Observador político - Ambición desmedida por el dinero en TSJ de Morelos

Antes de dejar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Morelos (TSJ), Rubén Jasso Díaz afirmó que dejó un Poder Judicial fortalecido y con finanzas sanas; además, de haber sido él quien presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obligó al Congreso a incrementarle casi al doble el dinero que percibe anualmente, pero a quien le está tocando disfrutar de este millonario presupuesto, es a su sucesor Luis Jorge Gamboa Olea.

INFORME DEL TSJ, UNA PARAFERNALIA. - Por lo tanto, hoy que tiene dinero a manos llenas el Poder Judicial de Morelos ya no sabe su titular en qué, ni cómo gastarlo por lo que ha empezado a realizar gastos superfluos y excesos que, como ejemplo, han quedado evidenciados hace días durante el informe que presentó el magistrado presidente Luis Jorge Gamboa Olea.

Muchos de los asistentes pensaron que era una fiesta “fifí” más que un informe de actividades del titular del Poder Judicial de Morelos, luego de que en la entrada, muy mono decidieron instalar cuatro letras muy grandes que no eran otra cosa que las iniciales del togado: LJGO, las cuáles además estaban adornadas de flores preciosas que sirvieron de marco para que muchos de los asistentes -en su mayoría profesionistas del derecho- como si se tratara de una boda o quince años, se tomarán la foto del recuerdo.

Pero no fue solo eso, sino que el gasto que corrió por cuenta del Tribunal Superior de Justicia de sus invitados especiales que llegaron de otros estados del país a la cena que organizó en el Hotel Holiday Inn, aunado a la presentación del exitoso grupo musical de los años 90´s Caló encabezado por su líder vocalista Claudio Yarto, quien cantó sus mejores canciones de repertorio en la comida-cena que al concluir su informe les invitó, obvio, todo con factura al pueblo de Morelos, es decir, toda una parafernalia.

La obsesión del dinero por no saber en qué gastarlo es otro de los conflictos que tienen y que obvio, los más beneficiados serán seguramente quienes hoy gozan de una nómina dorada en el Tribunal Superior de Justicia del estado y algunos de ellos son los que, en automático, administran esos recurso porque a partir de este año ya tienen la independencia financiera que tanto pelearon sus antecesores para lograr fortalecer la procuración de la justicia que tan destrozada y desacreditada está en la tierra de mi general Emiliano Zapata Salazar.

Hay que insistir que, siempre de acuerdo a lo que dijo en su momento el magistrado Rubén Jasso, él logró remontar una crisis financiera en el Poder Judicial, y por ello a su salida dejó finanzas sanas y sin adeudos, pero tampoco existe un déficit presupuestario cuando se administró en los últimos años recursos por el orden de los 549 millones de pesos como ocurrió en el 2022.

Sin embargo, a partir de este 2023 se cuenta con 830 millones de pesos, por lo que la pregunta es: ¿En qué está gastando el TSJ casi 300 millones de pesos más del incremento que le fue autorizado por el Congreso a partir de este año y que equivale al 51%?

Lo cierto, es que ahora con ese aumento de dinero lo primero, lo prioritario, lo más importante y relevante para los togados es precisamente su beneficio económico personal y familiar.

UN EXCESO EL HABER DE RETIRO.- Justo ahora que sabe que tienen dinero, que hay para aventar arriba, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea, nuevamente sale en defensa de la propuesta legislativa para que se les otorgue a ellos, a los magistrados en retiro una pensión vitalicia.
El primer argumento que Luis Jorge Gamboa Olea ofrece es que, de acuerdo al proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos que ya se encuentra en segunda lectura en el Congreso del Estado y cuya finalidad no es otra que, regular el haber de retiro y establecer nuevamente el derecho de los juzgadores de segunda instancia a una pensión vitalicia.

Y a pesar de que el problema de las jubilaciones y las pensiones será un tema que en pocos años se podría convertir en un problema de seguridad nacional por la falta de recursos para pagar altos salarios -y bajos- de quienes cumplieron con los años de servicios requeridos para alcanzar ese beneficio, da su punto de vista al respecto al tema:

“Tiene que ver con una garantía constitucional, al retiro en materia laboral, que lo tienen muchos poderes judiciales de la república mexicana, que hay jurisprudencia ya emitida por parte de la Corte, hay antecedentes de los amparos que se han
concedido en el estado, en donde al final los magistrados al ser trabajadores al servicio del estado, que no somos (representantes de) de elección popular, tenemos esa garantía a un haber de retiro”, dijo.

Y fue más lejos, incluso, sin importarle los excesos y abusos que pretende cometer el presidente del Poder Judicial de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea quien se autodescribe como “trabajador” con un salario de 116 mil pesos mensuales y rechaza ser patrón, pese a que no le rendirle cuentas absolutamente a nadie. En ese sentido, aduce lo siguiente: “De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, “nosotros tendríamos que irnos con el último encargo en que trabajamos -es decir, 116 mil pesos cada 30 días- y obviamente nos tendríamos que ir de acuerdo con el tiempo que hayamos laborado y con los años que tengas trabajados y devengado al servicio del municipio, del estado y la Federación”.

¿JUBILACIÓN VITALICIA DE MÁS DE 100 MIL PESOS? Para algunos profesionistas del derecho esta acción que intentan maquiavelar los magistrados no es más que una traición a la igualdad y un privilegio injustificado. Sobre todo, porque el haber de retiro para los magistrados del Poder Judicial, es una iniciativa que busca otorgarles pensiones vitalicias de más de 100 mil pesos mensuales.

Incluso, este intento de legislación ha sido cuestionado por el Foro Morelense de Abogados, cuya medida considera como un abuso de poder y una violación a los principios de igualdad y justicia.

Más aún cuando se da cuenta que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Ley del Servicio Civil de Morelos, los magistrados no están catalogados como trabajadores, lo cual significa que no deberían tener derecho a una jubilación, ya que la ley no los considera como tales. Es pues, una situación alarmante, entonces, que los diputados del Congreso local estén considerando aprobar por decreto un privilegio tan desproporcionado y contrario a derecho.

La propuesta de otorgar pensiones vitalicias de más de 100 mil pesos mensuales a los magistrados del Poder Judicial refleja un desequilibrio inaceptable en el trato a los servidores públicos en Morelos. Mientras que la mayoría de los empleados estatales deben cumplir 28 años de servicio o alcanzar los 65 años de edad para tener derecho a una jubilación, los magistrados solo necesitan 14 años de servicio en el sector público. Esta disparidad es injusta y muestra una clara falta de equidad en el sistema de pensiones.

Además, el Foro Morelense de Abogados exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Jorge Gamboa Olea, para que se realice una evaluación constante del desempeño de los funcionarios de primer nivel del Poder Judicial, sobre todo, porque destaca la ausencia de un ente externo que supervise y evalúe el trabajo de estos funcionarios, lo que abre la puerta a posibles abusos y falta de calidad en su desempeño.

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