio de más acciones que cambien la lógica de impunidad de los últimos años en Morelos.

Las denuncias contra la corrupción presentadas por el gobierno actual son estratégicas en materia de gobernabilidad e incidirán en la percepción que los ciudadanos tengan de este gobierno.

La capacidad profesional del consejero y la contralora están a prueba.

·         posdata

Una vez más un juez de control dejó libre a una persona señalada por el ayuntamiento de Cuernavaca por desvío de recursos públicos y destrucción del patrimonio municipal; el ayuntamiento condenó esta decisión y llamó a las autoridades judiciales a tener más cuidado en los hechos y circunstancias de los casos que revisan.

El tema es llamativo porque expone una vez más la manera cómo actúan las autoridades judiciales de Morelos; recordemos el escandaloso caso de Antonio Villalobos, contra quien el gobierno de José Luis Urióstegui ha presentado más de 40 demandas y ninguna ha avanzado a pesar de la evidencia.

Tomemos un caso: unos días antes de entregar el cargo Antonio Villalobos dispuso de varios millones de pesos obtenidos por el cobro anticipado del predial, hecho que por sí mismo representa un delito, sin embargo, hasta ahora no ha pasado nada. Lo mismo hizo Manuel Agüero el Jiutepec y también fue denunciado hace seis años por Rafael Reyes; ambos siguen en libertad.

Hasta por conveniencia valdría la pena, ahora que se acerca el tiempo para renovar la Fiscalía Anticorrupción, que las bancadas de Morena y PAN se pongan de acuerdo para sacudir esa oficina, para sacar a los corruptos y dar paso a una fiscalía que verdaderamente combata la corrupción y no utilice los expedientes para sacar provecho económico personal.

Veámoslo de esta manera: Rafael Reyes coordina Morena y las denuncias que interpuso como alcalde siguen durmiendo el sueño de los justos; José Luis Urióstegui es aliado del PAN y sus denuncias también se encuentran congeladas en la FECC. A los dos partidos les conviene que sus casos caminen.

¿Por qué no buscar un fiscal que garantice que las denuncias de corrupción verdaderamente serán atendidas judicialmente y no servirán solo para que los funcionarios de la fiscalía negocien con ellos?

A menos, obvio, que eso sea lo que quieran que siempre pase.

·         nota                                                                                                                                  

Alphonse Gabriel Capone fue uno de los mafiosos más importantes de Estados Unidos; se le acusaba de tráfico de drogas, de asesinatos, extorsiones, pero nunca se lo pudieron probar. El delito que permitió a las autoridades norteamericanas encarcelar a Al Capone fue evasión fiscal.

Sirva esto como analogía de lo que podría vivir en el futuro para el exgobernador Cuauhtémoc Blanco, quien se ríe de las denuncias por corrupción que interpuso su sucesora contra algunos funcionarios de su gobierno. Explico:

Las demandas presentadas hace un par de semana no son contra Cuauhtémoc Blanco, pero hay una denuncia por intento de violación que sí y que podría colocarlo en una situación sumamente vulnerable, porque será validada por un fiscal al que persiguió y atacó durante seis años, contra quien conspiró y por algunos meses logró meter a una cárcel de máxima seguridad.

Pongámoslo en contexto: igual que su hermano Ulises Bravo Molina, acusado de violencia familiar contra su exesposa, a Cuauhtémoc Blanco Bravo lo señala su media hermana por intento de violación y el abogado de la víctima es un exprocurador que exige al congreso federal una declaratoria para que se le retire el fuero. Así lo justifica:

“Existe una narración de la víctima donde habla de ciertas circunstancias de tiempo, modo, lugar, sobre todo en el lugar, donde se le conoce como Residencia Morelos o la Casa de Gobierno, donde es la residencia oficial de cada gobernador…  La ley dice que uno como víctima, denunciante, ofendido, narra los hechos, se encuadran en cierto tipo penal o algún tipo de conducta ilícita y ya el Ministerio Público obviamente los ratifica, los confirma; pudiera haber otros (delitos) más, no nada más el único que estamos hablando, por eso es una denuncia un poco amplia que necesita que se investigue… Que se le quite con la declaratoria, que se le quite este fuero para que esté en las mismas circunstancias que la víctima, es decir, ahorita no estamos en piso parejo. Él, por el fuero que tiene, tiene cierta ventaja. Ya una vez que se le quite por medio del Congreso, como lo sabes, ya estaremos en equidad de circunstancias. Él tendría que ir al llamado de un juez de control en su momento y seguir el procedimiento como con cualquier otra persona… Desde un principio que ella quiso poner la denuncia hubo amenazas. Obviamente, el hoy imputado la amenazó para que no presentara la denuncia. Después ella, al ya no tener una cercanía (laboral), pues ya presentó la denuncia. Y también, obvio que, como sabes, hay un hermano incómodo muy famoso, que es el que también ha amenazado a la víctima… Ella tuvo una relación laboral en el estado cuando estaba esta persona (Cuauhtémoc Blanco) de gobernador y le decían que la iban a meter a la cárcel. La acosaban laboralmente para que renunciara, y obvio que, ante la necesidad de ella por el trabajo, pues se detenía o no hacía nada, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que, ya una vez puesta la denuncia, pues sí, se le ha amenazado por medio del padre (de Blanco)”

Ojo con este tema; aquí podría iniciar la debacle del futbolista.

·         post it

Cosas de hoy: el acoso sexual y la violencia de género pueden ser más riesgosas para los políticos que la corrupción, la delincuencia organizada o el tráfico de influencias.

·         redes sociales

Jorge Messeguer y Brenda Valderrama presentan un nuevo partido político en Morelos bajo la premisa de que “no son de izquierda ni de derecha”. Son el Gracopartido.

El chiste se cuenta solo.

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