Observador político - Fortaleció el Congreso la mediocridad y corrupción en el TSJ

El reciente proceso de selección de magistrados para el Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha sido un triste reflejo de la falta de integridad y seriedad en el ámbito judicial, los verdaderos profesionistas del derecho se quedaron en el camino y al final, fueron designados los amigos de los diputados y aquellos que, a decir del Foro Morelense de Abogados, llegaron con las maletas de dinero para comprar esos cargos por algo así como 5 millones de pesos.

¿VENTA DE MAGISTRATURAS? La conformación de esta instancia, crucial para el correcto funcionamiento del sistema de justicia en el estado, ha sido manejada con opacidad y desdén por parte de quienes tienen el deber de velar por la transparencia y la idoneidad en la selección de los candidatos.

Es alarmante constatar que la mayoría de los magistrados seleccionados carecen de la experiencia y la trayectoria necesarias para ocupar tan importantes cargos. En lugar de priorizar el mérito y la capacidad profesional, parece que las decisiones se tomaron en base a acuerdos cupulares y políticos entre los miembros del G14, dejando de lado a individuos con verdadero conocimiento del sistema judicial y experiencia litigando en los tribunales.

Resulta aún más preocupante el hecho de que, según denuncias del presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, este proceso haya estado marcado por la presunta venta de magistraturas, convirtiendo la justicia en un negocio millonario para algunos privilegiados. La complacencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante estas prácticas corruptas es un golpe a la confianza en el sistema judicial.

El proceso de selección de magistrados debe ser riguroso y transparente, garantizando que aquellos que ocupen estos cargos cuenten con la experiencia, la ética y el compromiso necesarios para impartir justicia de manera imparcial y efectiva. Sin embargo, lo que presenciamos en Morelos es todo lo contrario.

LA FARSA DETRÁS DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MAGISTRADOS. - El proceso de selección de magistrados en Morelos dejó al descubierto una trama de intereses oscuros y falta de seriedad que pone en entredicho la integridad del sistema judicial en la entidad; detrás de lo que debería ser una elección responsable y basada en criterios profesionales, se escondió un verdadero "show" donde los protagonistas son los acuerdos políticos y el lucro personal.

Resultó ofensivo y alarmante que apenas unos días después de concluida la "pasarela" de aspirantes, el presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, Alejandro Martínez Bermúdez, anunciara la inmediata revelación de los ganadores. La premura fue una afrenta a la seriedad que debió caracterizar este proceso, evidenciando la falta de consideración por la importancia de elegir a magistrados competentes y probos.

Lo cierto, es que la ausencia de una revisión detallada de los 245 proyectos, ensayos y criterios utilizados para determinar a los candidatos idóneos plantearon serias dudas sobre la transparencia y la ética del proceso, cuestionada en todo momento por organizaciones ciudadanas y empresarios de los diversos ramos quienes, en todo momento, demandaron algo que nunca existió como fue la transparencia y rendición de cuentas. A los diputados en nada les importó subestimar la relevancia de la justicia en Morelos y la necesidad imperante de contar con magistrados capaces de velar por la equidad y el Estado de Derecho.

MAQUINARIA CORRUPTA, UNA AMENAZA A LA JUSTICIA. - El Congreso, ese espacio supuestamente destinado a representar los intereses del pueblo, se ha convertido en un escenario lamentablemente predecible de manipulación y corrupción; bajo la sombra de la opacidad y el desdén por la rendición de cuentas, los legisladores del G14 han encontrado un nuevo pasatiempo: la designación de magistrados sin mérito alguno más allá de sus conexiones políticas y su billetera repleta.

El reciente anuncio del presidente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso de Morelos, Francisco Sánchez Sotelo, revela una vez más la profundidad de esta decadencia institucional; el retraso deliberado en el nombramiento de magistrados y titulares de órganos autónomos hasta después de las elecciones del 2 de junio de 2024 es una maniobra cínica para evitar la atención pública y garantizar impunidad a aquellos cómplices del nepotismo y la incompetencia.

Es una artimaña siniestra argumentar que el proceso electoral contaminaría la integridad de estas designaciones, cuando la verdad es que la mayoría de los diputados estarán ocupados en sus campañas personales, lejos de cualquier interés genuino por la justicia y el bienestar público. ¿Cómo podemos esperar un proceso transparente y legalmente sólido cuando quienes deben garantizarlo están más preocupados por asegurar su propia reelección que por cumplir con su deber constitucional?

Es fácil caer en la retórica vacía de Sánchez Zavala, cuando promete transparencia y apego a la legalidad, pero la realidad nos muestra una historia muy diferente. Y es que, las convocatorias recién aprobadas son solo el primer paso en una farsa que ya ha sido ensayada demasiadas veces en el pasado; la falta de experiencia y trayectoria judicial de los nominados, junto con las sospechas bien fundamentadas de sobornos y favoritismos, hacen que sea imposible tomar en serio estas garantías vacías de legalidad y transparencia.

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