Observador político - ¿Justicia o impunidad contra Cuauhtémoc Blanco?

La reciente solicitud de desafuero en contra del diputado federal y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de la denuncia por intento de abuso sexual, pone nuevamente en evidencia las grietas del sistema político mexicano; sobre todo, porque esta solicitud, llega tras una acusación grave presentada por su media hermana, quien señala que, durante su mandato como mandatario estatal, el exfutbolista de la selección mexicana intentó abusar sexualmente de ella.

LAS INVESTIGACIONES QUE FUERON “CONGELADAS”.- El delito por el que se le acusa a Cuauhtémoc Blanco no es por la denuncia que hizo la ex candidata a la gubernatura por la oposición, Lucía Meza Guzmán, quien acusó un desfalco del exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo de más de 3 mil millones de pesos durante los cuatro primeros años de su administración; de los cuales, solo lograron justificarse 144 millones de pesos, es decir, un monto menor al 10% del total de recursos fueron desviados o malversados.

Todo ello, con pruebas que se presentaron tras la exhibición de documentos oficiales de la Auditoría Superior de la Federación en el 2020, se detectó un faltante superior a los 500 millones de pesos, un año después superaron 400 millones y para el 2022 había otro faltante por cerca de 50 millones de pesos.

Pero tampoco de esto se le acusará, igual que nada pasará con la investigación que fue congelada por “el caso Primavera”, en la que se reveló un esquema de lavado de dinero por 750 millones de pesos por parte de integrantes de su primer circulo de Cuauhtémoc Blanco, como en su momento denunció uno de sus excolaboradores Gerardo Becerra Chávez de Ita, y donde quedó fuertemente señalado José Manuel Sanz, quien ocupó la titularidad de la Oficina de la Gubernatura. Por estos presuntos delitos y desvíos multimillonario tampoco nada ocurrirá.

¿HAY LUZ VERDE PARA EL DESAFUERO? La denuncia, acompañada de pruebas relevantes, ha desencadenado un proceso en el que la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados deberá decidir en breve, si procede o no el desafuero para que el exgobernador y hoy diputado federal, enfrente cargos penales.

Es importante destacar que la Comisión Jurisdiccional, encargada de valorar los elementos de prueba presentados, está integrada por 15 diputados, de los cuales una mayoría pertenece al bloque oficialista: 8 de Morena, 2 del PT, 2 del PVEM, es decir, la presencia de estos diputados podría generar suspicacias sobre la imparcialidad de las decisiones que se tomen, dado el contexto político en el que se desenvuelven.

Pero más allá de los intereses partidarios, lo que está en juego es la justicia misma, y en particular, la dignidad de la víctima, quien ha dado el paso valiente de denunciar a una figura poderosa que, como gobernador, se encontraba en una posición de autoridad indiscutible.

Lo que está claro es que el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, en caso de proceder, sería un acto trascendental no solo para la víctima, sino también para la política mexicana. Perder su inmunidad parlamentaria permitiría que el exgobernador fuera procesado judicialmente por un delito tan grave, enviando un mensaje contundente sobre la no tolerancia a la impunidad; empero, también cabe preguntarse si esta solicitud de desafuero se convertirá en otro episodio de politización del caso, en el que el poder político de los involucrados podría prevalecer sobre el principio de la justicia.

Es fundamental que la Comisión Jurisdiccional actúe con rigor y objetividad, sin ceder ante presiones externas o internas, ya que su decisión será clave para garantizar que los derechos de las víctimas no queden sepultados bajo el peso de la política; ciertamente en México, los casos de abuso sexual a menudo quedan impunes debido a las conexiones políticas y sociales de los acusados, lo que perpetúa una cultura de violencia de género, por lo que si el Congreso actúa con responsabilidad y valentía, podría marcar un precedente importante para que la justicia prevalezca frente a la impunidad.

El futuro del proceso dependerá de si la Comisión tiene la determinación de actuar conforme a derecho, sin sucumbir a los intereses del poder político. Si la decisión final es favorable al desafuero, será una victoria para las víctimas de abuso sexual y un recordatorio de que en la lucha por la justicia, la impunidad no puede prevalecer.

LA PENA CORPORAL.- Es importante mencionar que si una persona es acusada de intento de violación en lugar de violación consumada, la pena en México es generalmente más baja, pero sigue siendo un delito grave. Y es que, de acuerdo al Código Penal Federal, el intento de violación se contempla en el artículo 263, que establece que el castigo por este delito será de 3 a 8 años de prisión.

Cabe señalar que, aunque la pena por intento de violación sea menor que la de violación consumada, sigue siendo un delito serio y la pena puede verse incrementada dependiendo de las circunstancias, como el uso de violencia extrema, la edad de la víctima, o si la persona acusada tiene antecedentes penales. Además, el hecho de que el delito no se haya consumado no disminuye la gravedad del acto, ya que el intento de violación implica la voluntad del agresor de cometerlo, lo cual ya es una violación grave de los derechos de la víctima.

Por lo que si se logra demostrar que existió un intento claro y que la víctima estuvo en riesgo de ser violada, las consecuencias jurídicas pueden ser muy serias. La ley también protege a las víctimas con medidas para que el agresor no se beneficie de su posición o poder durante el proceso judicial, lo que significa que aunque no haya consumado la violación, el agresor sigue siendo responsable de su intento y de los daños causados a la víctima.

Por lo que, en seguimiento de este caso será crucial para observar cómo actúa la Comisión Jurisdiccional en un momento donde la lucha por la justicia parece estar teñida de intereses partidarios, a pesar de que el presidente de la comisión, Hugo Éric Flores, afirmó que el proceso se llevará con objetividad y en estricto apego a la ley, razón por la cual las voces críticas no tardarán en cuestionar si esta imparcialidad será realmente posible, dado que el espectro político que domina la cámara está estrechamente vinculado al oficialismo.

Todo esto, plantea una seria duda sobre si se priorizará la justicia o si las influencias partidarias terminarán por encubrir los crímenes de figuras poderosas.