Observador político - ESAF VS Fiscalía Anticorrupción

Hace tres meses personal de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que preside Juan Salazar Núñez, realizó un cateo en la Tesorería y área de ingresos del gobierno de Cuernavaca, como parte de las investigaciones contra el edil, Antonio Villalobos y algunos de sus colaboradores, derivado de una denuncia anónima. Ayer mismo, volvió a realizar otra acción similar en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, por negarse a entregar documentación a la institución.

LA CONFRONTACIÓN.- Evidentemente que los señalamientos que se le han hecho al fiscal, Juan Salazar, van encaminados por las investigaciones que está realizando, sin embargo, de igual manera resulta extraño, que haya un número importante de personajes de la política que han hecho de las suyas al demostrar un cariño inmenso por el dinero que no es suyo, recursos públicos y no pasa absolutamente nada. ¿Nombres? Varios, ahí están en una enorme lista la mayoría de los exdiputados de la 53 legislatura local que saquearon de una forma grotesca dinero del erario y a pesar de que dos o tres siguen en procesos judiciales, la mayoría anda tranquilo por las calles del estado ya que incluso, no se vieron en la necesidad de buscar refugio o esconderse en otras entidades del país o del mundo.

Es increíble que hoy en día, con tan sólo una denuncia anónima se realice una investigación y se inicien procesos de investigación que son mediáticos, más aún, en medio de un proceso electoral como en el que nos encontramos actualmente. Y esto no significa que la ESAF esté haciendo bien las cosas, en virtud de que es una dependencia que durante años, ha servido solo como una institución desde donde los legisladores –como pasó en la 53- amenazan a los alcaldes que se les rebelan, es decir, es una forma de presionarlos o ayudarlos, según sea el caso. Lo cierto es que esta dependencia, difícilmente ha logrado un proceso jurídico contra algún servidor público que amerite una sanción no solo resarcitoria sino hasta penal. No recuerdo nombres de alcaldes o servidores públicos que sean inquilinos del penal de Atlacholoaya, por malos manejos financieros en el periodo que les haya tocado administrar recursos públicos. Para muchos, esta dependencia, la ESAF, es una agencia de colocaciones, donde llegan los amigos de los amigos del Congreso –ya es cíclico-, así como un elefante blanco en que se ha convertido la institución que no da resultados importantes que le ayuden a la sociedad morelense.

Lo triste, es que para diversos sectores de la población, hay varios políticos que han sido dizque “representantes populares” y tal parece, incurrieron en prácticas ilícitas en cuanto al manejo de los recursos que mal administraban y no pasa nada. No se les denuncia, no se les investiga y por consecuencia lógica, no pasará absolutamente nada pese a la rabia e inconformidad social.

Para nadie es un secreto la relación de Juan Salazar Núñez con el exgobernador, Graco Ramírez Garrido Abreu, por ello, es importante y fundamental que se corte el cordón umbilical e inicie acciones verdaderamente importantes. Lo primero, es presentar las denuncias penales bien armadas y estructuradas para que los abogados de los señalados no se las tumben. Además de llegar hasta las últimas consecuencias reales y no ficticias, porque se denuncia, se litiga en los medios pero al final, pasan los años y jamás pisan las frías celdas de Atlacholoaya. Urge un manotazo del fiscal anticorrupción que evidencia que en verdad, está haciendo las cosas como se debe, sin venganzas o alguna orden de carácter político.

POLÍTICOS SEÑALADOS POR CORRUPCIÓN.- Los integrantes de la legislatura actual, hace ya casi dos años, acudieron juntos a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y presentaron una denuncia penal por los delitos de ejercicio indebido de las funciones, peculado y desviación de recursos en contra de sus antecesores en el Congreso del Estado, sobre todo, de los expresidentes de la Mesa Directiva, Junta Política y de Gobierno (JPyG), y de la Comisión de Vigilancia de la 53 Legislatura. En una de las tantas ocasiones, de la mano, sonrientes iban: Tania Valentina Rodríguez Ruiz, José Casas, Dalila Morales, entre otros y la coincidencia decían, era “tratar de recuperar la confianza y credibilidad que no tienen”.

Empero, estamos inmersos en un inédito proceso electoral y luego de dos años las denuncias presentada contra Hortencia Figueroa Peralta, Beatriz Vícera Alatriste, así como el aspirante a la alcaldía de Cuernavaca, Francisco Moreno Merino, la experredista Silvia Irra Marín, y Julio Espín Navarrete, tal parece no proceden. Las dos primeras son imputadas pero el resto, tal parece están blindados y tienen la protección para que la justicia no los alcance.

Otra que también fue denuncia por representantes del Congreso del Estado de Morelos ante la Fiscalía General de la República (FGR), por utilizar presuntamente documentos falsos que pueden constituirse en un delito penal, fue María del Carmen Verónica Cuevas López, quien por cierto, anda desatada en los eventos de aspirantes a contender por Cuernavaca. Es decir, la exmagistrada después de salir por la puerta de atrás del Poder Judicial, ha decidido dedicarse de tiempo completo a la política, sin importarle que es repudiada y señalada en las redes sociales en su aspiración de contener por algún puesto de elección popular para el próximo año 2021.

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