Rodrigo, morelense relacionado con caso de drones explosivos

Se llama Rodrigo. Es un joven morelense de 26 años, radicado en Xochitepec, y pesa en su contra una grave acusación. El pasado 24 de abril, en un boletín de la Fiscalía General de la República (FGR), se dio a conocer que en la colonia Hacienda San Antonio, de Xochitepec, se lo había detenido, como presunto responsable de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En el mismo texto, se daba cuenta, asimismo, de la detención de otro joven poblano, por el mismo delito.

En esa información, no se especificaba nada en torno a su posible vinculación con grupo delictivo alguno.

Pocas semanas después, sin ninguna aparente vinculación con los jóvenes detenidos, en mayo destacaron las denuncias por ataques con drones cargados de explosivos en diferentes puntos del país, que parecían estarse multiplicando.

Entre otros, el 8 de mayo de este año, en Pinolapa, perteneciente al municipio de Tepalcatepec, Michoacán, se denunció que un grupo armado atacó su comunidad con drones armados con explosivos.

Fue hasta la semana pasada cuando ese tipo de actos delictivos y los dos jóvenes detenidos en Morelos y Puebla fueron relacionados.

En investigación del diario Reforma se identificó en los últimos días del mes pasado a Rogelio Juan Luna Villa como el joven morelense detenido aquí en abril pasado. Se asegura que nació el 28 de diciembre de 1994, y era estudiante en séptimo semestre de la carrera de ingeniería civil en la entidad, sin que se especifique la universidad donde habría estado matriculado. 

El colega poblano del joven de Xochitepec fue reconocido como Diego Jiménez Martínez, nacido el 18 de marzo de 1994, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, y con estudios hasta el séptimo semestre de ingeniería mecánica.

A decir de esa fuente, los carteles de Santa Rosa de Lima (CSRL) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) utilizan los conocimientos y servicios de estudiantes especializados en el manejo de drones para preparar aparatos voladores explosivos que atacarían distintos blancos, como la propia Fiscalía General de Justicia de Guanajuato, el principal bastión del primer grupo.

Áreas de inteligencia federal detectaron, según la investigación referida, que, al menos, 7 personas se dedicaban a equipar y vender drones con bombas al CSRL y el CJNG; dos de ellos serían el de Morelos, Rogelio, y el poblano, Diego; ambos todavía presuntos culpables de esa amafiada relación.

Tras la aprehensión de ellos dos, el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó públicamente que el CJNG estaba empleado drones con explosivos en Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

La presunción del jefe de la milicia mexicana entonces era que un grupo dedicado a la compra venta de armas y explosivos robados, subcontrataba a estos jóvenes para que manufacturaran drones de ataque y, luego, vendían los aparatos a los dos cárteles.

Los estudiantes de ingeniería referidos permanecen presos en el penal de San Miguelito, de la capital de la entidad vecina. Están vinculados a proceso formalmente por fabricación sin permiso de explosivos, posesión de armas y posesión de cartuchos, todos de uso exclusivo del Ejército, y se busca vincularlos con los carteles referidos como proveedores de éstos.