Observador político - Un Paquete Económico 2025, ¿Un giro de justicia social y de austeridad?
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
El Gobierno del Estado de Morelos presentó su Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2025, un presupuesto que, según se anunció, promete priorizar el bienestar social y la atención a las necesidades más urgentes de la población y el cual, tendrá un incremento de más del 12% en los ingresos estatales, en el que se plantea un horizonte de mayores recursos para enfrentar los retos del estado.
¿DE DÓNDE PROVIENEN LOS RECURSOS? Es innegable que el aumento de los ingresos estatales es una noticia positiva, especialmente en un contexto económico incierto, donde la inflación y las crisis globales impactan fuertemente en las economías locales, aunque, este incremento no es producto de una mejora mágica de la gestión pública ni de un crecimiento espontáneo de las riquezas del Estado, sino que está vinculado a una serie de reformas fiscales y a la potencial explotación de fuentes de ingresos que hasta ahora no han sido bien aprovechadas y que buscan, que aquellos que tienen más riqueza contribuyan tal y como lo dejó claro la secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga.
Lo cierto es que si se busca una recaudación eficiente y justa, es crucial que los sectores más ricos, históricamente favorecidos con un sistema tributario regresivo, sean los primeros en contribuir de manera significativa a las arcas estatales, y ese es el objetivo de la gobernadora Margarita González Saravia para poder ayudar más a los que menos tienen y generar certidumbre en la mayoría de las dependencias sobre todo, las que están relacionadas con el campo, la educación, salud, medio ambiente e infraestructura.
El anuncio de un sistema tributario progresivo es, en teoría, un paso hacia una mayor justicia social, pero será la implementación real la que determine si estas promesas se traducen en un verdadero alivio para los sectores más desfavorecidos, o si solo serán parches para un modelo económico que aún privilegia a las grandes corporaciones y a las élites locales. Por lo pronto, los líderes de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado, como el PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Verde Ecologista le han dado un voto de confianza al proyecto que presentó la gobernadora Margarita González Saravia.
AUSTERIDAD: ¿UN DISFRAZ DE LA CONTINUIDAD DE LA DESIGUALDAD? Uno de los aspectos más llamativos del Paquete Económico es la insistencia en el principio de austeridad, sobre todo, en tiempos donde la sociedad exige una redistribución más equitativa de los recursos, en la que se nos presenta este concepto como un valor supremo.
Empero, la austeridad, que en sus primeras versiones en otros gobiernos significó recortes a programas sociales, reducción de personal en áreas clave y una mayor precarización de los servicios públicos, no debe ser tomada como una panacea, y por tanto, la austeridad no puede ser la excusa para no garantizar una vida digna para las mayorías; los recursos para atender la salud, la educación y la seguridad, deben ser amplificados, no simplemente redistribuidos bajo el mismo esquema de escasez que históricamente ha servido para perpetuar las desigualdades.
El Paquete incluye un énfasis en "la eficiencia" y "la transparencia", por ejemplo, la propuesta de incrementar los salarios de los policías y mejorar la seguridad es loable, pero no podemos olvidar que, sin un verdadero modelo de desarrollo económico y social que apunte a la reducción de la pobreza y la desigualdad, las mejoras en seguridad seguirán siendo parches ante una estructura social profundamente injusta.
La secretaria de Hacienda presentó también algunos proyectos de infraestructura, como la construcción de un nuevo centro de convenciones y el impulso al aeropuerto de Cuernavaca, que parecen ser parte de un plan para “modernizar” el estado; además de la creación de programas como el de bienestar para personas con discapacidad que es, sin duda, una medida positiva, pero crucial que busca que no se quede solo en promesas. Y es que, las personas con discapacidad son una de las poblaciones más marginadas, y cualquier política pública que las contemple debe ir más allá de la asistencia, asegurando su integración plena en la vida social y laboral, y no únicamente su inclusión en un programa asistencialista.
EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS.- Uno de los puntos clave mencionados por la secretaria fue la relevancia de los municipios en la estructura de gobierno, dada su cercanía con la ciudadanía, por lo que es un hecho que muchos municipios del estado enfrentan una crónica falta de recursos, lo que ha dejado a la población sin servicios esenciales, como agua potable, seguridad y educación de calidad. De ahí que el Paquete Económico para 2025 está lleno de anuncios y promesas que, si bien en su mayoría son bien intencionados, necesitan una evaluación crítica y un seguimiento riguroso en el que además, haya una transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos financieros.
No basta con un incremento en los ingresos o con el impulso de proyectos de infraestructura que solo benefician a ciertos sectores, por lo que si realmente se pretende que los recursos sean utilizados para la justicia social, es necesario que el gobierno del estado apueste por un modelo económico que redistribuya el poder económico de manera radical y que elimine las estructuras de privilegio que siguen alimentando la desigualdad.
Solo así podrá considerarse este presupuesto como un paso real hacia un Morelos más justo y equitativo. De lo contrario, será solo otro ejercicio de "austeridad" disfrazado que perpetúa el ciclo de marginalización de las mayorías.
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