Observador político - Cuauhtémoc Blanco y la conmemoración del 8 de marzo

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Cuauhtémoc Blanco y la conmemoración del 8 de marzo

La administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien gobernó Morelos entre 2018 y 2024, será recordada no solo por su falta de capacidad, sino por el desdén con el que se trató a la ciudadanía, especialmente a aquellos sectores más vulnerables y comprometidos con la justicia social, y es que, durante su sexenio, las puertas del palacio de gobierno se mantuvieron cerradas, no solo al pueblo, sino también a los colectivos feministas que luchan incansablemente por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Esta indiferencia institucional, combinada con una inacción palpable, es la verdadera herencia de un gobernante que, a pesar de ser un exfutbolista admirado, nunca estuvo a la altura de las expectativas políticas.

IMPUNIDAD DETRÁS DEL CUAUH.- La situación se complica aún más en vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando la figura de Cuauhtémoc Blanco se ve empañada por una grave acusación: el intento de violación en grado de tentativa realizado por su propia media hermana; este hecho no es un simple chisme ni un rumor; es una denuncia que debe ser tomada con seriedad. Y sin embargo, lo que se observa es un escudo protector que parece envolver al exgobernador, en una red de complicidades que lo mantienen alejado de la justicia.

Aunque el creador de la “Cuauhtemiña” ha declarado estar dispuesto a que se le investigue, las sombras de la impunidad lo siguen rodeando, sobre todo por el apoyo de líderes parlamentarios que parecen querer "congelar" la denuncia, permitiéndole escapar a través del fuero constitucional que ostenta como legislador.

Es en este contexto donde surge la figura de Elíasib Polanco Saldivar, presidente del PRI en Morelos, quien se ha convertido en una de las voces más críticas contra Blanco, tras denunciar públicamente no solo la corrupción que aqueja a la administración de Cuauhtémoc, sino también las amenazas de muerte que ha recibido debido a sus exigencias de justicia.

AMENAZAS AL LÍDER DEL PRI EN MORELOS.- Estas amenazas, que se han materializado en intimidaciones directas contra su persona y su familia, son una manifestación palpable de la violencia política que se vive en el estado. De ser ciertas, estas amenazas deberían ser investigadas a fondo, pues no solo demuestran la peligrosidad de los actores políticos involucrados, sino también el nivel de opresión que enfrentan aquellos que se atreven a desafiar a la figura política dominante.

Sin embargo, el exgobernador Cuauhtémoc Blanco y su círculo de poder parecen querer silenciar no solo a Polanco, sino a todos aquellos que han alzado la voz contra la corrupción, el abuso y la violencia; en este sentido, las amenazas de muerte no son solo un intento de intimidación, sino una estrategia para callar a la oposición, a aquellos que defienden la justicia y la verdad.

El hecho de que el exdiputado local del tricolor, Eliasib Polanco haya tenido que cambiar su número de teléfono en múltiples ocasiones para protegerse a sí mismo y a su familia es una señal alarmante de hasta qué punto la política en Morelos ha dejado de ser un espacio para el debate democrático y se ha transformado en un campo de intimidación y control.

Lo que está en juego aquí no es solo la imagen de un exgobernador cuestionado, sino la integridad de las instituciones de justicia que deberían ser imparciales y autónomas. Las acusaciones contra Cuauhtémoc Blanco son graves: vínculos con el crimen organizado, denuncias de abuso sexual por parte de su media hermana y la malversación de recursos públicos, todos estos elementos forman un rompecabezas que, si no se resuelve, nos dejará con una sensación de impunidad reinante. ¿Qué tan lejos está la justicia cuando el poder político se convierte en un muro infranqueable?

Elíasib Polanco ha sido claro al señalar que no cederá ante las amenazas. Su valentía debe ser un ejemplo para todos aquellos que aún creen en el poder de las instituciones y en la necesidad de un estado de derecho. Si algo queda claro en este escenario, es que la lucha por la justicia y la democracia en Morelos está lejos de terminar.

QUE SE VAYA, LE PIDEN A CAUUHTÉMOC SUS COMPAÑERAS.- En un contexto político en el que los privilegios y el encubrimiento siguen siendo moneda corriente, la diputada federal de Morena, Meggie Salgado, alzó la voz contra una de las figuras más controvertidas de la política mexicana: Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos.

Y es que no es común que una mujer, y menos aún una empresaria, se enfrente con tanta contundencia a figuras de poder, especialmente dentro de un partido como Morena, que se supone debe defender la justicia social y la equidad, empero, la postura de la legisladora federal no es solo un acto de valentía, sino un llamado a erradicar la impunidad y a transformar una cultura política que históricamente ha silenciado las voces de las mujeres y de aquellos que no cuentan con el respaldo de los grandes intereses.

El pronunciamiento de Meggie exigiendo que Cuauhtémoc enfrente las denuncias penales en su contra, sin el manto del fuero y el privilegio, nos coloca frente a una verdad incómoda: la justicia en México sigue siendo, en muchos casos, un bien que depende del poder político y económico. No basta con que el sistema judicial exista en papel; se requiere que se ejecute de manera efectiva, sin excepciones, ni distinciones de clase, poder o influencia. La diputada lo dijo con claridad: “La justicia para las mujeres es un tema que no debe politizarse, debe ser una cuestión de principio”. Un principio que debe anteponerse a los intereses partidistas y a las prácticas que han permitido que impunidad se perpetúe.

Es particularmente relevante que esta exigencia venga de una mujer, en una sociedad como la nuestra, donde las mujeres históricamente han sido excluidas de los círculos de poder, la política de igualdad de género sigue siendo, a menudo, una fachada; por lo que las denuncias de violencia, acoso o abuso sexual siguen siendo desestimadas, y los perpetradores, especialmente aquellos que gozan de un cargo público o de una posición de poder, casi siempre logran eludir la justicia. Es por ello que la postura de Meggie Salgado resulta ser un acto subversivo y profundamente necesario.

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