Observador político - Eder Rodríguez y su triste pasado como legislador local

En octubre de 2013, la Cámara de Diputados del Congreso local tomó una decisión que hoy sigue pasando factura al pueblo de Morelos, luego de que avalaron una solicitud de crédito por más de 2 mil 800 millones de pesos, propuesta por el entonces gobernador Graco Ramírez, para endeudar al estado por 18 años. Esta medida, supuestamente destinada al desarrollo, ha resultado ser una losa financiera que continúa asfixiando a la población y entre los que lo aprobaron, fue Eder Rodríguez Casillas.

LAS DEUDAS QUE SE SIGUEN PAGANDO.- En aquella legislatura, la LIII, quien presidía la Comisión de Hacienda era Eder Rodríguez Casillas, hoy candidato a diputado local y afiliado al partido Redes Sociales Progresistas, por lo que resulta irónico que alguien con antecedentes de aprobar endeudamientos tan cuestionables busque ahora obtener el voto popular.

La aprobación de este crédito no estuvo exenta de señalamientos de corrupción; actos oscuros en la compra del predio y la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo mancharon este proceso; aunque se estipuló inicialmente un plazo de 25 años para pagar el empréstito, finalmente se acordaron 18 años, pero el peso sigue recayendo sobre los hombros de los morelenses.

Recientemente, la propuesta de endeudamiento presentada por el Ejecutivo estatal ha avivado viejas llamas en el Congreso local. Diferencias y divisiones han surgido entre los diversos grupos políticos, reflejando la discordia que persiste en torno a este tema.

Es importante resaltar que la autorización de esta enorme suma de dinero generó divisiones entre los legisladores de aquel entonces; hoy, de risa porque resulta sorprendente ver cómo antiguos enemigos políticos del PAN, PRI y PRD se unen en un mismo camino hacia la gubernatura de Morelos, evidenciando que los intereses personales muchas veces prevalecen sobre los principios partidistas.

ACUSADO POR INCUMPLIMIENTO DE PENSIÓN ALIMENTARIA.-  En el estado de Morelos, un nuevo paso se dio en la lucha contra la impunidad política tras la aprobación de la reforma constitucional 3 de 3 contra la violencia, la cual impide que aquellos acusados de agresiones sexuales, económicas, patrimoniales, físicas y políticas accedan a candidaturas y puestos públicos en 2024, es un avance importante en el camino hacia la justicia y la integridad en la esfera política.

Sin embargo, esta medida crucial ha sido eclipsada por la presencia persistente de figuras como Eder Rodríguez Casillas, quien, a pesar de estar señalado como deudor alimentario, sigue aspirando a cargos de elección popular. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI aún permitamos que individuos con acusaciones tan serias ocupen posiciones de poder y representación?

La Ley 3 de 3 aprobada por el Congreso de Morelos establece claramente que ningún agresor sexual, deudor alimentario o violentador familiar debe aspirar a ocupar un cargo público. Sin embargo, la reciente aprobación de esta ley no parece disuadir a aquellos que buscan obtener el poder político a cualquier costo.

Es alarmante ver cómo la ausencia de ética y responsabilidad se ha arraigado en la política, permitiendo que personas como Rodríguez Casillas continúen su carrera política sin enfrentar consecuencias por sus acciones. ¿Dónde queda la integridad moral y la responsabilidad pública en este escenario?

La falta de rendición de cuentas y la tolerancia a la impunidad solo sirven para socavar la confianza en nuestras instituciones democráticas. ¿Cómo podemos esperar que estos individuos, que no son capaces de cumplir con sus responsabilidades más básicas y elementales, representen verdaderamente los intereses de la ciudadanía?

JUSTICIA PARA ROBERTO Y LA URGENCIA DE LEGISLAR POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.- Un reconocimiento a todos los compañeros de los diferentes medios de comunicación quienes el pasado 27 de mayo, al menos unos 50 periodistas se congregaron al pie del memorial de víctimas en un ambiente funesto y condenable. La demanda fue unánime pese al dolor y en protesta por el secuestro y asesinato de nuestro colega Roberto Carlos Figueroa en el municipio de Huitzilac, un acto atroz que evidencia el peligro inminente que enfrentamos quienes ejercemos el periodismo en Morelos.

La comunidad periodística, en una asamblea pública, decidió alzar la voz y exigir justicia ante este crimen y ante la ola de violencia, intimidación y acoso que azota a los medios de comunicación en nuestra región.

Por ello, los reporteros se han dirigido a los diputados locales además de una reunión solicitada con el fiscal general del estado, el secretario de Gobierno en funciones de gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos para que se tomen acciones concretas:

Primero, reforzar la libertad de expresión en Morelos al considerar como imperativo legislar para garantizar un ambiente seguro y propicio para el ejercicio periodístico; más aún porque la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y no puede ser amenazada ni coartada bajo ninguna circunstancia.

Investigación transparente y exhaustiva del crimen de Roberto Carlos Figueroa: No aceptaremos excusas ni dilaciones; exigimos una investigación profunda que arroje luz sobre este terrible crimen y que identifique a los responsables materiales e intelectuales; pero sobre todo, evitar la impunidad que solo perpetúa la violencia y el miedo entre nuestra comunidad.

Los comunicadores han decidido alzar la voz para que sean escuchados en el Congreso del estado y por ello, demandan que se permita a un compañero reportero subir a tribuna y exponer la situación que se enfrenta como gremio, así como la urgencia de justicia para Roberto Carlos. Y es que, existe el clamor de que llegó el tiempo de que, nuestras voces sean escuchadas en los espacios de poder, donde se gestan las decisiones que afectan nuestras vidas y nuestra profesión.

Las autoridades tienen la responsabilidad histórica de proteger y garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos; por lo que no pueden permanecer indiferentes ante la violencia que amenaza nuestra libertad y nuestra seguridad y en ese sentido, es generalizado la petición de mantenernos firmes y unidos en nuestra lucha por la justicia y la libertad de expresión. Y es que, el cruel asesinato de Roberto Carlos Figueroa nos impulsa a seguir adelante, con la convicción de que unidos podemos construir un futuro más justo y seguro para todos.

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