Escala de Grises - Lorenza Cano
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos
Desde que su hermano, José Francisco Cano Flores, desapareció el 17 de agosto de 2018, Lorenza se dedicó a buscarlo en el estado de Guanajuato. Sin embargo, la noche del lunes 15 de enero fue secuestrada por un comando armado, mismo que asesinó a su esposo y a su hijo con armas de fuego.
Las autoridades de Salamanca y del estado mismo ya fueron alertadas de lo sucedido y el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, al que pertenece Lorenza, ha exigido su pronta aparición con vida. La ficha de búsqueda se ha difundido a través de plataformas digitales y la noticia le ha dado la vuelta al país entero.
La solicitud para los cuerpos de seguridad es que hagan todo lo necesario para encontrar a Lorenza, pues su secuestro pone en riesgo no sólo su bienestar, sino también el de sus compañeras y sus familias completas. Al respecto, la Fiscalía de Guanajuato ha emitido un comunicado en donde asegura que la investigación está en curso para esclarecer los homicidios y los secuestros.
Por su parte, Jesús Oviedo, secretario de Gobierno en Guanajuato, informó que hay protocolos de búsqueda. El pasado lunes, el fiscal regional de la Fiscalía del estado anunció que José Adrián “N” y José Iván “N” fueron los presuntos autores del secuestro y el doble homicidio.
Hasta el momento en que se redactó esta columna, Lorenza Cano no había sido localizada. Sin embargo, de acuerdo con el fiscal, los trabajos de búsqueda continúan. El Comité contra la Desaparición Forzada de personas de la ONU ha catalogado el caso de Lorenza como desaparición forzada.
Múltiples organizaciones han hecho un llamado al Estado mexicano para establecer una estrategia y un plan de acción para buscar a la activista de manera urgente. Lamentablemente, este no es el primer caso de violencia que se da en contra de las madres buscadoras de Guanajuato y del país.
Además de enfrentarse al horror de intentar localizar a sus familiares desaparecidos y exigir justicia a las autoridades en los tres niveles, los colectivos de búsqueda se han convertido en un blanco de acoso por parte de grupos criminales. Desde amenazas constantes hasta asesinatos, las madres buscadoras son un grupo constantemente violentado.
Como si eso no fuera suficiente, no hay una cooperación entre el municipio de Salamanca y el gobierno de Guanajuato; mucho menos una colaboración con el gobierno federal. La prueba está en que el estado ha sido un punto de partida para la espiral de violencia que se extiende cada vez más.
A pesar de que los colectivos de búsqueda han solicitado a los grupos criminales una tregua para poder localizar a sus familiares, los actos en su contra no se han detenido. Esto demuestra fallas absolutas no sólo en el sistema de justicia, sino en los tres niveles de gobierno y en el Estado completo.
La desaparición forzada en nuestro país se ha convertido en un problema cada vez más grave, cada vez más profundo, incontenible y con más víctimas e impunidad de la que podríamos abordar en este espacio. Las fosas clandestinas son incontables y, aún así, no hay protocolos ni estrategias de seguridad que logren ponerle un alto a la situación.
Pretender que con nuevos censos el problema está resuelto es sólo una muestra más de la negligencia por parte de la presente administración y las más de 111 mil personas desaparecidas también son una huella indeleble de los errores de administraciones pasadas, de décadas en donde la justicia se ha escondido detrás de los estantes donde se archiva cada caso sin que se obtenga respuesta.
¿Hasta cuándo?
@Arendy_Avalos en X y Threads
