Observador político - Se involucra Impepac en conflicto del PRI

La simpatizante de Morena que hoy cobra como presidenta del Impepac, cometió una novatada e involucró al órgano electoral en el conflicto interno existente entre la dirigencia nacional y estatal del PRI. Otra vez, evidenció Ana Isabel León Trueba, la falta de talento, capacidad y experiencia al negarse a entregar los recursos económicos sin importarle violentar los principios rectores: imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad.

LAS DESTITUCIONES DEL LÍDER PRIISTA.-  En un breve se metió Ana Isabel León Trueba, al negarles los más de medio millón de pesos que vía prerrogativas tiene que entregarle a los once partidos políticos y entre ellos, al Revolucionario Institucional. La consejera presidenta jamás tuvo que haberse prestado al juego y solo tuvo que atender lo que estipula la Ley Electoral. Nunca tuvo que hacer prejuicios, interpretaciones y mucho menos querer convertirse en un réferi entre las dirigencias nacional y estatal del tricolor que están peleados “a muerte políticamente”.

Es importante mencionar que la dirigencia nacional del PRI, intentó desde mayo del año pasado, a solo semanas del proceso electoral del 2018, destituir a Alberto Martínez González como dirigente de este instituto político, con argumentos baratos tras el choque provocó por su estado etílico en el que se encontraba, así como la grilla que le metió su entonces candidato a la gubernatura Jorge Meade Ocaranza, primero para quedarse con el dinero del partido y segunda, para decidir libremente las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular. Los resultados quedaron a la vista en el otrora PRI ganador. En el 2018 peleó ferozmente el tricolor y “El Frayle”, por el último lugar de la contienda. Durante meses, y tras los hechos, regresó Alberto Martínez, para pelear por administrar el medio millón de pesos que percibe mensualmente su instituto político. Y fue en esa fecha, cuando Enrique Martiní, Subsecretario de Operación Política del CEN priista, tomó protesta a Antonio Lugo Morales como delegado especial con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal en el estado de Morelos de manera temporal. Al final, se acogió a los tribunales electorales y ganó.

El segundo intento de destitución, fue cuando en diciembre del año pasado, un grupo de hombres irrumpió en las instalaciones del viejo edificio del PRI que se ubica en Amacuzac y Yucatán, en la colonia Vista Hermosa, para supuestamente atacar a golpes al delegado nacional tricolor Josué Valdés Hueso. Esta acción, fue suficiente para volver a destituirlo del cargo y otra vez, como la primera, La Pave logró la venía de la magistrada Ixchel Mendoza y por lo tanto, continuó en el cargo. Esta acción es insostenible y por tanto, ahora a solo meses de que inicie el proceso electoral del 2021, la dirigencia nacional que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra del todavía líder tricolor, va con todo y por ello, ahora lo quiere desarmar quitándole las prerrogativas que se aferra en no soltar.

LOS YERROS DEL IMPEPAC.-  Y es aquí donde entra Ana Isabel León Trueba, quien sin importarle violentar la Ley electoral, decidió inmiscuirse en la vida interna de un partido político al dar contestación a un documento el 13 de febrero pasado, donde les dice a Jesús Romero Murillo Ríos, secretario Ejecutivo del Impepac, en atención a la contadora María del Rosario Montes Álvarez, directora Ejecutiva de Administración y Financiamiento del órgano electoral, que le retengan las prerrogativas al PRI Morelos, hasta en tanto no se pongan de acuerdo en su conflicto interno que viven. Y es que, Tirso de la Gala Gómez, secretario de finanzas y administración del Comité Ejecutivo Nacional, fue quien les pidió que revieran las prerrogativas. Y posteriormente, Jorge Alberto Flores Alarcón,  secretario de finanzas y administración del CDE, hizo lo propio amparándose en una inconformidad que la ganó para que sea La Pave quien siga obteniendo el dinero.

El argumento, es que para el Impepac, resulta incompatible otorgándoles los recursos ante los conflictos de este instituto político y por ello, instruyó: “Le solicitó que se detenga temporalmente el depósito de las partidas a qué tiene derecho el PRI, hasta en tanto las Comisiones Ejecutivas apoyadas por las áreas Ejecutivas y Técnicas la secretaría Ejecutiva, y de Administración y Financiamiento, la dirección Ejecutiva de Organización y partidos políticos, analicen y determinen la manera en la que legalmente deberá procederse para realizar la entrega o la transferencia de las prácticas que por derecho le corresponden al PRI, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere a cada una de las autoridades al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y en lo que le interesa indican”.

Sin embargo, en ningún artículo del Código Electoral, indica que se les retengan las prerrogativas a los partidos políticos por conflictos internos, violentando con ello la Ley Electoral, y entre las atribuciones que tienen, destaca, el que deben los consejeros aprobar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas, proyectos y actividades de la organización cultural electoral, así como la supervisión para el desarrollo de cuadro de los órganos directivos y técnicos, así como suministrar a los partidos políticos, el financiamiento público al que tengan derecho y llevar a cabo los trámites necesarios para que los partidos políticos puedan acceder a las pruebas y financiamiento señalados”. Por lo tanto, la consejera presidenta no solo se metió ella en un brete, sino que se jaló a todos los integrantes del Consejo Estatal Electoral.

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