Se han registrado 64 feminicidios en 2019; violencia se acrecienta: CIDH

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), que en Morelos se traduce, según la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), en 64 asesinatos contra féminas (de enero a julio de 2019), el fenómeno presenta una hélice creciente.

En ese tenor, José Martínez Cruz, vocero del organismo, expuso que “todavía queda mucho por hacer”, puesto que la población femenina sigue “muriendo año tras año por esta violencia machista; siguen sufriendo en su vida y en la de sus hijos e hijas agresiones físicas y psicológicas: siguen viviendo, demasiadas veces en silencio, un infierno del que es muy difícil escapar”.

En ese sentido, emitió un plañido: “… gritamos que el machismo mata. Que la violencia feminicida crece en Morelos y en todo el país. Que no podemos callar ni dejar de gritar para exigir que las autoridades cumplan con su elemental trabajo de garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres. Nada que celebrar, mucho que reflexionar”.

Cabe decir que el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General  de las Naciones Unidas, declaró  el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, e invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a  organizar en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto este “problema”.

Adujo que desde 1981 los militantes en favor del derecho de las mujeres “conmemoramos el 25 de noviembre como el día contra la violencia. La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana, por orden del dictador dominicano Rafael Trujillo (1930-1961)”.

Y denunció que “el Estado Mexicano viola sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, lo cual no tiene justificación. Existe un patrón de permisibilidad social y tolerancia que nos lleva a hablar de una misoginia de instituciones y sociedad”.

Las autoridades se han “desatendido” de su obligación de erradicar la discriminación contra las mujeres; “… el feminicidio es una constante de violencia que se agravó en el país. Sobre todo, cuando es la vida la que está en riesgo latente. Esta violencia feminicida social e institucional es sumamente grave. Los feminicidios se han repetido, pero expresándose en múltiples formas, lo que va indicando el grado de crisis social, como lo dejamos claramente explicado en el Informe de Investigación: 13 Años de Feminicidios Imparables en Morelos”.

E insistió en que “el feminicidio se sigue cometiendo en el estado y se mantiene en los niveles más altos. Aun cuando se incrementó la penalidad a 40 años mínimo, si no se investiga como feminicidio, tampoco se aplica a quienes lo cometen; por eso hoy no es suficiente, mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos”.

Ante la situación de crisis social en la Morelos por los continuos y atroces feminicidios, “la re-victimización de las mujeres y sus familias por la complacencia del gobierno para el sensacionalismo en medios masivos, ante la ausencia  de justicia y la falta de preparación, aunado a la corrupción, omisión y complicidad de funcionarios públicos, abogados y cuerpos policíacos; integramos el grupo de seguimiento de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en Morelos para que se lleven a cabo acciones reales, eficaces y contundentes que logren garantizar la Libertad y la Vida Plena de las Mujeres y Niñas mexicanas”.

“Exigimos también armonizar la legislación local con los más altos estándares en materia de derechos de las mujeres, para superar las contradicciones existentes entre el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, acorde con el artículo 19 que señala que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden culminar en homicidio y otras formas violentas contra ellas”, acotó.

Otra exigencia es que la Fiscalía General del Estado implemente adecuadamente los protocolos de investigación sobre feminicidio al amparo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

El INEGI, por ejemplo, dice que de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor (alguna vez en su vida).

El 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%).

En 2018 se registraron 3 752 defunciones por homicidio de mujeres, el más alto registrado en los últimos 29 años (1990-2018), lo que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales.

Hace 36 años que se celebró en la ciudad de Bogotá, Colombia el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, en el que participaron feministas latinoamericanas de México, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar la situación de las mujeres de la región.

En dicho encuentro se propuso organizar actos en toda América Latina contra la violencia que sufren las mujeres y declarar el 25 de noviembre el Día Internacional de la NO Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana.

A la postre, el 17 de diciembre de 1999, la Organización de las Naciones Unidas, en su Resolución A/RES/54/134, declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mediante la cual insta a los gobiernos, instituciones, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, así como a organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales, a llevar a cabo -durante ese día- actividades dirigidas a “sensibilizar” a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer, entendiendo violencia contra la mujer como “…todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.

Asimismo, ese documento reconoce que la violencia contra las mujeres no es un problema de índole privado, sino social y que “…constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer”.

A poco de cumplirse 20 años de esa resolución, el INEGI mantiene su compromiso de continuar generando información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. a fin de proporcionar herramientas para el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres.