Observador político - Los Yáñez y sus oscuros manejos en el Congreso

En el estado de Morelos, la política parece haberse convertido en un escenario sombrío donde los intereses personales de algunos legisladores prevalecen sobre el bienestar del pueblo; la trama se enreda aún más con los hermanos Roberto y Julio Yáñez, quien sin estar, hacen y deshacen a través de Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, esposa y cuñada, respectivamente, y quienes, lejos de representar los valores de la izquierda, han tejido una red de negocios turbios desde el mismo Congreso estatal.

IMPUNIDAD LEGISLATIVA.- La impunidad y la complacencia reinan en el Poder Legislativo, con el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Sánchez Zavala, y los coordinadores de los grupos parlamentarios perdiendo toda sensibilidad por el daño que infligen al pueblo de Morelos en su afán de mantener el controvertido G14; lo que incluso, les ha costado la cabeza en las candidaturas a cargos de elección popular de Alberto Sánchez Ortega, Alejandro Martínez Bermúdez, Macrina Vallejo Bello y Paola Cruz Torres, porque fueron acusados de que traicionaron y le mintieron al pueblo y a Morena.

Un caso extraordinario es el de la parlamentaria Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, esposa de Roberto Yáñez, arroja luz sobre esta red de intrigas, sobre todo, después de que a finales de octubre del año 2022 tomó protesta para ocupar la curul que dejó vacante la diputada Gabriela Marín Sánchez, luego de haber sido asesinada el 5 de ese mismo mes y año en Cuernavaca, pero en medio de un proceso turbio, como ya es costumbre de esta LV Legislatura, amparados en la noche sesionaron, como queriéndose ocultarse de algo o de alguien, los legisladores panistas, naranjas, tricolores y rojos integraron en la curul maldita a la ahora diputada.

No hay que olvidar que Julio Yáñez Moreno se registró como candidato a esa diputación plurinominal sin embargo, los tribunales electorales local y federal, le revocaron su cargo porque falsificó documentación y se hizo pasar como “indígena”. Por ello, entró su suplente, Juan José Yáñez Vázquez, es decir, su tío, quien sin embargo, por su edad y enfermedad murió tiempo después de haber ocupado ese espacio que quedó vacante por un breve tiempo hasta que llegó Roberto Yáñez, quien se hizo pasar como integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ y, de igual manera, rindió protesta de esta curul con el respaldo de sus cómplices que en ese momento se autodenominaban el G11 hoy -transformado en el G14-, que integran al  bloque opositor del PAN, MC, Nueva Alianza, PRI y PT, quienes lo impusieron.

A un año y cuatro meses sin que se sepa el móvil del asesinato de la diputada del Partido Morelos Progresa, Gabriela Marín, no se sabe quién fue él o los autores intelectuales así como los materiales del crimen, luego de mencionar que en su momento el fiscal Uriel Carmona Gándara, señaló que una de las líneas de investigación era por cuestión política. Hasta la fecha, el tema al parecer está en el congelador con la complacencia de los integrantes de la LV Legislatura.

NEGOCIOS Y MÁS NEGOCIOS EN EL CONGRESO.- Bien, después de todo eso, la diputada local Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, de quién ya no se sabe si pertenece a Morelos Progresa, al PRI o PRD pretende mantener un bajo perfil, y evita cualquier entrevista con los medios que le repugnan, niega toda declaración y la cuidan sus empleados como fuera un personaje presidencial; lo triste y preocupante es que ella fue una de las que votó de forma misteriosa el presupuesto por los 25 millones de pesos para el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Un presupuesto que, sorprendentemente, incluye el pago de dos laudos que no inexisten por un total de 7 millones de pesos para dos comisionados del mismísimo IMIPE. Lo que resulta aún más inquietante es que estos laudos tienen destinatarios especiales: Roberto Yáñez Moreno, suegro de la diputada Marguis Zoraida del Rayo Salcedo, y del propio presidente del IMIPE, Marco Alvear, quien ya se desistió en este momento del pago, aunque conforme avance el tiempo y cuando ya no sea funcionario del órgano de transparencia, seguro solicitará el pago de ese laudo que irá creciendo financieramente como una bola de nieve.

. ¿Cómo es posible que se etiqueten recursos públicos para casos sin sentencia, y peor aún, que beneficien a familiares directos de quienes ostentan el poder como la familia de los Yáñez?

La situación se vuelve aún más nebulosa cuando el presidente del IMIPE, Marco Antonio Alvear Sánchez, revela que ha solicitado un presupuesto de 31 millones de pesos para el año 2024, pero solo se le autorizaron 25 millones; de los cuáles, siete millones se destinan a la misteriosa asignación de los laudos que no han tenido sentencia.
Alvear Sánchez, siendo juez y parte aunque consciente de la falta de transparencia, ha pedido que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien atraiga el caso, ya que mantiene un amparo y considera que estos pagos son inexistentes. Advierte, incluso, sobre las consecuencias financieras para el IMIPE, que enfrentará serios problemas a partir de la primera semana de agosto si la asignación presupuestaria no se corrige.

A 16 MESES DE LA EJECUCIÓN DE GABRIELA MARÍN.- El tejido de esta historia, que parece salida de una novela de intriga, revela una serie de desafíos urgentes para la izquierda en Morelos y en todo el país, por lo que no se puede permitir que la oscuridad de las prácticas políticas opacas del Congreso del estado, en lo que ha sido considerado como el “año de Hidalgo”, donde los representantes populares tratarán de llevarse todo el dinero posible del erario, se convierta en la norma, especialmente cuando la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser los pilares fundamentales de cualquier gobierno progresista.

La muerte de la diputada Gabriela Marín, por si solo es una tragedia que, además
de conmocionar a la sociedad, debería servir como catalizador para una profunda reflexión sobre la integridad de nuestras instituciones y la sociedad en general que vive este problema todos los días. ¿Cómo es posible que una legisladora que acababa de asumir su cargo termine siendo víctima de un acto tan violento? ¿Qué implicaciones tiene su conexión con el oscuro entramado que pudiera registrarse desde el Legislativo? ¿Por qué el fiscal Uriel Carmona, dijo que una de las líneas de investigación era política? ¿Qué se sabe a un año y cuatro meses del crimen? ¿Por qué guardan silencio los 20 diputados sobre esa ejecución? Son muchas preguntas sin respuesta porque no hay, todo indica, voluntad para que se resuelva, y en vísperas de que se vayan los actuales diputados, todo hace indicar que esta ejecución no se resolverá… al menos no esta Legislatura.

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