Libraron imputación 4 exfuncionarios tres lo enfrentarán, pero en libertad
Nuevo revés al combate a la impunidad por actos ilegales de servidores públicos
Patricia «N», exsecretaria de Obras, vinculada con otros dos, sólo deben ir a firmar cada mes
Francisco Zapata Cuevas 
La estrategia de los equipos de defensa de los imputados Topiltzin "N" y Rafael "N", exsecretario y exsubsecretario de Desarrollo Sustentable, respectivamente, la cual se basó en culpar de las irregularidades en distintos proyectos fallidos en el sexenio pasado a la Secretaría de Obras, se vio coronada luego que ellos y otros dos no pudieron ser vinculados a proceso. En tanto, sí deberán enfrentar éste Patricia "N" y otros dos que se desempeñaban en la última dependencia.
En lo que fue un nuevo revés al combate a la impunidad en hechos de corrupción gubernamental, el juez de control, Humberto Romero Ulloa, consideró que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción no sustentó suficientemente la responsabilidad de quienes fungieron como secretario de Desarrollo Sustentable, Topiltzin "N", subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael "N", subsecretarios de Evaluación y Seguimiento Sergio "N" y José “N”,(quienes estuvieron frente al cargo, en distintos momentos).
Por el contrario, sí se acreditó la probable participación en los hechos ilegales señalados a quiénes fueron secretaria de Obras Públicas, Patricia "N", directora de Infraestructura, Lucero "N" y supervisor de Obras, Marco “N”, estos dos también de esta secretaría, en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, por lo que Romero Ulloa determinó auto de vinculación contra ellos.
Las acusaciones se relacionan con la autorización de los pagos con que se liquidaron por completo distintos trabajos, a pesar que, en realidad, ninguno de los que son señalados en la carpeta correspondiente haya sido concluido; varios de ellos, ni en un 50 por ciento. Este fue el caso de una planta de valorización de residuos sólidos urbanos en la localidad “El Zarco”, en Yautepec, por la que se liquidaron 13 millones 875 mil 287, su costo total, pero la obra nunca comenzó a funcionar, pues sólo alcanzó un avance del 40 por ciento.
En la audiencia también se dedicó tiempo a destacar el oscuro papel de la empresa AMFI SA de CV, ganadora tras una sospechosa licitación, en la que sólo hubo un participante más. La Fiscalía explicó que esta compañía, con escaso tiempo de existencia, previo al inicio de la obra concursada, tenía dados de alta apenas a seis trabajadores ante el IMSS, lo cual era incompatible con la magnitud de una firma especializada en realizar una obra como la contratada. Además, se estableció que hay indicios de que aparentemente AMFI nunca se enteró de su participación en el proceso de selección con el que se llevaría el contrato.
Los tres exservidores públicos vinculados tienen medida cautelar de firma en juzgado cada mes, mientras se continúa con el proceso.
