Responde gobierno del estado a publicación del diario Reforma
En un comunicado, se asegura que la designación de funcionarios aquí se basa en lo que legalmente está establecido
Con respecto a la publicación que "de manera inexacta y sesgada fue publicada este día por un periódico de circulación nacional" (se refiere al diario Reforma), el Gobierno de estado de Morelos señaló que había un intento por desprestigiar su trabajo e informó lo siguiente:
El Poder Ejecutivo del estado de Morelos rige sus acciones siempre en estricto apego al Estado de Derecho, actúa con responsabilidad social en el trabajo diario para conseguir que esta entidad y sus habitantes tengan mejores oportunidades de desarrollo.
El gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo actúa siempre con responsabilidad social en el trabajo diario para conseguir que esta entidad y sus habitantes tengan mejores oportunidades de desarrollo.
Todos los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo se rigen bajo la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, en apego a la directriz con numeral II, correspondiente al Artículo 6, el cual les pide:
“Conducirse con rectitud sin utilizar o aprovechar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.
Los servidores públicos a quienes hace mención la nota informativa, cumplen con los requisitos legales y tienen el perfil necesario para desempeñar el cargo que ostentan.
La Administración Pública del estado de Morelos 2018-2024, mantiene firme el compromiso de sacar a la entidad del rezago y abandono en que lo mantuvieron gobiernos del pasado reciente; y para ello cuenta por servidores públicos profesionales, capaces y aptos para desempeñar el encargo que se les ha conferido.
El Ejecutivo estatal reitera que en todo momento actúa con estricta transparencia y legalidad, lo cual no deja lugar a que los funcionarios de primer nivel y servidores públicos transgredan la Ley o den privilegio a intereses personales.