Justicia para nuestros adultos mayores jubilados y pensionados del gobierno estatal
En opinión de Mirna Zavala
Mirna Zavala 
Comparto con gusto en esta ocasión la iniciativa que el diputado Arturo Pérez Flores y su servidora presentamos, en la sesión de esta semana, favoreciendo el cumplimiento total de los derechos de nuestros amigos y amigas jubilados y pensionados del gobierno estatal. Con Ana Lilia Ocampo Castrejón, presidenta de la Asociación que los agrupa, y varios integrantes de su comité, comentamos la posibilidad de avanzar en el mejoramiento de su calidad de vida mediante la formulación de una iniciativa que les permitiera garantizar plenamente sus derechos ante el Instituto de Crédito. Se materializó esa aspiración con la iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado presentada al pleno del congreso del estado. En síntesis, de lo que se trata es de que los jubilados y pensionados tengan acceso a todas las prestaciones económicas en condiciones de igualdad y sin restricción alguna que otorga el Instituto de Crédito a los trabajadores en activo.
Partimos del hecho incontrovertible de que los derechos humanos son el conjunto de bienes indispensables que posibilitan la elección y materialización de los planes de vida que se proponen las personas; aquellos que, en esencia, nos permiten vivir con dignidad y desarrollarnos integralmente. Son reconocidos y protegidos por el derecho y todas las personas, por el hecho mismo de existir, contamos con ellos. El Estado debe ser garante del cumplimiento de esta disposición. Así como del lamentable hecho, que puede constatarse cotidianamente, de que las personas en edad avanzada son frecuentemente discriminadas, despreciadas y abandonadas por una ciudadanía que no tiene suficientemente en cuenta la complejidad de esa etapa de vida. De ahí que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca en muchas ocasiones, en una situación de dependencia familiar.
La iniciativa propone reformar el articulo 51 de la ley arriba mencionada para que los jubilados y pensionados de setenta y cinco años en adelante, tengan acceso a las prestaciones económicas que otorga el Instituto, en las mismas condiciones que el resto de los afiliados, sin el condicionamiento de la edad.
Con esta iniciativa, a la que se adhirieron los diputados de las diferentes expresiones políticas, nuestros adultos mayores podrán contar con las posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida. Feliz fin de mes.
MIRNA ZAVALA
