Se avecinan renuncias en el gabinete del gobierno de Baja California tras presuntos vínculos con el crimen organizado

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una declaración oficial

Se avecinan renuncias en el gabinete del gobierno de Baja California tras presuntos vínculos con el crimen organizado

Mexicali.- Fuentes cercanas al gobierno de Baja California confirmaron que varios funcionarios de alto nivel han sido separados de sus cargos en las últimas horas, luego de que salieran a la luz investigaciones internas y federales que los vinculan con presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con el Cártel de Los Rusos.

De acuerdo con la información obtenida, los despidos se han mantenido en bajo perfil mientras avanzan las indagatorias, sin embargo, se prevé que en las próximas horas presenten su renuncia tanto el Secretario General de Gobierno como el Secretario de Seguridad Pública del estado. Junto con ellos, se espera la salida de varios directores de área pertenecientes a corporaciones estatales y municipales de seguridad, por presuntos actos de tráfico de influencias y protección a estructuras delictivas.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda no ha emitido una declaración oficial, pero se espera un posicionamiento en las próximas horas, en medio de una creciente presión mediática y social. Analistas políticos señalan que este escándalo podría marcar un punto de inflexión en su administración, a menos de un año de que concluya su mandato.

Las investigaciones, presuntamente coordinadas entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), apuntan a una red de complicidades dentro de estructuras de seguridad pública que habrían favorecido las operaciones del Cártel de Los Rusos en la región.

Esta situación ha generado preocupación entre la ciudadanía y organismos civiles, que desde hace meses han denunciado el creciente control territorial del narcotráfico en Baja California, particularmente en los municipios de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Hasta el cierre de esta nota, ningún funcionario ha sido detenido, pero fuentes judiciales no descartan órdenes de aprehensión en las próximas semanas.