Maya, Gal y otras injusticias.

En opinión de Aura Hernández

Maya, Gal y otras injusticias.

Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan.

El Principito, Antoine de Saint-Exupéry

 

Si algo desnudó el caso de las niñas Maya y Gal fue el talante y la salud de la justicia en Morelos. Por mi parte, prefiero creer que la decisión de la juzgadora que determinó la restitución inmediata de las adolescentes al padre extranjero que lo demandó, se debió más a una interpretación legalista y muy ortodoxa de la normatividad nacional e internacional que a un acto de corrupción como sostienen las versiones que circularon profusamente la semana pasada en redes sociales y medios de comunicación.

En mi defensa podría decir que más que ingenuidad en esta opinión prima un deseo. Prefiero creer que la decisión de la restitución a su padre israelí de las niñas Gal y Maya en la que se ignoraron varios preceptos normativos, fue producto de una “cierta ideología” de la impartición de justicia y no un persistente hecho de corrupción como se ha acusado en varios espacios.

Si no, ¿qué nos queda a la ciudadanía? Los poderes judiciales, como se demostró en el amparo que sobre el caso que emitió un juez federal, constituyen uno de los resquicios que tenemos contra la arbitrariedad, y por tanto quienes ejercen el noble oficio de juzgar tienen la obligación de ser imparciales y si no lo son, debe castigárseles. Afortunadamente, la gran exposición mediática hizo justicia, pero casos parecidos hay muchísimos, pero no corren la misma suerte.

En las estadísticas de los casos, de acuerdo con una recopilación de casos sobre el tema de restitución internacional de menores publicada por el Centro de Estudios Constitucionales del máximo tribunal, los escenarios de conflicto más complejos en los procesos de restitución ocurrieron en torno a la actualización de los supuestos que autorizan no llevar a cabo la devolución de los niños al país de origen.

El gran debate se da, según la publicación, en la interpretación que deben hacer los juzgadores, sobre las excepciones que expresamente prevé Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores la "Convención" o "Convención de la Haya".

Pues, según la compilación, en los casos analizados destacan aquellos “en los que debe evaluarse, a la luz del interés superior, el daño que puede causarse a los niños si nuevamente son removidos de un entorno al que ya se han integrado. Para lo cual la propia Convención establece la responsabilidad a los jueces de valorar la existencia de situaciones de grave riesgo en las que devolver al niño a su lugar de residencia habitual puede traer más consecuencias negativas a su bienestar. Incluso, la restitución inmediata deberá ser analizada cuidadosamente cuando la niña, el niño o el adolescente se oponga a ella”.

En el caso de las niñas Gal y Maya, y de acuerdo con la información que circuló en redes sociales y medios de comunicación, lo que más se cuestionó a la juzgadora fue ignorar lo manifestado por ellas sobre su deseo de permanencia al lado de la madre, y ni se diga de realizar las valoraciones a la luz del interés superior de la niñez y la jurisprudencia en la materia, a la que está obligada.

Desconozco los detalles del caso, salvo lo que se ha hecho público, como para estigmatizar o defender a ultranza a alguna de las partes, pero lo que sí sé, porque se hizo público, fue la manifestación inequívoca de las menores a no ser restituidas a un seno familiar del que salieron de hace varios años y que son precisamente las excepciones que establece la Convención. Y eso fue lamentable, o, ¿dolosamente?, ignorado por la impartidora de justicia.

En Morelos hemos padecido, casi desde siempre, de un alto índice de politización de algunos integrantes del poder judicial local, y quienes deberían ser ejemplo de imparcialidad y de templanza parecieran tener mejores prioridades como el poder y la abundancia material.

Lo bueno de todo esto, es que debido a lo mediático del caso, y no precisamente por el escándalo que debería ser violar lo derechos cualquier menor, si no por las características y “conexiones” de los familiares de las protagonistas se exhibió una forma de operar que no debe repetirse, sea por razones de incapacidad profesional o sea por corrupción, y que debe ser espejo para casos similares.