Observador político - El legado del Cuauh: pensiones ¨doradas¨ a sus amigos del poder

A tan solo tres días de abandonar el cargo como gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, exfutbolista y actual diputado federal por Morena, dejó un regalo muy particular para sus colaboradores más cercanos: pensiones vitalicias. Este gesto, otorgado a algunos de los personajes más polémicos de su administración, ya causó revuelo en el ámbito político y social, especialmente cuando se sabe que varias de estas personas estuvieron vinculadas a dependencias señaladas por actos de corrupción.

EDUARDO GALAZ CHACÓN… Este tipo de actos del exseleccionado nacional del tricolor ha ocasionado un malestar generalizado porque dispuso de dinero que no es suyo, pero ¿qué significa este acto para la política de Morelos y para el pueblo que sufría, año tras año, las promesas incumplidas de una administración que no solo permitió, sino que parece haber premiado las malas prácticas?

Hay que recordar que el 27 de septiembre del año pasado, a solo unos días de culminar su mandato, se publicó en el “Periódico Oficial Tierra y Libertad” los decretos que avalaron estas pensiones, firmados por Blanco Bravo cuando ya había dejado el cargo para asumir su posición en la Cámara de Diputados; el hecho de que los beneficiados fueran personas de confianza y, en algunos casos, involucradas en dependencias vinculadas a escándalos de corrupción, levanta una nube de dudas sobre la ética de este acto.

Uno de los beneficiados más controversiales es el de Eduardo Galaz Chacón, exsecretario de Movilidad y Transporte (SMyT), una dependencia cuya gestión estuvo marcada por denuncias de corrupción y actos de extorsión; y pese a los señalamientos y las protestas de los trabajadores del transporte, quienes exigían la salida de los funcionarios corruptos, Galaz Chacón fue recompensado con una pensión vitalicia de 52 mil 500 pesos mensuales. Esto no solo es un insulto a la ciudadanía que sufrió el abuso de poder de estas figuras, sino también una clara manifestación de cómo el sistema político sigue recompensando la impunidad.

Pero no es el único caso, ya que José Israel Calderón Reyes, quien ocupó la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura durante los últimos meses del mandato de Blanco, también recibió su parte del botín: 67 mil 500 pesos al mes, a pesar de haber tenido menos de cinco meses en el cargo y ser significativamente más joven (solo 50 años). Esta dependencia, además, fue una de las señaladas por irregularidades en la administración, como lo mencionó la propia secretaria de la Contraloría.

LOS MÁS CORRUPTOS.- Es curioso, y no menos indignante, que las figuras mencionadas en estos decretos sean las mismas que formaban parte de las estructuras de poder que manejaban las decisiones más controvertidas en el estado; por ejemplo en el caso de la SMyT, que fue señalada por abusos, como los trámites agilizados mediante despachos de gestoría, y de la propia Jefatura de la Oficina de la Gubernatura, es el ejemplo claro de cómo la corrupción se perpetúa y cómo las elites políticas logran siempre salir bien libradas, mientras las y los ciudadanos continúan enfrentando un sistema que les da la espalda.

Lo que se vive en Morelos no es un caso aislado ya que este tipo de prácticas refleja la decadencia del sistema político mexicano, en donde aquellos que favorecen los intereses del poder, en lugar de rendir cuentas por sus actos, reciben generosos beneficios tras abandonar sus cargos; es un espectáculo vergonzoso de impunidad que debe ser denunciado enérgicamente. La pregunta ahora es: ¿quién pagará por la corrupción que se permitió, y en muchos casos, se promovió? No es suficiente con exigir justicia, sino que se deben tomar medidas que aseguren que estos privilegios no se repitan en el futuro.

La administración de Cuauhtémoc Blanco, al otorgar estas pensiones vitalicias, se ha mostrado como un claro ejemplo de cómo el poder sigue funcionando en favor de unos pocos, mientras la gran mayoría sigue atrapada en un ciclo de desigualdad y falta de transparencia. Morelos, y el país en general, necesitan un cambio profundo en su sistema político, donde la rendición de cuentas sea una realidad y no una promesa vacía.

IMPUNIDAD COMO NORMA: EL CASO DE KARINA ARTEAGA.- Lo del Cuauh, nos recuerda lo que se vivió en la Legislatura LV del Congreso de Morelos, donde los hilos de la impunidad parecen entrelazarse con la política de tal manera que parece casi imposible deshacerlos.

Un ejemplo de ello es el caso de Karina Arteaga, esposa del diputado Julio César Solís Serrano, es un claro ejemplo de cómo las instituciones del estado, en lugar de proteger a la ciudadanía de la corrupción, acaban perpetuando el abuso del poder. Arteaga, quien fue señalada por expedir 26 constancias de antigüedad a familiares y allegados de los diputados de la LIII legislatura, no solo logró evadir cualquier acción legal, sino que incluso recibió una pensión dorada sin merecerla, como si la justicia fuera un privilegio exclusivo para unos pocos.

El Fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez, se vio obligado a confirmar que se le otorgó a la esposa del diputado un “criterio de oportunidad”, un mecanismo legal que debería aplicarse con extrema cautela, pero que en este caso fue utilizado para proteger a quienes están cerca del poder. Este acuerdo, que implicaba que Arteaga proporcionara pruebas contra otros actores involucrados, deja claro que la justicia no fue lo que se buscó, sino más bien el proteger a quienes están relacionados con los hilos de la corrupción. Al final, no se trató de buscar justicia, sino de desviar la atención hacia los que, en teoría, serían los "mayores responsables", una estrategia que huele más a complicidad que a verdadera investigación.

A pesar de los escándalos, la impunidad fue la constante. El Fiscal Anticorrupción llegó incluso a justificar su decisión de no proceder contra Arteaga, alegando que su caso debía ser "debidamente judicializado" por otros, y dejando entrever que el “criterio de oportunidad” era solo un medio para llegar a los verdaderos responsables. Sin embargo, esa misma justicia que se promete no ha llegado a quienes realmente deberían rendir cuentas por la creación de este sistema de “pensiones doradas”, un esquema que sigue siendo una de las mayores manifestaciones de la corrupción estructural que corroe nuestras instituciones.

El colmo de la hipocresía llegó cuando el Fiscal prometió entregar un informe detallado sobre el avance de las denuncias por las pensiones doradas, pero dicho informe nunca llegó. La falta de rendición de cuentas y la evasión de responsabilidades siguen siendo una constante en el actuar de las autoridades, que, lejos de luchar contra la corrupción, se encargan de proteger a los actores políticos que la perpetúan.