Observador político - Los municipios sí pueden otorgar permisos de circulación a vehículos: SCJN

La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la validez de los permisos de circulación expedidos por los municipios de Guerrero es un ejemplo más de cómo el centralismo mexicano sigue siendo un obstáculo para el ejercicio pleno de la autonomía municipal, por lo que, a través de su fallo, la SCJN dejó claro que son los municipios, y no los gobiernos estatales ni las autoridades federales, quienes tienen la facultad constitucional de regular y expedir permisos para la circulación de vehículos, incluyendo aquellos sin placas.

CONTRADICCIÓN JURÍDICA Y POLÍTICA.- Sin embargo, esta sentencia, que podría verse como una victoria de la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales, también revela una contradicción entre la teoría constitucional y la práctica política, especialmente cuando el poder estatal no está dispuesto a respetar los dictámenes judiciales.

Para entender el trasfondo de esta resolución, debemos recordar que en diciembre de 2018, el gobierno estatal de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo, decidió suspender la entrega de los formatos para permisos provisionales de circulación sin placas, una práctica que permitía a los automóviles circular sin incurrir en ilegalidades mientras tramitaban sus placas definitivas. El argumento estatal era que dicha medida favorecía la informalidad y la evasión fiscal; no obstante, la SCJN dictó en julio de este año que esta suspensión era inconstitucional, al amparo del artículo 115 de la Constitución, que otorga a los municipios no solo la capacidad de prestar el servicio público de tránsito, sino también de expedir los permisos mencionados.

El fallo de la Suprema Corte, al resolver la controversia constitucional 214/2020 interpuesta por el municipio de Ixcateopan, deja claro que no solo Guerrero, sino todos los municipios del país tienen la facultad de expedir estos permisos sin que pueda ser obstaculizado por ninguna autoridad estatal o federal; esta resolución debiera haber sido un triunfo para la autonomía municipal y el fortalecimiento del poder local frente a las imposiciones de gobiernos estatales que, en ocasiones, parecen olvidarse de su función de respetar los derechos y atribuciones conferidos por la Constitución.

Empero, la realidad es que la implementación de esta sentencia enfrenta grandes retos, y un ejemplo más claro el que se da en Morelos, donde la Dirección de Tránsito del municipio de Cuernavaca ha mostrado su rechazo a aceptar los permisos expedidos por autoridades municipales de Guerrero, a pesar de que la SCJN ya resolvió que son completamente válidos. Este tipo de resistencia no es accidental, puesto que refleja la histórica tensión entre los gobiernos estatales y los municipios en un país donde, por mucho que la Constitución intente promover la descentralización, las estructuras de poder siguen siendo dominadas por el centralismo.

¿SE APROVECHAN MUNICIPIOS DE SU AUTONOMÍA? Lo que está en juego aquí no es solo una cuestión legal, sino política y social, debido a que por un lado, está la necesidad de reconocer y fortalecer la autonomía de los municipios, que son los niveles de gobierno más cercanos a la ciudadanía. Por el otro, persiste una lógica política que se niega a soltar el control en favor de un verdadero federalismo. Y es que, la sentencia de la SCJN, en este contexto, debe leerse como un recordatorio de la necesidad urgente de un verdadero cambio de paradigma, en el que las autoridades estatales dejen de ver a los municipios como entes subordinados y reconozcan su capacidad de autogobernarse.

Además, la decisión también pone de manifiesto las dificultades del sistema judicial para que sus resoluciones se apliquen con eficacia en la realidad, si bien la SCJN ha dictado una sentencia clara y contundente en favor de la autonomía de los municipios, lo que vemos en los hechos es que las autoridades locales y estatales continúan actuando como si este tipo de resoluciones no tuvieran impacto; es un recordatorio de que, en muchos casos, la justicia constitucional enfrenta barreras no solo legales, sino también estructurales y políticas que limitan su efectividad.

Este fallo de la SCJN debe ser una oportunidad para reflexionar sobre el modelo de federalismo mexicano y el profundo déficit de autonomía municipal. Es un llamado a las autoridades estatales a respetar las decisiones judiciales y, más importante aún, a los ciudadanos a exigir que el marco constitucional y legal sea verdaderamente aplicado en todos los niveles de gobierno.

COMBATE FÁCIL AL “PERMISO FÁCIL”.- Mientras ocurre todo lo anterior las gestoras de permisos del estado de Guerrero siguen operando en Morelos, y muchos vehículos continúan circulando con documentos irregulares, las autoridades locales buscan imponer medidas para frenar este fenómeno. Y es desde la Coordinación de Movilidad y Transporte que propone una estrategia en la que los municipios de la entidad dejen de expedir licencias de funcionamiento a estas gestoras, consideradas como parte del problema al facilitar la circulación de vehículos con permisos de circulación irregulares, sin tomar lo que está mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.

Y pese a todos los esfuerzos para frenar la otorgación de permisos de municipios para que automovilistas puedan transitar sin problema alguno, no se puede ignorar que este enfoque refleja la persistencia de un conflicto más profundo, que involucra no solo la regulación del transporte, sino la resistencia de los gobiernos locales y estatales a aceptar y respetar la autonomía municipal.

La postura de la SMyT refleja una realidad que hemos vivido por años en el país: la opacidad y la evasión fiscal que se generan a partir de la falta de una regulación eficaz y la resistencia de las autoridades para descentralizar verdaderamente el poder.

Es cierto que estas gestorías, muchas veces operando de manera irregular, contribuyen al problema de los permisos falsificados y a la circulación ilegal de vehículos, pero si la solución del gobierno de Morelos es solo centrarse en cerrar estas casas gestoras sin una reforma estructural que permita que los municipios asuman plenamente sus responsabilidades en materia de tránsito, estaremos ante una solución superficial, que no atacará las raíces del problema.

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