Escala de Grises - Todo el peso de la ley

El martes 31 de enero, Alondra Franco Tinoco decidió que denunciaría a Christopher Gerardo, su pareja sentimental y el padre de sus hijos, por violencia de género. Acompañada de su madre, Liliana Tinoco Tovar, la joven de 21 años se encaminó a la Fiscalía de Poncitlán, un municipio de Jalisco.

Las dos mujeres entraron al edificio sin darse cuenta de que eran perseguidas por el agresor. Christopher dejó su vehículo abandonado en la mitad de la calle e ingresó al inmueble para amenazar al personal administrativo. De acuerdo con la versión de los testigos, comenzó a disparar contra ambas mujeres.

Luis Joaquín Méndez, fiscal del estado, explicó a los medios de comunicación que las acciones del hombre fueron tan rápidas que “no se le pudo neutralizar”. Y es que, además, en ese preciso instante no había un solo agente armado en el edificio, pues el personal capacitado se encontraba en una “investigación de campo”.

Liliana, de 45 años, perdió la vida tras las detonaciones. Alondra fue trasladada a Ocotlán para una intervención médica, pero no logró sobrevivir. El feminicida huyó después de detonar el arma sin encontrarse con ningún obstáculo en el camino. No fue hasta después de 24 horas que se informó su captura.

Los detalles fueron compartidos por parte del gobernador del Estado, Enrique Alfaro, quien agradeció la cooperación de la Fiscalía de Nayarit en el caso y aseguró que “todo el peso de la ley” caería sobre el agresor. ¿Cuánto pesa la ley en un país que registra 10 feminicidios cada día?

Un par de días después de localizarlo, un juez de control imputó a Christopher Gerardo el delito de feminicidio en contra de su pareja y su suegra. Del mismo modo, se le imputó el delito de violencia intrafamiliar en contra de su hijo menor, quien ya se encuentra bajo resguardo oficial.

Sin embargo, apenas iniciaba la audiencia en su contra, el hombre tuvo un ataque epoléptico que suspendió el proceso hasta el martes 7 de febrero. Hasta el momento en que terminó de redactar la presente columna, la única información al respecto era la imposición de la prisión preventiva oficiosa antes de determinar la situación jurídica del agresor.

Por supuesto, el doble feminicidio ocurrido en Jalisco se difundió a través de plataformas digitales y generó una indignación indescriptible. Saúl Franco, padre y esposo de las víctimas, declaró que las amenazas de Christopher Gerardo eran una constante para Alondra, pero también para la familia Franco Tinoco.

La población de Poncitlán expresó su preocupación por lo sucedido y, a nivel nacional, colectivas, organizaciones y mujeres feministas se sumaron a la ola de exigencias. Por su parte, el alcalde de Poncitlán, Arturo Israel Ascencio, informó que se ofrecerá un apoyo económico permanente a los dos hijos de Alondra. ¿Qué apoyo económico (por muy permanente que sea) repara el feminicidio de la madre y la abuela de los niños?

La reparación del daño debe contemplar mucho más que recursos económicos. Las medidas para la Familia Franco también deberían incluir atención psicológica, protección para los menores de edad y la certeza de que el Estado no volverá a vulnerar su integridad de ninguna otra forma. Por decir lo menos.

Lamentablemente, como cada semana, parece que la violencia de género en México sigue escalando sin que las autoridades y las instituciones se involucren o se hagan responsables de ello. El feminicidio de Alondra y Liliana ocurrió a una hora de Guadalajara, la capital del estado y, aún así, no había policías ni personal capacitado para actuar en consecuencia.

Alondra y Liliana recibieron múltiples disparos dentro de un inmueble que, se supone, debería estar resguardado por los mismos elementos de seguridad que lo conforman (además del personal administrativo). ¿Qué lugar es completamente seguro para las mujeres de este país, entonces?

¿Cuáles son las alternativas disponibles para la población violentada y vulnerable que desea denunciar a sus agresores sin poner en riesgo su vida? ¿Cuáles son las garantías que proporcionan las autoridades a las víctimas? ¿Por qué el 95% de los crímenes en contra de las mujeres sigue protagonizado por la impunidad?

¿Qué delito será lo suficientemente grave como para implementar estrategias y protocolos efectivos encaminados a prevenir la violencia de género en México? ¿Qué delito será lo suficientemente indignante? ¿A qué se refieren las autoridades cuando hablan sobre la garantía de no repetición? En materia de feminicidios, en México, la no repetición solo tiene unas horas de vigencia, no más.

El doble feminicidio en Jalisco representa un horror que ya no puede ni debe ser rebasado. La violencia de género no puede reducirse a un tema únicamente de seguridad, estamos hablando de un problema de salud pública que pone en riesgo la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Ahora, como le digo siempre, la violencia en contra de las mujeres no conoce de fronteras y no se limita a Poncitlán ni a Jalisco. Al ser estructural y sistemático, el problema está adherido a todas las esferas de la sociedad, en todos los estados que conforman el territorio nacional, a todas horas.

El trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil, las colectivas y las mujeres feministas no es suficiente para sanar el profundo daño que el abandono del Estado ha provocado. Corrupción, negligencia, abuso de autoridad, desconfianza en las autoridades, impunidad y una larga lista de problemas han permeado al sistema de justicia de un país que no se detiene con un doble feminicidio…

Ni con diez feminicidios diarios:

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