Observador político - Morelos y el reto de MGS de recuperar lo perdido

Para nadie es un secreto que Morelos atraviesa un momento complejo, cargado de retos que no son producto de la fatalidad, sino de años de mal gobierno, corrupción y desdén por las necesidades más básicas de su gente y las flechas señalan directamente a Cuauhtémoc Blanco, quien por su paso por la gubernatura, dejó un legado de promesas incumplidas y un estado al borde del colapso social. Fueron seis años de negligencia, de gobernar de espaldas de la ciudadanía, y de una incapacidad sistemática para resolver los conflictos más urgentes por lo que el resultado es un Morelos fracturado, lleno de problemas que parecen difíciles de resolver. Por fortuna, en medio de este panorama sombrío, llegó Margarita González Saravia, la primera mujer gobernadora, con la esperanza de poner orden en lo que otros deshicieron.

UN ESTADO EN RESCATE.- Desde que asumió el cargo, Margarita González Saravia ha dado muestras claras de una gestión proactiva y esta semana, por ejemplo, se vivió una victoria para las clases más vulnerables de Morelos, cuando la gobernadora logró evitar un aumento en el transporte público, una medida que habría afectado gravemente a los sectores más pobres.

Hay que reconocer que la acción de González Saravia no fue una respuesta improvisada, sino producto de una gestión inteligente y de la buena disposición para dialogar con los líderes transportistas del estado; por lo que durante su reunión, la gobernadora asumió compromisos claves, como la agilización de trámites, la lucha contra la corrupción, la modernización del servicio y la mejora en la seguridad, temas fundamentales que, en el pasado, fueron ignorados o abordados de manera superficial.

El hecho de que los transportistas hayan reconocido la apertura de la gobernadora es una señal de que, al menos en sus primeros meses, la administración ha mostrado voluntad de escuchar y trabajar en conjunto con los sectores estratégicos del estado, empero, la situación de Morelos no se puede transformar de la noche a la mañana, y aún queda un largo camino por recorrer. Aun así, la gestión de Margarita González está comenzando a mostrar señales de que, poco a poco, el estado puede enderezar el rumbo.

Claro está, lo hará no solo con esfuerzos aislados, sino con políticas públicas claras, decididas y, sobre todo, con un gobierno que no solo gobierne para el beneficio de unos pocos, sino que busque soluciones reales a los problemas sociales que aún aquejan a miles de morelenses.

MORELOS Y SUS BUENAS RELACIONES CON LA FEDERACIÓN.- En un país donde las élites políticas se suelen alinear para proteger sus intereses comunes, la buena relación de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido presentada como un posible factor positivo para el estado; han sido las recientes visitas de funcionarios clave del gobierno federal a Morelos, como Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y Rommel Pacheco Marrufo, director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), son señaladas como ejemplos de cómo la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno podría traer beneficios tangibles para la entidad.

El anuncio de un "Pacto de Corresponsabilidad Social" en el que un grupo de empresas devolverá 17 millones de metros cúbicos de agua a las comunidades indígenas y rurales de Morelos, suena, en teoría, como una victoria para los más necesitados; dicha acción forma parte de un esfuerzo mayor para garantizar el acceso al agua, un derecho humano fundamental que ha sido históricamente escaso en muchas regiones del país. Por lo tanto, es digno de reconocimiento que la administración de Margarita González, bajo la dirección de Sheinbaum, sea la primera en adoptar un acuerdo de este tipo, que al menos en términos simbólicos, parece ser un paso hacia la justicia social.

LLEGAN MARINOS A MORELOS.- A lo largo de los últimos años, el gobierno de Morelos, al igual que el federal, ha sido incapaz de enfrentar uno de los problemas más devastadores que atraviesan al país: la inseguridad. El clamor generalizado de la ciudadanía exige resultados más contundentes, no solo en la prevención de delitos, sino también en la detención y castigo de quienes delinquen, para erradicar la impunidad que ha echado raíces en los rincones más oscuros de nuestra sociedad.

A pesar de los esfuerzos de la administración estatal y federal, la sensación de vulnerabilidad persiste, de ahí que la presencia de las fuerzas armadas, en lugar de ser una solución definitiva, evidencia la incapacidad de las instituciones civiles para contener un problema que sigue desbordándose.

En este sentido, la llegada de elementos de la Secretaría de Marina a municipios como Emiliano Zapata, Xochitepec, Ayala, Jojutla y Puente de Ixtla, que han sido considerados por algunos colectivos como “focos rojos”, por el alto número de delitos de alto impacto como asesinaros y femicidios, entre otros, permite mantener un esbozo de confianza entre la ciudadanía y como ejemplo, hay que recordar que desde el 17 de enero, sin que sea un intento de tapar el sol con un dedo, implementaron operativos conjuntos con la Guardia Nacional, la Policía estatal y las corporaciones municipales que han empezado a dar resultados con la detención de importantes presuntos delincuentes.

Cierto es que la estrategia parece centrarse en la militarización de la seguridad pública, una medida que ya hemos visto fracasar en diversas regiones del país, en lugar de una inversión real en la reconstrucción del tejido social, por lo que el gobierno parece optar por medidas superficiales que no abordan el fondo del problema y en muchos casos, los operativos de seguridad han logrado un control momentáneo, pero al final, el desorden persiste, la impunidad sigue vigente y la población sigue sintiéndose desprotegida.

La ciudadanía clama por justicia y seguridad, pero también por una verdadera transformación social, que no dependa de la mano dura, sino de la justicia social que, al fin y al cabo, es la que garantiza una verdadera paz, a través de una estrategia de seguridad que requiere un giro radical y por ello, es necesario una reforma integral en el sistema de justicia, un rediseño de las políticas públicas de seguridad que pongan en el centro el bienestar de la gente, y una apuesta por la rehabilitación de las estructuras sociales que se han ido desmoronando a lo largo de los años.

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