El regreso del ¨operativo mochila¨ a Morelos. La tentación autoritaria para afrontar el problema de la exposición infantil a la violencia.

Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones.

El Principito

La semana pasada, conmocionó al país y buena parte del mundo, la noticia de un niño de 11 años, que en la ciudad norteña de Torreón Coahuila, asesinó  su profesora, hirió a 5 de sus compañeros y después se suicidó. Y no es para menos, el caso no solo es un símbolo inequívoco de la normalización de la violencia en la vida cotidiana de los mexicanos, sino de que los espacios educativos, no escapan a ser enclaves de violencia y hasta nichos para el desarrollo de actividades delictivas.

Es de sobra conocido por las autoridades educativas, por los profesores desde educación básica hasta universitarios, por los estudiantes y por los padres de familia que los cárteles de la droga han encontrado en los espacios juveniles escolares terreno fértil colocar “sus productos”, sino también para reclutar potenciales colaboradores.

Ha sido noticia muy comentada en medios de comunicación y redes sociales que  algunas universidades del país debieron tomar medidas extremas por la violencia que conlleva la operación de bandas en sus territorios, sin lograr hasta el momento la erradicación del problema sino solo hacerlo menos visible. En otros niveles educativos como las escuelas secundarias y los bachileratos, es muy común que la salida de los estudiantes sea custodiada por patrullas policiacas para disminuir el asedio de integrantes de grupos delincuenciales, que desde mi percepción el estado no atiende con la debida diligencia.

Y ¿qué pasa con la tenencia y el tráfico de armas? bueno pues es una verdad de perogrullo que en el mercado negro de las armas que incluso agentes del Estado quienes lo promueven, remember Rápido y Furioso. Pero eso es solo lo visible, pues igual de grave es la operación hormiga que hace posible la proliferación de armamento en la sociedad. Lo paradójico es que aún con todas las restricciones para el uso de armas, en México es relativamente fácil hacerse de una.

El caso del chico de Torreón nos muestra que, él mismo fue una víctima de la normalización de la violencia que hemos interiorizado una gran parte de la sociedad como parte de la normalidad cotidiana, pero por otro lado, evidencia que la tenencia de un arma conlleva una especia de complicidad con las bandas organizadas del crimen.

Hoy, el abuelo del niño victimario-víctima está detenido para responder no solo por omitir los deberes de cuidado que garantizaran al joven un sano desarrollo vital, como lo establece la Constitución y los Tratados internacionales, sino porque los sucesos protagonizados por su nieto condujeron a indagar sobre las supuestas actividades delictivas en las que participa.

Las hechos en los que murió el niño de Torreón y su profesora, condujo también a los periodistas a indagar, datos de la historia personal del joven y su entorno familiar, que de acuerdo a lo publicado, nos remiten a historias familiares de violencia que posiblemente incidieron en la decisión que tomó el pasado 13 de enero.

Pero algo muy lamentable, que también trajo aparejado el terrible suceso, es el hecho de revivir el fantasma de la operación mochila, que desde mi punto de vista constituye una muy grave violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes porque viola los principios más elementales que tutelan los derechos de la infancia.

La operación mochila atenta contra la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, los estigmatiza y los criminaliza y los convierte en sospechosos permanentes y genera un ambiente hostil hacia ellos y lo más grave, es muy lamentable que sea esa la salida para un problema generalizado que no se puede resolver con ocurrencias o medidas represivas.

Muy lamentables, las muertes de las víctimas y también la del niño agresor, pero lo más lamentables es que en su nombre se reviva una medida, por demás lesiva de los derechos de la niñez y que contraviene el tan elemental, llevado y traído “interés superior de la niñez”, consagrado en nuestra normativa interna y también en la internacional de la que México es parte.

Para implementar alguna medida que combata la violencia en los ámbitos escolares, es necesario que las autoridades también tengan presente otro derecho de la infancia, que es el derecho a ser consultados en los asuntos que le afecten. En este caso, no vendría mal que las autoridades educativas realicen una consulta entre las niñas, niños y adolescentes además de sus padres o tutores,  sobre esta medida por demás violatoria a sus derechos humanos, pero que además, realicen un diagnóstico serio de la situación que le permita la atención integral al problema.

Las autoridades educativas, no deberían temer a que los niños conozcan sus derechos, no olvidemos que de acuerdo a nuestra normatividad ellos son sujetos plenos de derechos, pero sobre todo deberían pensar que una niñez informada de sus derechos y obligaciones, tendrá como resultado mejores ciudadanos en el futuro.