Escala de Grises - Complicidad

Después de que colectivos de búsqueda participaran en la exhumación de restos en el panteón municipal de Jojutla, se dio a conocer a los medios de comunicación locales y nacionales el hallazgo de (por lo menos) 60 cuerpos, entre los que se identificaron los cuerpos de diez bebés.

Esta información fue desmentida, a través de un comunicado, por la Fiscalía de Morelos bajo el argumento de que “carece de veracidad y atenta contra el dolor de las víctimas”. De acuerdo con la dependencia, los datos aún no están confirmados, por lo que su difusión únicamente genera alarma social y desinformación.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la que familiares de personas desaparecidas y las mismas autoridades se enfrentan a la recuperación de restos en la región. En 2017, se abrió la fosa por primera vez y se confirmó el hallazgo de más de 80 cadáveres que fueron confiscados por las autoridades.

Tras una constante lucha para identificar los restos, seguir el debido proceso y que las familias de las víctimas puedan acceder a la justicia, los colectivos también se enfrentan a las inclemencias del tiempo, a las fallas en la estructura del mismo panteón que les pone en riesgo y a la poca cooperación por parte del gobierno para acelerar el proceso.

Mientras, la impunidad se acumula con el paso de los años. Respecto a los hallazgos recientes, la Fiscalía de Morelos aseguró que esta misma semana se presentarán los resultados de las investigaciones pertinentes. A pesar de sus promesas, las familias ya no confían en que se hará justicia.

De acuerdo con El País, los colectivos de búsqueda denuncian que la información obtenida durante 2024 ni siquiera ha sido clasificada de manera formal. Tal como ocurre con la crisis de desaparición forzada en el resto del país, Morelos y sus autoridades no son la excepción a la regla.

Y es que, de acuerdo con las investigaciones, tanto la fosa de Tetelcingo como la de Jojutla eran de uso oficial. Presuntamente, la Fiscalía de Morelos la utilizaba para enterrar restos de personas no identificadas. ¿Pero qué ocurre cuando no hay registros ni rendición de cuentas respecto a las actividades que se realizan en las fosas?

En un territorio con incontables fosas clandestinas, una crisis de desaparición forzada cuyas víctimas son más de 113 mil, una impunidad del 99% y la falta de recursos suficientes para enfrentarse a la violencia que no se detiene, el panorama parece desolador. ¿Cuántas intervenciones son necesarias para recuperar el total de cuerpos sin identificar?

Mientras la Fiscalía descalifica los hallazgos y critica el “alarmismo” provocado por la difusión de la información, decenas de madres siguen buscando indicios que las lleven a encontrar a sus hijos e hijos, pero también justicia para el resto de las víctimas.

El Estado puede intentar alejarse de la realidad que ocurre frente a sus ojos, incluso pretender deslindarse de ella. Sin embargo, aún si las autoridades niegan su participación en la desaparición de personas, ser partícipes del silencio también es una forma de complicidad.

Lo que ocurre en Jojutla es una expresión del modo en que opera la violencia estructural. Cuando el Estado pretende que todo quede sin nombre, sin registro y sin intención de identificar, se vuelve parte del crimen. Ahora, la responsabilidad no sólo deberá enfocarse en la búsqueda de restos; sino en la reconstrucción de verdades en un país donde las fosas se cuentan sin certeza alguna.

¿Hasta cuándo?
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