Minimizan el conflicto de interés de quienes buscan magistraturas
Pese a que 12 diputados tienen vínculos con prospectos
Tal como lo denunció Roberto Salinas de Morelos Rinde Cuentas
Gerardo Suarez Dorantes 
A pesar de las preocupaciones sobre posibles conflictos de interés
entre 12 aspirantes a magistraturas en el Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Morelos y diputados del Congreso local, quienes
estarán definiendo estos espacios, el legislador del Partido Acción
Nacional, Ángel Adame Jiménez, minimizó la denuncia pública de un
posible conflicto de interés.
Con relación a que varios de los aspirantes a convertirse en togados
del Poder Judicial de Morelos trabajan con los parlamentarios o sin
afines, para el representante popular Ángel Adame Jiménez no es ilegal
que personas que prestan sus servicios con los legisladores aspiren a
ocupar una de las magistraturas en el Poder Judicial.
Además, subrayó la importancia de las opiniones y críticas de las
asociaciones y organizaciones, destacando la relevancia de la
participación ciudadana puesto que ello permite un enriquecimiento en
el proceso.
Cabe mencionar que Roberto Salinas, representante de Morelos Rinde
Cuentas, señaló que dentro de los aspirantes a las 10 magistraturas
del Poder Judicial existen conflictos de interés con los diputados;
además de que señaló que el Congreso local ha mantenido cierta
opacidad en el proceso de elección de magistrados, lo que ha levantado
sospechas sobre posibles conflictos de interés en las designaciones.
A demás de que diversas agrupaciones de abogados se han pronunciado
porque el método de selección de magistrados sea democrático,
participativo y transparente toda vez que, ha estado plagado de
críticas y acusaciones incluso con presuntas ventas de estos espacios
hasta en cinco millones de pesos, como en su momento lo denunció en
tribuna del Congreso local, el diputado de Morena, Arturo Pérez
Flores.
Se espera que este debate siga desarrollándose en el Congreso de
Morelos y en la opinión pública, con el fin de garantizar un proceso
de selección de magistrados que sea imparcial y basado en el mérito,
en lugar de relaciones personales o políticas.
La participación ciudadana y la rendición de cuentas son elementos
cruciales en la consolidación de un sistema judicial confiable y justo
en el estado.
