Serpientes y escaleras - La jefa
En opinión de Eolo Pacheco
Eolo Pacheco 
El gobierno la acusa de ser líder de un grupo criminal; los políticos la conocen como La Jefa.
La jefa
La mañana del sábado en un operativo federal coordinado por la Marina Armada de México en el poblado de Oaxtepec fue detenida Esther Yadira “N”, presunta líder del grupo delictivo Guerreros Unidos; la dama en cuestión tiene un pasado más allá de lo que se conoce en Morelos, de acuerdo con una nota publicada por Reporte Índigo en el 2013 era testigo protegido de la FGR. Su captura fue sorpresiva para todos, porque ya era parte del escenario político local y era amiga de muchos actores de poder.
No es la primera vez que Morelos es escenario de un operativo de este tipo; casi siempre se trata de acciones que implementa, coordina y ejecuta la federación sin tomar en cuenta a las autoridades del estado. Así lo establece el protocolo cuando se trata de cierto tipo de objetivos; la discreción y la inteligencia son claves para que estas acciones se realicen, como sucedió el fin de semana, sin derramamiento de sangre.
Las acusaciones que hay contra de la hermana de la presidenta en Morelos del partido Redes Sociales Progresistas motivaron la intervención del gobierno de la república; trascendidos periodísticos la ubican como presunta jefa del grupo Guerreros Unidos y el gobierno estatal la considera un elemento que ha detonado la violencia en la entidad.
El hecho además de ser policiaco, ha derivado en una serie de especulaciones políticas por la supuesta relación que Esther Yadira, conocida también como Rosario Herrera, mantiene con diversos actores de la vida pública en la entidad. El primer personaje que la ha reconocido pero se ha deslindado de ella es el senador Ángel García Yáñez: acepta conocerla porque hace algunos años trabajó con él, dice, pero rechaza tener cualquier tipo de relación personal con la dama.
La captura ha motivado todo tipo de especulaciones y se mezcla con los señalamientos que hace unas semanas hizo el comisionado de seguridad José Antonio Ortíz Guarneros en la cámara de diputados, cuando dijo que “Derivado de información de inteligencia se me ha informado de diferentes reuniones de actores políticos con líderes de la delincuencia organizada, con los que pretenden controlar la actividad criminal y simular la paz en la entidad para que libremente un solo cártel tome el control de Morelos; mientras yo esté al frente de la seguridad en el estado le ofrezco mi palabra al pueblo de Morelos que eso no sucederá. Solicito a la legislatura que exhorte a la Fiscalía General de la República para que intensifique sus esfuerzos y dicte las ordenes de aprehensión correspondientes”
Lo ocurrido el sábado pasado puede contarse de diferentes formas y una ella es desde la óptica política; independientemente de lo que jurídicamente determinen las autoridades sobre la captura de Esther Yadira “N”, su detención revive una vieja discusión en el estado, repetida incansablemente por diferentes actores de la vida pública y señalada con intensidad por el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
Tanto el jefe del ejecutivo como el secretario de gobierno y recientemente el Comisionado Estatal de Seguridad han insistido en la relación que existe entre actores políticos con miembros de la delincuencia organizada; “hay narcopolíticos” declaró públicamente hace unos días Cuauhtémoc Blanco al reiterar la gravedad del problema de seguridad y lo complejo que resulta su combate, derivado de las redes de impunidad que desde hace años se han tejido alrededor.
La historia no es nueva: eso mismo dijo muchas veces en el sexenio pasado el exgobernador Graco Ramírez y su jefe de policía Alberto Capella; el tema está presente en todas las mesas políticas desde hace años y es un secreto a voces que el ambiente de poder en Morelos se ha convertido en un espacio de continua convivencia entre este tipo de personajes.
Lo grave es que a pesar de que se trata de un discurso insistentemente repetido por figuras públicas y autoridades, hasta ahora todo se ha quedado en señalamientos al aire sin ningún tipo de consecuencia. Se entiende que lo que se charla en mesas de café se considere una especulación sin ningún tipo de valor legal porque no existen denuncias, pero en el caso de las afirmaciones hechas por autoridades es absurdo que se reconozcan y denuncien los vínculos y no se haga nada.
Respecto a esta última detención no existe más información al respecto, ni tampoco una declaración oficial de quienes llevaron a cabo el operativo; lo publicado por los diferentes medios se resume al hecho y en algunos casos se entra al terreno de la especulación dando voz a comentarios sin vocero e historias sin confirmación. Pensemos, incluso, que la dama en cuestión podría ser liberada más adelante, porque a pesar de la intervención de fuerzas federales no sabemos la razón de su detención, ni los elementos legales para privarla de su libertad.
Lo grave no es que Morelos vuelva a ser escenario de un operativo policiaco federal como el ocurrido el sábado en Oaxtepec, ni siquiera que la detenida sea acusada de encabezar uno de los grupos criminales más violentos de los últimos años; lo delicado es que seguramente después de esto no pasará nada y todo quedará en una detención, sin consecuencias que hagan que la situación mejore en Morelos.
José Antonio Ortiz Guarneros dijo públicamente que por información de inteligencia sabía “de diferentes reuniones de actores políticos con líderes de la delincuencia organizada, con los que pretenden controlar la actividad criminal y simular la paz en la entidad para que libremente un solo cártel tome el control de Morelos”; el vicealmirante no es una persona cualquiera, es el jefe de todas las policías del estado. Si conoce de ese tipo de reuniones y relaciones ¿Qué espera para actuar?
Suponiendo que la detenida sea culpable de lo que la acusan, lo de fondo para lograr la pacificación del estado va más allá de una detención; el problema que desde hace años vivimos en Morelos no estriba solo en la presencia de uno o varios grupos criminales, sino en las redes de protección políticas que les permiten operar con absoluta impunidad.
