Serpientes y escaleras - El C4

El gobierno estatal afirma que el C4 opera de manera irregular; el gobierno de la capital calla.

El C4

El duelo entre el gobierno estatal y el capitalino por el tema de la seguridad está próximo a llegar a un punto sin retorno; la declaración del comisionado de seguridad en el sentido que el C4 de Cuernavaca opera al margen de la ley y que la titular de la secretaria de seguridad de la capital podría no contar con los exámenes de control y confianza, implican delitos que ameritarían sanción administrativa o penal para Vázquez Luna y para el alcalde. Amonestaciones y eventualmente resarcir el gasto.

Vamos por partes:

El martes pasado el almirante José Antonio Ortiz Guarneros afirmó ante medios de comunicación que el municipio capitalino, la secretaria de seguridad pública y el C4 operan contraviniendo lo dispuesto en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública en la norma para la estandarización de los servicios de emergencia, es decir, que el número de emergencia de Cuernavaca no es legal.

La norma técnica para la estandarización de las llamadas de emergencia establece puntualmente que:

1.      NO deberá operar ningún código especial de marcación, ni números particulares para atención de emergencias. Solo el 911.

2.      Las llamadas deben ser contestadas únicamente por agentes con capacitación para dicho fin.

3.      Debe haber formación continua de instructores y servicio de carrera para operadores.

4.      Certificación de los CALLE y convenios interestatales para mejorar la atención de llamadas.

5.      Creación de Centros Reguladores de Urgencias Médicas y cultura del buen uso del 911 en escuelas.

El ayuntamiento de Cuernavaca se comprometió a crear un Centro de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) y a solventar el costo de su operación, también a contar con un despacho asistido por computadora (Computer Aided Dispatch) igual al del C5para dar continuidad a las llamadas de emergencia, generar reportes, estadísticas y evitar manipulación de esta, así como vincular al Instituto de la Mujer y al DIF, para canalizar las llamadas asociadas a violencia de género o contra niñas, niños y adolescentes. El CALLE debe cumplir con las normas emitidas por el CNI (Centro Nacional de Información) asociadas al servicio de emergencia 911 y protocolos de actuación. Ninguno de los puntos anteriores se han cumplido.

La omisión de la norma establecida implica responsabilidad para la secretaria de seguridad y para el alcalde, sin descontar que la falta de coordinación se asocia con la mala atención de las llamadas de emergencia que se reciben en la capital y que representan el 28.5% de todas las que se hacen en la entidad; esta situación no es ajena al fracaso de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Cuernavaca y deja en el aire una pregunta: Si el número de emergencia municipal no se apega a la norma ¿Qué garantiza que la información que se recibe sea manejade de manera adecuada, para seguridad de los ciudadanos?

Conforme a lo dicho por el comisionado estatal de seguridad, el gobierno de la capital no solo es omiso en el cumplimiento de la ley y la coordinación entre instituciones, también podrían ameritar una amonestación legal si el Secretariado Nacional no certifica el C4, porque el ayuntamiento de Cuernavaca lo construyó utilizando recursos federales sin “antes” tener la autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Información. Las sanciones podrían ir de lo administrativo hasta lo penal, dependiendo lo que determine el SESNSP, pero en caso de que la dependencia federal no avale el C4 de la capital morelense, uno de los delitos podría ser el desvío de recursos públicos.

Los temas que surgen en torno a esta polémica han puesto contra la pared al gobierno de José Luis Urióstegui, porque en paralelo al incremento exponencial de la violencia y la inseguridad, se da a conocer que maeja un C4 al margen de la ley, sin certificación oficial, además de que la jefa de policía no está dada de alta en el Registro Nacional de Seguridad Pública. Estas acciones pueden ser constitutivas de otro delito: Omisión y Obstrucción de la Justicia.

Las faltas cometidas por el alcalde Urióstegui (exprocurador) y la secretaria Vázquez Luna (exsecretaria de seguridad estatal) parecen inverosímiles por tratarse de dos abogados litigantes, conocedores del derecho y con experiencia en la administración pública; pero si revisamos lo que hizo el ayuntamiento de José Luis Urióstegui en el tema del Alcoholímetro, donde permitieron a un particular recibir pagos a nombre del gobierno municipal o en la liquidación del adeudo a PASA, donde pagaron varios millones de pesos a una entidad distinta a la que se le debía, concluiríamos que lo del C4 no es la única falta grave en materia jurídica que ha cometido esta administración.

La polémica va en aumento en gran medida porque de un lado están promoviendo el tema y del otro prevalece el silencio, resultado de la incompetencia en el manejo de la comunicación municipal. En el duelo mediático la batalla la va perdiendo el ayuntamiento porque la percepción sobre la seguridad es adversa al trabajo de la policía capitalina y porque amén de las irregularidades en el manejo del número de emergencia, el C4 municipal, que costó 13 millones de pesos, maneja solo 15 cámaras de videovigilancia. Para ponerlo en contexto: el C2 privado de la cadena comercial Oxxo en Morelos opera 400 tiendas y tuvo un costo infinitamente menor al C4 de Cuernavaca.

