Observador político - Continúa la corrupción en Movilidad y Transportes

El reciente cambio en la Coordinación General de Movilidad y Transportes de Morelos, con la salida de Josué Fernández Fernández y Andrés Bahena Martínez, involucrados en presuntos actos de corrupción, no debe interpretarse como una victoria contra el flagelo de la corrupción que ha permeado este organismo estatal. Más allá del relevo en el cargo con la llegada del exdiputado Jorge Alberto Barrera Toledo, la realidad es que este cambio solo puede considerarse superficial si no se lleva a cabo una reestructuración profunda, que abarque a todo el personal de confianza y sindicalizado dentro de la dependencia.

LA LARGA RAÍZ DE LA CORRUPCIÓN.-  Y es que para nadie es un secreto que los actos de corrupción no nacen de manera aislada; ellos son el reflejo de un sistema que, durante años, ha permitido que se eche raíces profundas, protegiendo intereses particulares por encima de la función pública, por ello; por lo que es necesario destacar que las acusaciones contra los exfuncionarios no son nuevas, ya que desde su llegada al gobierno en octubre del año pasado, tanto Fernández como Bahena fueron señalados por los ciudadanos y medios de comunicación como parte de un entramado de corrupción.

Sin embargo, la gobernadora Margarita González tuvo que entrar al quite y dar un golpe en la mesa para frenar los actos de corrupción que se detectaron en la dependencia tras dos cambios de titular en la coordinación; lo que demuestra que hay voluntad política real para erradicar de raíz estos comportamientos ilícitos. De ahí la destitución de Josué Fernández por presuntos actos de corrupción, anunciada por Juan Salgado Brito, Secretario General de Gobierno, que fue una señal de cambio verdadero y de evidenciar que en este gobierno no se permitirá la corrupción más.

Empero, la falta de detalles sobre los presuntos actos de corrupción de Fernández solo alimenta la opacidad que rodea estos escándalos y no genera confianza en la gestión pública; por otro lado, la suspensión temporal de actividades que se dieron en la Coordinación General de Movilidad y Transportes, tras las denuncias de corrupción, y su posterior reanudación con normalidad, reflejó una complacencia sistemática con el funcionamiento de una institución cuyo verdadero propósito parece haberse distorsionado.

SIGUEN OPERANDO LOS MISMOS.- Y es que, son los mismos empleados los que formaban parte del círculo de confianza de los ahora exfuncionarios corruptos quienes continúan operando sin mayores cambios, lo que deja claro que los procedimientos internos de control son ineficaces, es decir, si no se realiza una depuración en toda la estructura, no habrá manera de erradicar los actos ilícitos que siguen ocurriendo tras bambalinas.

A lo largo de este proceso, es evidente que la cultura de impunidad persiste. No es suficiente con remover a un par de piezas del engranaje de un sistema corrupto, por lo que la falta de acciones concretas para asegurar que los responsables realmente enfrenten las consecuencias de sus actos es un claro indicio de que las autoridades gubernamentales están más interesadas en dar una apariencia de solución que en llevar a cabo una reforma estructural que realmente apunte a la raíz del problema.

Lo cierto es que la Coordinación de Movilidad y Transportes ha sido, por años, un nido de corrupción estructural, alimentada por décadas de malas prácticas que continúan operando con total impunidad.

A pesar de los intentos de reestructuración, los problemas siguen ahí, como una sombra que persigue a la administración, porque el mal no está únicamente en los funcionarios individuales, sino en un sistema profundamente arraigado. Cambiar a diez mil funcionarios no solucionará el problema de raíz; lo que está en juego es una red de intereses y prácticas corruptas que se alimentan de las fallas y vacíos de las estructuras de poder.

URGE UNA LIMPIA DE PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA.- La llegada de nuevos funcionarios, como la directora de administración Laura Mendizábal, ha contribuido a retrasar más los problemas por su actitud prepotente y altanera en su actitud y preocupante más, sin la experiencia en el ramo tan complejo de la movilidad han generado más conflicto que soluciones. Cierto es que la mayoría de la estructura de personal sigue estando compuesta en su mayoría por empleados sindicalizados, quienes no solo se benefician de los favores políticos, sino que son los principales responsables de las irregularidades que proliferan a diario.

Estos trabajadores, con años de poder acumulado, utilizan su posición para realizar trámites de manera ilegal, favoreciendo a quienes les pagan por adelantado o les entregan dádivas; a través de un modus operandi claro y sistemático, extorsionan a los usuarios, exigen dinero para acelerar procesos y hacen negocios ilegales que enriquecen a unos pocos a costa del resto de la población.

El esquema es simple: los trámites se convierten en una mercancía. El personal sindicalizado, que sigue sin ser movido a pesar de su implicación en actos ilícitos, continúa con su actividad irregular al combinarse con los gestores y otras figuras dentro de la burocracia. Los pagos ilegales se realizan a través de transferencias bancarias a cuentas personales, mientras que los empleados "favoritos" hacen lo imposible para que ciertos documentos sean entregados sin que los usuarios tengan que esperar en largas filas. De esta manera, la corrupción en la Coordinación de Movilidad y Transportes no solo está organizada, sino que es un círculo vicioso difícil de romper.

Es fundamental destacar que la situación no es exclusiva de la capital; en delegaciones como Jojutla, la corrupción también ha arraigado profundamente, y la solución sigue siendo la misma: reubicar a todo el personal sindicalizado y de confianza en otras dependencias, para que no puedan seguir operando en el área de movilidad.

Email: gerardonoticias01@gmail.com

X: @gerardosuarez73