Observador político - TJA Morelos: atrapado entre la opacidad y el despilfarro

Por más que se hable de modernización, independencia y justicia administrativa, la realidad es que el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Morelos continúa siendo un ejemplo incómodo de cómo los órganos autónomos pueden transformarse, con el tiempo, en estructuras pesadas, caras y poco efectivas para la ciudadanía. Y lo más grave: siguen exigiendo más recursos públicos a cambio de muy pocos resultados.

¿ES UN “ELEFANTE BLANCO” EL TRIBUNAL? Para este 2025, el TJA recibió cerca de 75 millones de pesos, pero su presidente, Guillermo Arroyo Cruz, insistió en que ese monto era “insuficiente”, presionando al Congreso para alcanzar al menos 100 millones. Su argumento: que el presupuesto actual apenas cubre nómina y gasto corriente. Lo que nunca termina de explicarse es por qué un tribunal con funciones tan específicas y con una plantilla relativamente pequeña -aunque ahora aumentaron dos magistraturas más- necesita un incremento tan alto cuando, en términos prácticos, su productividad está muy lejos de justificarlo.

El problema no es que un órgano público busque recursos para operar -eso es legítimo- sino que lo haga sin transparencia, sin resultados y sin rendición de cuentas, mientras la población vive en un contexto de austeridad, inseguridad y precarización creciente. Por tanto, la justicia administrativa debería ser un contrapeso frente a los abusos del poder; por lo que tal parece que en Morelos todo indica que, se ha convertido en un aparato costoso que se mantiene por inercia.

AUSENTISMO, REZAGO Y SECRETISMO.- A esto se suma un comportamiento institucional que profundiza la desconfianza social, sobre todo por las inasistencias constantes de los magistrados -particularmente los casos de Manuel García Quintanar y Mónica Boggio Tomasaz Merino, según diversas inconformidades ciudadanas- han generado malestar dentro y fuera del tribunal. Los argumentos personales o familiares pueden ser comprensibles en casos particulares, pero la reiteración y el impacto en la operación del tribunal son imposibles de ignorar.

Mientras tanto, las sesiones del TJA continúan siendo cerradas, secretas, cuidadosamente blindadas como el informe que presentó el magistrado Guillermo Arroyo Cruz quizá, tal vez, para evitar cualquier escrutinio público. ¿Cómo hablar de modernización cuando ni siquiera existe voluntad de transparentar lo elemental? ¿Cómo justificar sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales en un tribunal con tan bajo nivel de resoluciones efectivas para la población y con cuestionamientos de abogados y ciudadanos de corrupción?

Aquí hay un punto clave: un órgano autónomo sin transparencia es un órgano que opera sin controles. Y cuando además existe rezago, opacidad y acusaciones de corrupción, la ecuación se vuelve explosiva.

NO CUMPLE SU RAZÓN DE SER.- El TJA fue creado en 2017 con una misión clara: ofrecer un espacio jurisdiccional para resolver controversias entre la ciudadanía y la administración pública. Ese objetivo tendría un profundo valor social: una justicia administrativa fuerte que defiende a los ciudadanos de los abusos del poder estatal y municipal.

Pero en Morelos, ese ideal se ha diluido en prácticas que contradicen los principios de un Estado democrático: burocratización, secretismo, ausentismo y una exigencia permanente de recursos sin rendición de cuentas. Lo peor es que quienes acuden al tribunal enfrentan rezagos, desatención y, en algunos casos, señalamientos de corrupción que han llevado a sectores del gremio jurídico a considerar incluso la vía del juicio político contra varios magistrados.

No se trata de demonizar instituciones, sino de exigir que cumplan con su función social porque mientras el TJA insiste en operar como una caja negra que consume recursos públicos, la ciudadanía sigue sin recibir justicia eficaz, pronta y transparente.

UN LLAMADO A REPLANTEAR PRIORIDADES.- Lo cierto es que los magistrados casi son inalcanzables, ya que en más de una ocasión se les ha intentado ver para entrevistar de forma personal en sus oficinas del TJA y ni el presidente Guillermo Arroyo Cruz ni los demás lo han permitido, incluso, en tres ocasiones han brillado por su ausencia los funcionarios y solo responden sus secretarias particulares que se pondrán en contacto con uno sin que ello ocurra jamás. Quizá ese actuar es lo que ha provocado que la ciudadanía esté solicitando a personas que ganan alrededor de un millón y medio al año con las bonificaciones que perciben, más justicia y menos privilegios, así como más transparencia y menos opacidad.

Sobre todo cuando los órganos autónomos deben servir al pueblo, no ser refugio de élites burocráticas que viven desconectadas de la realidad social.

Morelos necesita un Tribunal de Justicia Administrativa que funcione, que rinda cuentas y que respete su misión. No un aparato costoso que exige más presupuesto mientras ofrece menos resultados.

Y si sus actuales titulares no pueden —o no quieren— transformar la institución, entonces el debate sobre su permanencia es no solo legítimo, sino necesario.

Hay que recordar solo un caso de varios en los que se ha cuestionado el actuar de los magistrados del TJA más aun cuando el Tribunal Colegiado de Distrito en reiteradas ocasiones exhibió lo que los vecinos de Vista Hermosa han denunciado por años: que Morelos cuenta con un Tribunal de Justicia Administrativa que está atrapado entre irregularidades procesales y decisiones que parecen más orientadas a proteger proyectos privados que a defender el interés público y en donde tal parece, los actos de corrupción empiezan a ser evidentes.

Sobre el tema, el TJA ha guardado silencio, se niega dar entrevistas y por ello, es más fácil intentar -sin lograrlo- mantenerse en el anonimato y evitar los cuestionamientos de los incómodos reporteros que para los promoventes del caso de la colonia de Vista Hermosa, que exigen se frene la construcción de la universidad Humanitas por los conceptos de violación planteados por la comunidad sobre todo por el conflicto que involucra uso de suelo, impacto ambiental y disponibilidad de agua- significa renunciar a la función esencial del tribunal y que ahora, demandan al a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue de oficio este posible acto de corrupción.

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