MEJORES PRÁCTICAS PARA LA FISCALIZACIÓN

El proceso de fortalecimiento institucional y tecnológico que se realiza al interior de la ASF, acelerado en los tiempos de pandemia, le ha permitido fortalecer el impacto de la fiscalización superior. Hemos llevado a cabo en los últimos años acciones de permanente mejora, particularmente en cuanto a la planeación estratégica y operativa, que reforza la contribución del trabajo fiscalizador a una mejor gobernanza y transparencia ciudadana.

En ese aspecto, el estudio de la OCDE sobre el trabajo de la ASF presentado la pasada semana, reconoce el impulso dado para optimizar la capacidad de respuesta a las necesidades y preocupaciones del Congreso sobre las tareas de auditoría; los avances en la programación y selección de auditorías de la cuenta pública, considerando un análisis de riesgo y de programas prioritarios para contribuir a una mejor operación y oportunidad, que van desde las auditorías digitales, la georreferenciación, el fortalecimiento a las áreas de auditoría forense, de obras públicas/infraestructura, como nos comprometimos desde un poco más de dos años.

Para continuar en este proceso de mejora continua y atendiendo a buenas prácticas internacionales, en los trabajos conjuntos con la OCDE, se desprende la necesidad de sumar a los indicadores de impacto de las auditorías en el buen gobierno, la integridad, y el combate a la corrupción, el marco de referencia PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal, por sus siglas en inglés) en la planeación de auditorías, para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Estratégico de la ASF, a la luz de los cambios externos.

Ese marco de referencia, permite hacer un análisis del entorno externo, a partir de factores que tienen o tendrán un impacto hacia adelante o entorpecedor, lo que permite identificar oportunidades y riesgos de las políticas públicas, económicas y sociales, así como los procesos de trabajo de la entidad. Está formado por seis componentes: el ambiente y los cambios políticos; factores económicos; el contexto sociológico; consideraciones tecnológicas; el entorno legal, y los factores ambientales. Por supuesto agregando las situaciones de pobreza, desigualdad e impunidad.

Esto se vincula con la naturaleza misma de la ASF en su tarea fiscalizadora, así como con el fortalecimiento de políticas de gobierno en los tres órdenes y los tres poderes en un país federal, desarrollo institucional y el uso honesto de los recursos transferidos de origen federal. Esta visión enfatiza la evaluación del desempeño y el enfoque preventivo.

Este tipo de auditorías son parte de aquello que preocupa y afecta a los ciudadanos. Se refiere a los servicios que se usan todos los días, como el agua potable, el transporte público, la energía eléctrica, o a políticas gubernamentales, la educación, la salud, la seguridad pública, que atienden problemas como la suplantación de identidad en los servicios financieros e incluso por parte de la delincuencia organizada.

Un ejemplo en relación al agua, ¿cómo se determina el volumen de agua destinado a cada municipio o alcaldía? ¿cómo saber si dicha dependencia vigila que los recursos que destina para las obras vinculadas con los servicios de agua y alcantarillado en los municipios y alcaldías se utilicen adecuadamente? Si no hay un proceso para verificar esto, los recursos públicos que se requieren para garantizar el acceso al agua pueden no ser utilizados con dicho fin, originando un problema de desabasto para la comunidad.

Finalmente, la OCDE recomendó la simplificación del lenguaje que se utiliza en los informes, a partir de una exposición general y sencilla de la labor fiscalizadora, para que sea más comprensible para las clases populares, algo que la ASF realiza desde 2018, con el Informe Ciudadano, a partir de inquietudes planteadas en el Congreso.

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