En las horas posteriores al operativo en Oaxtepec han surgido muchos comentarios y especulaciones alrededor de la detenida, existen señalamientos directos por supuestas relaciones personales y en redes sociales se cuentan historias sobre los vínculos que hay entre ese personaje y actores de la vida política estatal. Sin embargo todo queda en eso, en rumores, en especulaciones sin ninguna denuncia que permita ir más allá del tema y, en su caso, atacar las redes de protección de los grupos criminales.
Lo único que queda hoy es esperar a ver hasta donde está dispuesto a llegar el gobierno federal en este tema: primero si tiene los elementos necesarios para procesar a la dama detenida y posteriormente, si existen pruebas de las redes de complicidad con otros actores de la vida pública del estado.
Para acabar con la impunidad y la violencia no basta con una detención.
- posdata
El fiscal general del estado Uriel Carmona advierte que no habrá complicidad ni protección para ningún político que tenga relación con criminales; “trátese de quien se trate” no se protegerá a quienes tengan vínculos con la delincuencia organizada, “ya sea servidor público, senador, diputado, juez o magistrado”.
Lo anterior se escucha luego de que el fin de semana pasado en un operativo federal en el que participaron elementos de la Marina y la FGR detuvieron en un fraccionamiento de Oaxtepec a quien presuntamente se desempeñaba como líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, una dama con una intensa agenda social y política en Morelos.
La detenida era parte activa de la vida sociopolítica estatal, era común ver fotos que publicaban los propios actores de poder, presumiendo su amistad, cercanía y encuentros constantes en lugares públicos; su captura, por cierto, no fue del conocimiento de ninguna autoridad local.
Lo que sigue en este proceso solo lo saben las autoridades federales; localmente se ha celebrado el operativo y se presume que no hay impunidad, pero a ciencia cierta los únicos enterados de lo que realmente está pasando son quienes llevan el caso desde el centro del país. Explico:
Según información oficial, Esther Yadira “N” era testigo protegido; hoy su situación legal parece haber cambiado, pero ninguna dependencia federal ha confirmado el motivo de su detención, ni si existen investigaciones paralelas a su captura, es decir, no sabemos si esta historia concluye con su encarcelamiento o a partir eso se abrirán nuevas investigaciones y eventualmente veremos a políticos locales detenidos.
El tema es muy delicado, pero también muy poco claro; hay mucha especulación al respecto, se nota un evidente nerviosismo en varios actores de la vida pública, pero nadie aquí está seguro de lo que seguirá después del operativo del fin de semana.
Lo único cierto es la amnesia colectiva: ahora resulta que nadie la conocía.
- nota
Peculiar, por decir lo menos, es el comportamiento de diversos personajes de la vida política estatal que gustan de compartir su vida pública y privada en las redes sociales; a muchos actores de poder les gusta presumir sus reuniones, mostrar sus fotos y hacer referencia a los lazos de amistad que los unen unos con otros. En las redes sociales todos se quieren, aman a sus seguidores y en casos como el de Iván Saucedo, acompañan sus publicaciones con frases cursis.
Basta revisar sus cuentas personales o ver el contenido de algunos portales para entender de qué hablo: unos y otros comparten fotografías de cabalgatas, jaripeos, fiestas, reuniones públicas y privadas, viajes, comidas… cualquier encuentro es motivo para presumirse.
Pero hay ocasiones, cuando uno de ellos cae en desgracia, como en el caso de la recién detenida Esther Yadira, que de inmediato comienzan las negaciones y se les borra la memoria: “No se quien sea” “Apenas la conozco” “Nunca me reuní con esa persona” “Es una foto circunstancial” “me tomé muchas fotos con mucha gente porque andaba en campaña” … y así todos los pretextos que se imaginen.
Lo que muchos olvidan es que a pesar de los casi dos millones de habitantes Morelos es un pueblo chico en donde todos nos conocemos y es fácil ubicar las relaciones entre unos y otros, sobre todo cuando se la han pasado compartiendo imágenes en sus perfiles de redes sociales. Ahora resulta que entre la clase política estatal existe una amnesia colectiva que les hizo olvidar de quien eran amigos y con quien se juntaban.
Hay que esperar a ver qué encuentran las autoridades federales en el teléfono de la detenida para comprobar con quienes tiene una relación más allá de los circunstancial. La negación es una salida fácil en lo mediático, pero puede no ser suficiente si la policía decide indagar más allá de lo aparente.
- post it
Si se analizan por separado, las iniciativas de crear un fondo municipalista con 540 millones de pesos y la idea de desaparecer la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización se ven mal; si se observan juntas el panorama es peor.
Imaginen que el congreso avala la creación de un fondo con 540 millones de pesos para hacer obra en los municipios, que este nuevo organismo sería presidido por el exdiputado Julio Yáñez y que de manera paralela le quitan la autonomía a la Auditoría y nombran titular a un personaje afín a los diputados.
Las propuestas para lo anterior vienen de los legisladores Eliasib Polanco y Julio César Solís; la voz sensata ha sido de Agustín Alonso, él fue el primero en oponerse a la creación del fondo municipalista y el único que ha hablado de reformar la ESAF para mejorar su funcionamiento, no para volverla un organismo dependiente de la cámara de diputados.
Lo dicho: poco a poco la legislatura va tomando forma y sus integrantes comienzan a mostrar cuáles son sus verdaderos intereses.
- redes sociales
Este es el link a la nota del portal Reporte Índigo del año 2013, donde se dice que Esther Yadira Huitrón Vázquez era testigo protegido de la entonces PGR.
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