Observador político - Se fortaleció el fiscal Uriel Carmona en su visita al Congreso

La presencia de Uriel Carmona Gándara, durante su comparecencia ante el Congreso local, más allá de ser una oportunidad para responder a cuestionamientos sobre su gestión, se transformó en un desfile de justificaciones, promesas y un significativo respaldo político, que incluso, podría ir acompañado de un significativo aumento de los 300 millones de pesos que solicitó el Fiscal General del Estado.

EL CUAUH, DEJÓ UN PROBLEMA DE SEGURIDAD.- La cita con los legisladores no solo confirmó la solidez de su posición, sino también cómo la estructura del poder sigue blindando a sus actores, independientemente de las graves acusaciones que se ciernen sobre ellos.

El hecho de que el fiscal haya llegado al Congreso en medio de un ambiente tan polarizado, donde las críticas a su desempeño en el caso Ariadna, la compra de un helicóptero y los señalamientos sobre su papel durante el fin de la administración de Andrés Manuel López Obrador aún resuenan, siendo un reflejo de la profunda crisis de credibilidad en las instituciones de justicia.

A pesar de los escándalos y la creciente indignación de amplios sectores sociales que todo hace indicar que ya quedaron en el pasado, Carmona Gándara emergió no solo incólume sino fortalecido.

Diversos sectores esperaban que fuera cuestionado por sus fallos y omisiones, sin embargo, su discurso no duró acaso los 20 minutos, cuando la mayoría de los demás funcionarios estuvieron entre 30 y 60 minutos, por lo que se demostró un posible compromiso de incremento en el presupuesto solicitado, cifrado en 300 millones de pesos, sin importar la petición la gobernadora quien recientemente pidió su renuncia.

Es significativo que en esta comparecencia no se abordaron temas fundamentales como la crisis de inseguridad que azota a la entidad, ni se pusieron en tela de juicio los motivos que llevaron a que, en su momento, el fiscal haya sido señalado por inacción frente a los casos de alto impacto, como el feminicidio de Ariadna, donde las evidencias apuntan a fallas graves en la investigación. En vez de tomar responsabilidades, el fiscal desfiló como un triunfador y justificó su falta de acción a través de demandas de más recursos.

APOYO LEGISLATIVO.- Al respecto, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Andrea Gordillo Vega, en su participación señaló: "es necesario dotar a los distintos actores de las herramientas financieras que les permitan cumplir con sus objetivos

¿Realmente es la falta de recursos lo que impide una lucha efectiva contra el crimen? La respuesta parece estar en el modelo mismo de justicia que el sistema ha forjado; en lugar de priorizar la rendición de cuentas o reestructurar una fiscalía que ha sido parte de la problemática, se busca blindar a la institución.

Algo trascendental fue la declaración de Uriel Carmona Gándara quien aprovechó la oportunidad y le dio un raspón a su enemigo político, luego de señalar que la administración de Cuauhtémoc Blanco dejó una deuda en materia de seguridad y que esa herencia perversa, ahora la tiene que enfrentar y solucionar con muchas carencias la gobernadora Margarita González Saravia.

Sin embargo, para diversos colectivos como el de Derechos Humanos, Digna Ochoa, de Susana Díaz quien pidió que no se le brinde más dinero porque la inseguridad no se resolverá con más dinero para una estructura de poder que ha demostrado ser ineficaz y cómplice en muchos casos de impunidad.

El fiscal Carmona Gándara, lejos de ser cuestionado, sigue avanzando y se mantiene firme en la dependencia pese a la exigencia de que salga y que todo hace indicar, lo hará sí, pero hasta que concluya su periodo en el 2027.

LA SOMBRA DE LA IMPUNIDAD EN EL PODER JUDICIAL.- En un país donde la justicia es a menudo percibida como un bien escaso, las palabras del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, sobre su relación con Ricardo "N" – hijo de la ex diputada Macrina Vallejo y detenido recientemente con armas de fuego – resuenan con una inquietante falta de transparencia.

Y es que, al rechazar Gamboa Olea, cualquier vínculo con el detenido tras la difusión de una fotografía en redes sociales, se apoya en una explicación que no hace sino profundizar la desconfianza en la institución que representa.

El magistrado afirma que la foto, tomada en un evento de 2021 en el que participó Macrina Vallejo y su familia, junto a otros actores políticos y magistrados, no implica ninguna relación personal con el detenido, sin embargo, más allá de la simple coincidencia de una imagen, lo que se debe cuestionar es el contexto que subyace en este tipo de encuentros: en un país donde los nexos entre políticos, poder judicial y el crimen organizado son una preocupación constante, la casualidad de una fotografía no puede servir como argumento suficiente para disipar las dudas.

La respuesta de Gamboa Olea es reveladora, no solo por lo que dice, sino por lo que omite. Asegura que “en el Tribunal no se protege a nadie” y que “se actuará conforme a derecho”, pero la frase, aunque correcta en su forma, parece una respuesta estándar ante la tormenta mediática, una defensa vacía que no hace sino profundizar la falta de confianza pública en el sistema de justicia; en un país como el nuestro, donde los privilegios y la impunidad parecen estar más que a la orden del día, las declaraciones de este tipo no tienen el peso necesario para garantizar que, en efecto, se actuará con imparcialidad.

Además, el simple hecho de estar en una foto con figuras políticas y familiares de personas que enfrentan procesos judiciales no es algo inocente, en un país donde el Poder Judicial está bajo la lupa de todos, los lazos entre magistrados, políticos y personas vinculadas a actividades ilícitas no pueden ser ignorados ni reducidos a meras coincidencias fotográficas.

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