Observador político - Graco y el ¨show político¨ del fiscal Anticorrupción

La situación que rodea al ex gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu es un claro ejemplo de la impunidad que prevalece en el sistema político mexicano, por lo que el anuncio del fiscal Anticorrupción, Juan Salazar sobre su comparecencia ante la justicia morelense por diversas irregularidades ha generado expectativas, pero lamentablemente, parece que será más un espectáculo mediático que una verdadera búsqueda de justicia.

COMPLICIDAD INSTITUCIONAL.- Resulta irrisorio que se le convoque principalmente por un crédito para la adquisición de una camioneta, mientras se ignoran presuntos desfalcos multimillonarios, pagos a proveedores inexistentes y otras posibles irregularidades durante su mandato; parece que el sistema está diseñado para permitir que figuras políticas de alto calibre evadan responsabilidades, mientras se persiguen detalles menores para mantener una apariencia de combate a la corrupción.

Además, la vinculación del ex gobernador con figuras influyentes dentro del Tribunal Superior de Justicia plantea serias dudas sobre la imparcialidad del proceso. ¿Cómo se puede esperar un veredicto justo cuando aquellos encargados de impartir justicia tienen vínculos con el acusado?

Es evidente que Graco Ramírez busca capitalizar este episodio para mantenerse en el centro de atención política y debilitar a sus rivales, aprovechando las deficiencias y la falta de independencia en el sistema judicial; mientras tanto, la ciudadanía observa con indignación cómo aquellos que deberían rendir cuentas por sus acciones se mueven con total impunidad en un juego de intereses políticos.

Esta situación deja en claro la urgente necesidad de reformas profundas en el sistema judicial y político mexicano, para garantizar la verdadera rendición de cuentas y poner fin a la cultura de la impunidad que tanto daño ha causado al país; de ahí que es imprescindible que se fortalezcan las instituciones encargadas de combatir la corrupción y se garantice su independencia del poder político.

Por lo tanto, el compromiso que hizo el titular del Ejecutivo de mandarlo a prisión quedará solo en palabras porque no ocurrirá ello.

GRACO RAMÍREZ: IMPUNIDAD PERPETUADA.- Hay que recordar que a finales de septiembre del año pasado, Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos, se amparó ante el riesgo inminente de enfrentar la justicia por presuntas irregularidades durante su gestión. Este recurso legal, solicitado para evitar una posible detención, pone de manifiesto una vez más los privilegios y la impunidad que parecen rodear a ciertos miembros de la clase política en nuestro país.

La demanda presentada por la actual administración del Instituto de Crédito señalaba el otorgamiento de 600 mil pesos, a Graco Ramírez para la adquisición de un vehículo, hecho, ocurrido días antes de concluir su mandato, lo que levantó suspicacias y alimentó la percepción de corrupción que ha caracterizado a muchas administraciones pasadas.

El amparo obtenido por Ramírez, bajo el expediente 1327/2023 y resuelto por el Juzgado Tercero de Distrito con sede en el Estado de Morelos, es un ejemplo más de cómo se utilizan los recursos legales para eludir la responsabilidad ante posibles actos de corrupción; la suspensión provisional concedida en este caso, específicamente señalando que no sea detenido salvo por delitos que impliquen prisión preventiva oficiosa, resalta la falta de transparencia y la debilidad del sistema judicial mexicano.

MORELOS, EN EL ABISMO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA.- En el corazón de un proceso electoral que promete ser uno de los más acalorados y problemáticos de la historia, el estado de Morelos se encuentra sumido en un caos que desgarra el tejido social y amenaza con engullir cualquier atisbo de democracia; la presencia ominosa de grupos criminales, envalentonados y dispuestos a manipular el curso de la política, plantea un escenario desolador y alarmante para quienes aún conservan la fe en un futuro mejor.

La inseguridad, como un monstruo voraz, devora vidas inocentes y siembra el terror en cada rincón de la entidad, no es exageración, los números no mienten: en apenas un mes y medio, Morelos ha sido testigo de diez femicidios, una cifra que nos confronta con la cruda realidad de una sociedad quebrantada por la violencia desenfrenada. Sin embargo, a diario, los titulares nos recuerdan la crudeza de la situación, con asesinatos que dejan una estela de dolor y desesperanza a su paso.

Ante este escenario dantesco, resulta indignante la pasividad de las autoridades federales, estatales y municipales. ¿Cómo es posible que frente al clamor de un pueblo que sufre, aquellos encargados de velar por su seguridad permanezcan impávidos, como espectadores indiferentes ante la tragedia que se despliega a sus pies? La complacencia de quienes detentan el poder resulta inaceptable en un contexto donde la vida misma pende de un hilo.

José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad, ha sido contundente al reconocer la gravedad de la situación, sin embargo, ya se acostumbró a ofrecer ese tipo de declaraciones pero lo justo, lo que demanda la población son resultados del jefe policiaco. Y es que, el aumento del 15% en los homicidios respecto al año anterior evidencia la ineficacia de las estrategias implementadas para contener la violencia; más alarmante aún es la presencia de grupos criminales como la Familia Michoacana y el cártel "Unión Tepito" en el territorio morelense, perpetuando un reinado de terror y perpetuando la impunidad que ahoga cualquier intento de justicia.

De ahí que nos encontramos en una encrucijada histórica, donde la violencia y el crimen organizado amenazan con eclipsar cualquier atisbo de progreso y bienestar; es inconcebible que en pleno siglo XXI, en un país que se jacta de ser civilizado, la barbarie y la injusticia campeen a sus anchas, sembrando el miedo y la desesperación en el corazón de la población.

Es hora de alzar la voz y exigir un cambio radical en las políticas de seguridad. Es hora de reclamar justicia y protección para todas y todos los ciudadanos de Morelos; la paz y la seguridad no pueden seguir siendo un espejismo inalcanzable en nuestra sociedad.

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