Nosotros - Estado y municipios: ¿Quiebras deliberadas o irresponsabilidad maliciosa?

Es recurrente la problemática de Cuernavaca tanto en el municipio como en los organismos para municipales, en especial el SAPAC. Sabiendo esto desde siempre, ¿por qué el Congreso no impone un límite a los excesos que han dado origen al estado de cosas que actualmente tienen? El TSJ y el ejecutivo estatal, circulan por la misma vereda.

Es una pregunta constante y la respuesta por obvia, es incómoda: Por intereses políticos. La ciudadanía está expuesta por lo mismo y como consecuencia a pagar estos errores producto de la carencia de responsabilidad de sus representantes populares. No es que no sepan que no van a poder cumplir con tantas obligaciones que se tienen, sino que piensan que es mejor que al sucesor le quede el problema y el que viene sabrá que hacer o en su caso, ya no será problema de los que autorizaron sin pensar o sopesar los efectos de sus autorizaciones. Es el caso de las deudas en todos los niveles que tienen tanto el ayuntamiento que es el tema de hoy como del estado que también en sus niveles tiene sus muy serios problemas financieros producto de lo mismo: el desorden y la irresponsabilidad. El tema es general porque incluso pasa por el propio Tribunal Superior de Justicia. No han medido o no han querido medir desde siempre los efectos que ahora padecen con las pensiones que se cargan a las deudas en el caso del TSJ y que no pueden pagar  porque su presupuesto no alcanza, y desde luego que no alcanza ni va a alcanzarles ninguna cantidad de dinero ni de presupuesto mientras no se tomen las medidas provisorias necesarias para evitar estos efectos. Esas medidas en el caso del gobierno del estado son en esencia tan elementales como el crear el trabajador su propio fondo de retiro y desligar al ciudadano de soportar la carga de mantenerlos con pensiones que además de injustas por excesivas, son desgastantes para el presupuesto estatal y para los fines del funcionamiento del gobierno. No han querido tocar el tema, no se  atreven porque el esquema que poseen actualmente les permite abusar de la bondad impositiva con que cargan al ciudadano. No hay un ya basta, excepto en tiempos electorales y solo de palabra cuando anuncian que van a limitar los excesos y cuando llegan al poder, se les olvidan y los vuelven a cometer. Viven los políticos del engaño al pueblo y son las promesas las que al no cumplir destruyen una buena administración pública. Tenemos el caso de la compra de autos nuevos que está haciendo el congreso para sus legisladores y que también hizo la legislatura pasada. ¿Porque los ciudadanos tenemos que pagar algo que es netamente de su servicio personal? ¿No les alcanza lo que ganan para pagárselo? Y si no les alcanza ¿para qué aspiraron al cargo si sabían que la situación económica era difícil? Lo único que queda como respuesta es que es deliberada la maldad para abusar con el dinero público y en perjuicio de la obra pública que es a lo que debería de dedicarse el gobierno en sus tres niveles y no a sostener salarios y prestaciones onerosas y desgastantes para su pueblo. El TSJ debe pensiones a magistrados desde 2016 y son pensiones doradas.

El municipio anda en la misma y son más de 140 millones únicamente lo que debe a la CFE según se ha dado a conocer, más su deuda pública que es enorme. ¿Por qué estas deudas? Por lo mismo, por la irresponsabilidad en el manejo de los recursos. SAPAC, una fuente importante  de deuda tiene exceso de personal, exceso de gastos, exceso de todo. Liquidar y recomponerlo costará mucho dinero y nadie se atreve, pero eso sí, todos los  gobiernos municipales que han pasado han agregado su granito de arena para engrosar su plantilla laboral innecesariamente y para darse prestaciones impropias, indecentes y abusivas. El cabildo y su consejo o junta de gobierno, no han querido por lo de siempre (los intereses) tocar y regularizar esa situación, y no lo van a hacer no obstante que el futuro ya los alcanzó. Quieren recurrir al expediente de resolución más sencillo y fácil: aumentar precios o aumentar impuestos o inventar impuestos nuevos como ya lo hace el ayuntamiento de Cuernavaca al cobrar a sus propios trabajadores la expedición de constancias.

Todo es un saqueo y nadie los limita, ni el congreso que es la máximo autoridad para imponer límites, ni los cabildos que andan mirando la forma de sacar más raja para sus intereses. El dinero de los impuestos y grandes participaciones que debería de servir para progresar o hacer progresar a la sociedad mediante la inversión de la estructura primaria básica para el desarrollo se emplea en lo más idiota, en lo más inútil: en satisfacer una abultadísima burocracia inservible y alimentar los altísimos salarios y prestaciones a funcionarios y trabajadores. Lo demás, que se friegue, solo serán promesas de campaña para los incautos ciudadanos.