Observador político - El atraco de magistrados del TSJ por su pensión en Morelos

La reciente propuesta de reforma al Poder Judicial Federal (PJF) ha desatado una tormenta entre los magistrados del país, incluyendo aquellos de Morelos, quienes parecen más preocupados por sus privilegios económicos que por la verdadera mejora en la impartición de justicia. Y es que, en lugar de enfocarse en sacar al estado de Morelos del
último lugar en este rubro crucial, algunos magistrados se afanan por asegurar beneficios económicos antes de que las reformas constitucionales entren en vigor, como el aprobado haber de retiro.

¡LOGRAN UNIDAD… POR DINERO! Quizá por ello, los magistrados de Morelos que recientemente fueron designados por un periodo de 14 años, ganando más de 100 mil pesos mensuales (haciendo un total de 21 millones de pesos por todo el tiempo si lo completan con su respectivo aguinaldo disfrazado que perciben), andan nerviosos y preocupados razón por la cual, pese a no poder ver a su presidente, Luis Jorge Gamboa Olea, a quien no reconocen como tal, hicieron su máximo esfuerzo y decidieron convocar a sesión de pleno logrando la coincidencia de todos por una razón inquebrantable, aprobar reformas que fueron enviadas al Congreso para que tengan los togados las mejoras económicas en caso de que sean destituidos del cargo. La ambición por el dinero fue lo que los unió, otra vez, a los “honorabilísimos” y “honestísimos” magistrados.

Hay que mencionar que la reforma federal, plantea cambios significativos que buscan transformar el PJF en una institución más eficiente, austera y transparente. Uno de los pilares de esta propuesta es la elección popular de ministros, magistrados y jueces, lo cual aseguraría una legitimidad democrática que actualmente falta en la elección de estos cargos. La reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 y la disminución del periodo de encargo de 15 a 12 años son medidas que apuntan a evitar la consolidación de poder y a fomentar una rotación más dinámica dentro del máximo órgano judicial del país.

Uno de los puntos más controversiales es la eliminación de la pensión vitalicia para ministros y magistrados, tanto actuales como futuros, este privilegio desmesurado no solo representa una carga económica insostenible para el país, sino que también perpetúa una élite judicial desconectada de la realidad de los ciudadanos a los que supuestamente sirven. Ajustar las remuneraciones al tope máximo presidencial es una medida necesaria para alinear los intereses de los servidores públicos con los del resto de la administración.

Empero, no todos están de acuerdo con estos cambios. Los críticos argumentan que la elección popular podría politizar demasiado el sistema judicial, poniendo en riesgo la independencia judicial, además, la resistencia de algunos magistrados a perder sus privilegios evidencia una resistencia al cambio que podría entorpecer los esfuerzos por reformar un sistema judicial obsoleto y corrupto.

De ahí que es fundamental que la reforma al PJF se lleve a cabo con un enfoque en
fortalecer la justicia y en erradicar la impunidad que ha caracterizado al sistema judicial mexicano durante décadas; es hora de que los intereses del pueblo estén por encima de los intereses de una élite judicial que ha demostrado estar más preocupada por sus propios beneficios que por el bienestar de la sociedad.

LAS TRANSAS LEGALOIDES.- Luego de que el presidente de la República, AMLO, diera a conocer la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal, con la cual se busca eliminar la pensión vitalicia o haber de retiro para actuales y futuros jueces, y promover la austeridad y la transparencia, se ha generado una gran controversia en Morelos; por lo que la reforma pretende acabar con los excesos de ministros y magistrados, y es en este contexto que el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea y los magistrados que integran el pleno del TSJ han presentado una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos para que se les apruebe un haber de retiro o pensión, independientemente de su antigüedad en el cargo.

Para algún sector de abogados, esta iniciativa es un insulto a la ciudadanía morelense, luego de que, magistrados que ni siquiera tienen un año de haber sido designados ya estén buscando asegurar una pensión millonaria antes de que entre en vigor la reforma federal impulsada por el presidente. De ahí que es claro que buscan aprovecharse de su posición para asegurar beneficios injustos a costa del erario público.

Los litigantes, a través de Pedro Martínez Bello, presidente del Foro Morelense de Abogados, hizo un llamado enérgico al Congreso del Estado para que no aprueben esta iniciativa presentada por el pleno del TSJ, sobre todo, porque argumentan que no se pueden otorgar derechos de pensión a magistrados que acaban de ser designados, muchos de ellos sin méritos suficientes y algunos sin cumplir los requisitos de ley. Por tanto, consideran que esta propuesta no es más que otro atraco a los ciudadanos de Morelos.

Sin lugar a dudas, es indignante que aquellos encargados de administrar justicia y mostrar un comportamiento honesto sean los primeros en intentar robarse el dinero público; si los diputados, por componendas y negociaciones con los magistrados, aprueban esta iniciativa, estarán colaborando en el saqueo del pueblo de Morelos como ya lo han demostrado cuando ampliaron el periodo de dos a cuatro a cuatro años en la presidencia de Luis Jorge Gamboa Olea y además, ellos mismos designaron a la mayoría de los actuales magistrados que tienen sumida en la podredumbre la impartición de justicia, tiene ubicado a Morelos en el último lugar a nivel nacional.

Incluso, un sector minúsculo de profesionistas del derecho, le solicitaron al gobernador en turno y a la gobernadora electa, Margarita González Saravia que veten este proyecto en caso de que los legisladores llegaran a aprobarlo.

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