Observador político - Reconoce Congreso a profesionistas del derecho de la UAEM
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes
Los profesionales del derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fueron vanguardistas y protagonistas el pasado 11 de julio, tras recibir el premio estatal de abogados "Antonio Díaz Soto y Gama 2024", en el marco del Día del Abogado por parte de los diputados de la Legislatura LV.
LOS GALARDONADOS.- Entre los galardonados se encuentran destacados profesionistas del derecho como Gloria Rosario Vergara Salinas, directora interina de la FDyCS, además de María de Jesús López Chávez, Onassis Cacique Almanza, Bernardo Alfonso Sierra Becerra y Hugo Salgado Castañeda, cuyo reconocimiento resalta tanto el mérito académico como el ejercicio destacado del derecho en el ámbito judicial, subrayando el compromiso de la facultad con la formación integral de sus estudiantes y el fortalecimiento del campo jurídico en la región.
Sin embargo, detrás de los honores y reconocimientos, se revelan realidades que merecen nuestra atención, sobre todo porque la FDyCS se posiciona como una de las principales instituciones formadoras de abogados en Morelos, con una significativa demanda estudiantil que evidencia su relevancia educativa.
Es fundamental que la FDyCS, además de celebrar sus éxitos y premios, redoble esfuerzos para apoyar a sus estudiantes desde su ingreso hasta la graduación, de ahí que se debe de reforzar el seguimiento con los egresados y ofrecer recursos adecuados para superar las barreras administrativas y económicas son acciones imprescindibles para garantizar que todos los alumnos que ingresan tengan la oportunidad real de concluir su formación académica y profesional.
Además, en el contexto actual de cambios y desafíos globales, la facultad debe continuar innovando en sus programas académicos, asegurando que sigan siendo pertinentes y de alta calidad; esto no solo beneficiará a los estudiantes actuales y futuros, sino que fortalecerá la reputación y el impacto de la FDyCS en la sociedad.
Enhorabuena para Gloria Rosario Vergara Salinas, María de Jesús López Chávez, Onassis Cacique Almanza, Bernardo Alfonso Sierra Becerra y Hugo Salgado Castañeda, quienes ponen en alto a esta unidad académica y a la máxima casa de estudios.
LA OPULENCIA EN EL PODER JUDICIAL DE MORELOS.- En medio de una crisis económica que estrangula a México y Morelos, con sueldos miserables para la sociedad y trabajos mal pagados, surge un ejemplo flagrante de desconexión entre los funcionarios públicos y la realidad que enfrenta el país.
Y es que, recientemente, Luis Jorge Gamboa Olea, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha defendido con vehemencia un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitiría a los magistrados acceder a pensiones, independientemente de su antigüedad en el servicio.
Para Gamboa Olea, no es inmoral ni ilegal asegurarse un "haber de retiro", incluso en un contexto donde la mayoría de los ciudadanos lucha por llegar a fin de mes. En su visión, esta reforma representa una simple "armonización" con lo que ya existe a nivel nacional, ignorando por completo el impacto ético y económico de tal medida en la sociedad.
Las críticas de diversos sectores, incluyendo agrupaciones de abogados, han calificado esta propuesta como un "asalto" a las finanzas del estado, sin embargo, Gamboa Olea desestima estas preocupaciones con una frialdad desconcertante, afirmando que "todas las voces son válidas" siempre y cuando se comprenda el "fondo del asunto". Parece olvidar que el fondo del asunto radica en la indignante brecha entre aquellos que toman decisiones privilegiadas y aquellos que sufren las consecuencias de esas decisiones.
Este desdén por la opinión pública y la falta de sensibilidad hacia la difícil situación económica del país son un reflejo preocupante de cómo algunos en el poder interpretan su rol. Mientras la mayoría de los ciudadanos enfrenta una realidad de austeridad impuesta, los líderes del Poder Judicial parecen apegarse a una realidad paralela, donde los privilegios se aseguran y las reformas se diseñan para mantener su bienestar a costa del erario público.
Es imperativo que la sociedad y los representantes del Congreso se opongan vehementemente a este tipo de propuestas, que perpetúan la desconexión entre los gobernantes y los gobernados. La crisis económica no debería ser una excusa para expandir beneficios injustificados a una élite judicial que ya goza de suficientes privilegios. Más bien, debería ser un llamado a la responsabilidad fiscal y moral de quienes están encargados de administrar la justicia.
En resumen, la propuesta de reforma de Gamboa Olea es un símbolo triste y revelador de la falta de empatía y responsabilidad social que caracteriza a algunos sectores del poder judicial en México. En tiempos de crisis, la verdadera medida de liderazgo y servicio público no debería ser la defensa de privilegios personales, sino el compromiso sincero con el bienestar colectivo y la justicia verdadera para todos los ciudadanos.
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