Observador político - Impunidad legislativa

Cada tres años, el debate se centra en cuál ha sido la peor legislatura de Morelos, sin embargo, la actual ha superado todos los límites de los excesos y abusos contra el erario; y es que, los llamados "angelitos" que aún ocupan curules como diputados se aseguran no solo su futuro económico, sino posiblemente el de generaciones venideras, no solo a través de sus salarios desproporcionados, sino por los cuantiosos recursos públicos que han manejado, incluyendo los presuntos negocios millonarios ligados a las designaciones de magistraturas.

SAQUEO Y OPACIDAD EN MORELOS.- Resulta ofensivo, lamentable y alarmante el derroche descarado de 460 millones de pesos en tan solo siete meses, sin que se haya dado cuenta clara y transparente de cómo se han distribuido esos fondos entre los 20 legisladores de partidos como PAN, PRI, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PT, Redes Sociales Progresistas y Morena.

Es crucial que la impunidad no reine, ya que no se puede permitir que cada legislatura llegue, saquee las arcas públicas, cometa actos que socavan los principios democráticos y por ello, es imperativo investigar y esclarecer cómo y en qué se gastaron esos 460 millones de pesos en tan poco tiempo. Por lo que es muy probable que una gran parte de ese dinero haya sido destinado a campañas políticas, beneficiando al menos al 50% de los legisladores que buscaron reelegirse u ocupar otros cargos de elección popular.

Los pseudo representantes populares no pueden seguir haciendo de la política un festín de impunidad y enriquecimiento personal a costa del pueblo, por lo que deben ser castigados y sancionados de manera ejemplar para restaurar la confianza y la integridad en nuestras instituciones democráticas.

Por ello, es momento de rendir cuentas y de garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio real de la ciudadanía, no para engrosar cuentas personales ni para alimentar maquinarias electorales corruptas; más porque la sociedad merece transparencia y justicia.

REPROBADOS EN TRANSPARENCIA.- Es inadmisible. Una vez más, nos encontramos frente a una legislatura marcada por excesos y abusos, donde el dinero público ha sido manejado con voracidad y opacidad. Por lo que si se descubren culpables, deben enfrentar consecuencias severas: devolver el dinero malversado y ser inhabilitados para ocupar cualquier cargo en la administración pública federal, estatal o municipal.

Y es que no podemos permitir que quienes han saqueado las arcas públicas se mantengan impunes, buscando refugio en nóminas gubernamentales para evitar rendir cuentas, la próxima legislatura enfrenta un desafío monumental: detener los abusos económicos y políticos que han obstaculizado el avance democrático que Morena ganó en las urnas. Cierto es que la manipulación de órganos legislativos clave como la Junta Política y de Gobierno, la Mesa Directiva y la Presidencia de la Comisión de Hacienda ha sido una afrenta a la voluntad popular.

Es imperativo que se tomen acciones legales, judiciales e incluso penales una vez que estos legisladores pierdan su fuero, por lo que deben responder por los posibles delitos cometidos y por la presunta malversación de recursos, por lo que es fundamental que se les sancione y se les obligue a devolver lo sustraído, haciendo uso de la influencia y el poder que han detentado de manera indebida.

Además, es urgente una intervención en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), pues la complicidad o negligencia de sus titulares no debe quedar impune, de ahí que se requeire de un órgano de control que actúe con integridad y firmeza, no como parte del problema.

Más cuando la sociedad demanda justicia y transparencia y por ello no se puede permitir que los intereses personales y partidistas sigan prevaleciendo sobre el bien común; es hora de que los verdaderos representantes del pueblo asuman su responsabilidad y restablezcan la confianza en nuestras instituciones democráticas.

VIOLENTAN LA LEY.- Una vez más, los diputados salientes de Morelos demuestran su desprecio por la ley y la transparencia, priorizando sus propios intereses sobre el deber ético y legal de rendir cuentas al pueblo; han violado flagrantemente los preceptos constitucionales y legales que establecen la obligación de comparecer ante el Congreso del Estado.

El caso del fiscal Uriel Carmona Gándara es emblemático. A pesar de la clara disposición del artículo 79 de la Constitución Política del Estado de Morelos y el artículo 22 fracción 15 de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, que obligan al fiscal a presentarse semestralmente ante el pleno del congreso para informar sobre su gestión, los diputados decidieron obstruir este proceso crucial.

Según Francisco Sánchez Zavala, diputado del PAN, se acordó de manera conjunta no permitir que el fiscal Carmona Gándara compareciera, ignorando por completo su responsabilidad constitucional. La última vez que compareció fue el 5 de octubre de 2023, y han pasado más de ocho meses desde entonces, sin que haya rendido cuentas ante el congreso.

Es inaceptable que los legisladores actúen de esta manera, seleccionando arbitrariamente qué aspectos de la ley cumplir y cuáles ignorar según su conveniencia política y personal. Esto no solo socava los principios básicos de la democracia y el estado de derecho, sino que también perpetúa un sistema donde la impunidad y la opacidad prevalecen sobre la rendición de cuentas y la justicia.

El pueblo de Morelos merece representantes que actúen con integridad y respeto por las instituciones democráticas. Es hora de que estos actos de desdén por la ley sean castigados con severidad y que se restablezca el imperio de la ley sobre los caprichos políticos. La sociedad exige una rectificación urgente y el cumplimiento estricto de las normativas que garantizan la transparencia y el buen gobierno.

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No acudirá el fiscal…