Las crisis en el gobierno de José Luis Urióstegui han sido constantes desde el primer día, pero ahora se tornan complejas por el momento político y las consecuencias legales de las omisiones del ayuntamiento; todo lo anterior entra a un debate que se mueve en el terreno de la percepción, un espacio donde la administración capitalina siempre pierde, por la torpeza del titular de la oficina y porque el presidente municipal nunca entendió la importancia del manejo de la comunicación.

El panorama personal, institucional y político para José Luis Urióstegui se complica en la recta final de su administración, las faltas cometidas al frente del ayuntamiento pueden ser observadas por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en algunos casos los temas serán litigados en tribunales y si el alcalde no atiende de inmediato los asuntos, sus expectativas electorales se pueden truncar. Puede ser acusado de omisión y obstrucción de la justicia.

Dentro del equipo municipal hay quienes consideran que este tipo de ataques reflejan el miedo que electoralmente le tienen a José Luis y que los golpes en lugar de afectar su imagen lo van a fortalecer de cara a la campaña. Falso: más allá de las encuestas a modo que mueven los amigos del edil, el gobierno capitalino está muy desgastado y sus posibilidades de reelección son pocas, sobre todo si Morena manda a competir a una figura rentable y al abogado le tocar cargar con candidatos impresentables.  

La percepción pública es en general adversa al trabajo del ayuntamiento y de su titular, en materia de seguridad, obras y servicios públicos, desarrollo económico, infraestructura y hasta en honestidad, que era el punto fuerte de Urióstegui, las calificaciones ya son reprobatorias y equiparables a las que tuvo el gobierno de Antonio Villalobos. El punto clave aquí no está en los indicadores que presumen las autoridades municipales, ni en las estadísticas de la jefa de policía, sino en la percepción que el ciudadano tiene del gobierno. No importa las cifras que muestre un gobierno, si la gente no las cree, no sirven.

El de Cuernavaca es un ayuntamiento mal calificado y ahora señalado por incurrir en acciones ilegales que afectan directamente la seguridad de los ciudadanos. La crisis de violencia es imparable y las acusaciones sobre el manejo irregular del C4 pueden llevar al alcalde al banquillo de los acusados.

José Luis Urióstegui no acepta que se está equivocando. Su tibieza la pagamos los ciudadanos.

·         posdata

Las dirigencias de los tres partidos que conforman el Frente Amplio en México presentaron ayer a Lucía Meza como su candidata a la gubernatura de Morelos; esto ocurrió apenas unas horas después de que la senadora renunció a Morena, acusando ataques y amenazas del gobernador Cuauhtémoc Blanco.

El brinco de la cuautlense no sorprendió a nadie, simplemente confirmó lo que reiteradamente acusaban sus detractores desde hace mucho tiempo.

Como abanderada del FAM la dama tiene una enorme tarea por delante que empieza por controlar las acusaciones de que representa los intereses del exgobernador Graco Ramírez. Todo comienza y termina con un buen manejo de imagen.

La decisión que tomó Lucía Meza no es sencilla, simboliza una incongruencia política porque siendo una mujer de izquierda ahora defenderá la causa de quienes criticó por muchos años y recientemente, desde la tribuna del senado, acusó de corruptos, de estar aliados a la delincuencia organizada y de promover un narcoestado.

Si las cuentas le salen bien, la senadora estará sentada en unos meses más en la silla del ejecutivo estatal; pero si las cosas no resultan como ella espera, su futuro político se habrá truncado, porque quedará unida a tres partidos desprestigiados que hoy la aceptan porque no tienen algo mejor para competir.

El manejo mediático de Lucía Meza en esta etapa es clave para la definición de su futuro.

·         nota

Alicia Vázquez Luna se defiende con un oficio emitido por la Fiscalía General del Estado de Morelos que dice que aprobó los exámenes de control y confianza.

El problema es que su nombre no aparece en el Registro Nacional de Seguridad Pública, es decir, quizá la secretaria aplicó el examen, pero no concluyó el trámite ante el RNS, lo cual podría implicar responsabilidades para ella y para el alcalde.

Siendo ambos abogados es absurdo que se pasaran por alto este hecho; sin embargo el gobierno municipal no ha respondido a las acusaciones.

El silencio puede interpretarse como aceptación. La reacción tardía es torpeza.

·         post it

Matías Quiroz Medina se adelantó a las dirigencias del Frente Amplio en Morelos y destapó a la senadora Lucía Meza Guzmán como la candidata del FAM. El video es más agandalle que apoyo a su abanderada.

El destape del secretario general del PRD no fue oficial, lo negó el equipo de la senadora y las dirigencias estatales de los partidos, pero el jueves fue confirmado en México por el FAM.

El albazo de Quiroz Medina se suma a los dichos que hace unos días hizo Mayela Alemán y a los pataleos que hay en contra de que la senadora represente a la oposición en Morelos.

Lo dicho: el arribo de Lucía Meza Guzmán al Frente Amplio no será tersa, ni unirá a los opositores de Morena. La cuautlense es una figura muy conocida, pero igual que Graco Ramírez, polémica: o la quieres o la odias.

·         redes sociales

Morena dará a conocer hoy los nombres de sus coordinadores estatales. Todo indica que en el 2024 los morelenses tendremos gobernadora.

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