Observador político - Los cambios en el Ayuntamiento de Cuernavaca

En Cuernavaca, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha intentado construir una narrativa de disciplina, puntualidad y evaluación permanente. Desde el inicio de su administración -y ahora en esta segunda etapa- ha insistido en que todos, desde él hasta el último funcionario de su gabinete, están bajo supervisión con la única finalidad de dar resultados a la ciudadanía y evitar la impunidad administrativa que suele ser deporte local.

RECONOCIMIENTO A DEPENDENCIAS.- La idea de un gobierno que se revisa a sí mismo representa un avance importante, pero además, en la práctica, el proceso exhibe un problema más profundo y de entrada, ya inició la actual administración a mover piezas en el tablero de ajedrez político.

Es cierto que Urióstegui Salgado ha dado reconocimientos a diversas áreas que considera eficientes, como la Tesorería, que ha logrado una estabilidad y orden financiero generando certidumbre al Ayuntamiento al igual que ha ocurrido con Obras Públicas, mientras cuestiona a otras donde los resultados son insuficientes.

Incluso ya inició con algunos despidos como ocurrió en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca, en un intento por corregir el rumbo, con la única intención de dejar delado las inercias, simulaciones y funcionarios que -como diría la voz popular- “se hacen patos”.

LOS AMBULANTES.- En el caso del comercio informal es un ejemplo emblemático. Es cierto que se trata de un fenómeno complejo, de raíces sociales profundas, pero la falta de carácter del encargado del área, Óscar Cano Mondragón, no ayuda. Y esa debilidad administrativa termina siendo pagada por la ciudadanía, no por los funcionarios.

Los recientes movimientos en su administración —la salida del director de Comercialización del SAPAC- son acciones que se han implementado para implementar un proceso de mejora continua, y por tanto, adelantó que la evaluación continuará en todas las áreas hasta lograr una transformación real.

SEGURIDAD: EL PUNTO MÁS FLACO.- El edil, José Luis Urióstegui reconoce que no está satisfecho con la seguridad pública. Y tiene razón: aunque ciertos delitos de alto impacto han disminuido, los que golpean directamente el patrimonio de las familias siguen creciendo. Asaltos, robos a casa-habitación, robo de vehículos, de motocicletas, a cuentahabientes. Es decir, la ciudad vive en un estado de vulnerabilidad cotidiana.

Y precisamente, por esta razón el alcalde prometió ajustes “probablemente en enero”, para no tomar decisiones precipitadas. Esto sin lugar a dudas, tiene que obligar al titular de la Seprac, Guillermo García Delgadillo, para que se ponga las pilas y de resultados en las áreas que se ha detectado como focos rojos y dejar de seguir declarando que sus “números son mejores que su antecesora -Alicia Vázquez Luna-“, tal y como lo hizo creer a los medios de comunicación el jefe policiaco que ya no ve lo duro sino lo tupido por el edil quien tiene la facultad directa de removerlo del cargo, incluso, sin la necesidad de pedirle autorización al cabildo.

MORELOS Y SU DEUDA HISTÓRICA CON GRUPOS DE DISCAPACIDAD.- En Morelos, hablar de transporte público es hablar de desigualdad, pero cuando ponemos la lupa sobre los más de 300 mil habitantes con alguna discapacidad, la palabra “desigualdad” se queda corta: lo que enfrentan miles de morelenses todos los días es una forma silenciosa de exclusión social.

A quienes viven con discapacidad se les exige lo imposible: sostenerse económicamente en un sistema laboral que rara vez les abre las puertas y, al mismo tiempo, asumir costos de movilidad que cualquier persona sin discapacidad jamás pagaría. En un estado donde trasladarse ya es complicado para cualquiera, para ellos es un calvario, como lo describen sus propias experiencias: calles oscuras, rutas inaccesibles, unidades improvisadas y un transporte público que simplemente no está diseñado para quienes más lo necesitan.

Esta negligencia institucional no es accidental: es el resultado de décadas de gobiernos que han puesto las ganancias de los concesionarios por encima de los derechos de la gente. Nada más antipopular -y antidemocrático- que permitir que un servicio público funcione bajo la lógica del lucro y no del bienestar colectivo.

Por eso adquiere especial relevancia la exigencia anunciada por el diputado Alberto Sánchez Ortega, quien conoce estos atropellos no desde la distancia del discurso, sino desde su propia vida, luego de quedar en situación de discapacidad tras un accidente vial. Sánchez Ortega ha anunciado que impulsará medidas obligatorias para que los concesionarios adapten sus unidades y garanticen el acceso de personas usuarias de sillas de ruedas.

URGE MODERNIZAR EL TRANSPORTE.- Su diagnóstico es contundente: la falta de unidades inclusivas encarece la vida de las personas con discapacidad y limita su derecho a estudiar, trabajar, atender su salud o simplemente convivir. “Moverse en el estado de Morelos cuesta muchísimo dinero si no cuentan con rampas o espacios adecuados”, señala. Y tiene razón: aquí la movilidad no solo es un problema de transporte, es un problema de justicia social.

El abandono del Estado en esta materia ha tenido consecuencias graves: miles de personas quedan, como bien advierte el legislador, desintegradas del desarrollo público y privado, excluidas por un sistema que se supone debería integrarlas y protegerlas. No es una metáfora; es la realidad cotidiana de quienes deben elegir entre pagar un transporte especial o quedarse encerrados en casa.

Hoy se habla de mesas de diálogo y de la posibilidad de que a partir del próximo año comiencen las adaptaciones obligatorias: rampas, espacios designados, unidades realmente accesibles. Ojalá no se quede en promesa. Porque el transporte inclusivo no es una concesión graciosa del gobierno ni de los empresarios: es un derecho.

Morelos necesita asumir de una vez por todas que la movilidad es un eje de igualdad. Una sociedad que deja atrás a quienes tienen discapacidad es una sociedad que se deja atrás a sí misma. Y no habrá justicia mientras la inclusión siga siendo tratada como gasto y no como una inversión en dignidad.

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