Escala de Grises - La verdad histórica

Los días 26 y 27 de septiembre de 2014 el país entero se enfrentó a la tragedia nacional que pasó a la historia como el caso Ayotzinapa. Casi ocho años después de lo ocurrido, el 18 de agosto, la administración actual presentó detalles sobre la investigación realizada por la Comisión de la Verdad.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, admitió lo que se gritó por primera vez durante las protestas del 2014: fue un crimen de Estado, lo que se comprueba al considerar las múltiples acciones y omisiones por parte de los tres niveles de gobierno y del mismo Ejército.

Según el informe, autoridades como la Sedena, la Policía Federal Preventiva, Estatal y Municipal; el CISEN y el gobierno de Guerrero estaban enteradas de todo lo ocurrido el día que desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Bajo esta lógica, las autoridades en cuestión también estaban enteradas de la persecución y violencia de la que fueron víctima los estudiantes antes de desaparecer.

Como si eso no fuera suficiente, también se dio a conocer que uno de los 43 desaparecidos no era un estudiante de la Normal, sino un informante que el ejército había colocado ahí desde 2012. Julio César López Patolzin era responsable de reportar marchas, mítines y cualquier otra actividad realizada en Guerrero. El último reporte que envió el soldado fue el 26 de septiembre del 2014, horas después desapareció.

Sin embargo, el Ejército decidió no buscarlo, tal como indica el Protocolo para Militares Desaparecidos. La negligencia es evidente y no solo demuestra las faltas que se tuvieron con el soldado, sino también con el resto de los normalistas. Y es que —bajo la costumbre de conjugar el verbo “haber” en pretérito imperfecto— si hubieran localizado a Julio César, tal vez él y sus compañeros estarían con vida.

Los obstáculos para esclarecer lo ocurrido en Iguala se incrementan con la pérdida de testigos, pues 26 personas clave para obtener información han sido asesinadas o han fallecido. El informe asegura la ausencia de unificación en los procesos penales, lo que representa una forma más de evitar que se haga justicia.

Como parte de las declaraciones realizadas el pasado jueves, Alejandro Encinas aseguró que la llamada “verdad histórica” había entorpecido la búsqueda de los normalistas y generados vicios en la investigación. Y es que, si nos remontamos al 28 de enero de 2015, podemos escuchar a Jesús Murillo Karam (entonces titular de la PGR) afirmar que los 43 normalistas habían sido “privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”.

Siete años después de esas declaraciones podemos comprobar que el único objetivo de la “verdad histórica” no era la certidumbre, sino el cierre de las investigaciones. Por supuesto, las contradicciones entre lo enunciado por Murillo Karam y lo recabado en el informe son innegables:

No había un boicot planeado, sino la intención de llegar a la Ciudad de México para las manifestaciones por el 2 de octubre. Los estudiantes nunca estuvieron en Cocula, donde se localiza el Río San Juan. No incineraron a todos los jóvenes, sus restos fueron repartidos para deshacerse de ellos de diferentes formas.

Aún así, a pesar de los avances que se han obtenido a lo largo de este tiempo, la esperanza de encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa ha desaparecido por completo. Según el subsecretario de Gobernación, “no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida”.

Casi ocho años han pasado y, hasta el momento, solo se han identificado los restos de tres estudiantes. ¿Qué pasó con los otros 40? ¿En dónde están? Ocho años después la incertidumbre y la negligencia por parte de las autoridades permanecen. Los esfuerzos por borrar lo ocurrido durante esa madrugada han impedido que se haga justicia y también han demostrado las implicaciones del Estado mexicano en un crimen que no puede ni debe quedar impune.

Padres y madres de los normalistas han exigido a la Suprema Corte de Justicia la implementación de una jurisdicción única y, a pesar de sus esfuerzos, las demandas no han sido atendidas. ¿Qué queda por hacer? A corto plazo, es imperativo que las instituciones y autoridades continúen con las indagatorias y garanticen que la ley se cumpla, que se investigue a todas las personas involucradas y que, de ser responsables, enfrenten las consecuencias correspondientes.

El caso Ayotzinapa no solo debe contemplar como víctimas a los estudiantes, sino también a sus familias, por lo que contemplar sus peticiones y atender aquellas que representen mayores alcances para el esclarecimiento de los hechos también es importante. Del mismo modo, brindar medidas de protección a testigos ya no debería ser una mera recomendación, a estas alturas debería ser un mandato.

Por supuesto, otra exigencia para las autoridades es resolver los problemas sistemáticos que permitieron una tragedia como la desaparición de los 43 normalistas y la implementación de medidas para que el caso Ayotzinapa no pueda ocurrir otra vez. Quedarse de brazos cruzados ante los huecos perceptibles en los tres niveles de gobierno no sería más que complicidad. Ni perdón ni olvido.

Fue el Estado:

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