Con 500 mil pesos y nuevas medidas cautelares, libres los 15 de Hueyapan
Empero, dos no podrán regresar a sus hogares por orden del juez
Jorge Rafael Sánchez 
Cuautla, Mor.- Fueron liberados de manera condicional los 15 vecinos de Hueyapan, que estaban acusados primero por los delitos de secuestro, oponerse a una autoridad y daños a vehículos oficiales, para que después el juez de la causa modificara por el de privación ilegal de la libertad. Tuvieron que pagar una fianza de 500 mil pesos y, además, 2 de ellos no podrán regresar a sus hogares, debido a que hay una restricción dictada por el juez de la causa.
A pesar de que se dieron 3 meses para que se presentaran las pruebas de descargo para los 15 detenidos vecinos del municipio indígena de Hueyapan, que fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN), de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y de la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena), en la caseta de cobro de Tepoztlán de la Autopista La Pera-Cuautla, el 16 de marzo pasado, el lunes 29 por la tarde fueron liberados.
Correspondió al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones, Isidoro Eddie Sandoval Lome conceder la suspensión condicional del proceso a 15 personas de Hueyapan, quienes el pasado 16 de marzo fueron imputadas por privación ilegal de la libertad. En esa ocasión se estableció que tendrían 3 meses para presentar las pruebas de descargo, y demás señalamientos de parte de quienes los denunciaron.
En la audiencia celebrada la mañana del pasado lunes 29 de marzo, el juzgador resolvió conceder la suspensión a cambio de que las personas imputadas cumplieran con ciertas condiciones. Entre estas ser supervisados por la Unidad de Medidas Cautelares para Adultos (UMECA), de Cuautla y acudir a firmar cada mes, residir en un domicilio determinado; no frecuentar el domicilio de las víctimas ni las oficinas del Concejo Municipal Indígena.
De igual manera no pueden acercarse al domicilio de los familiares de las víctimas; no portar ningún tipo de arma y observar buena conducta, entre otras, por lo menos durante el tiempo que dure el proceso que va de un año a dos. De igual manera las personas se comprometieron a la reparación simbólica del daño y ofrecieron un pago de 500 mil pesos, para las víctimas.
También, el Juez resolvió que las condiciones deberán de cumplirlas en el término de un año, en ese lapso deben de firmar cada mes, y al menos 2 de ellos no podrán habitar en su hogares, porque según el ministerio público, el mismo número de víctimas, Pablo Alonso Rodríguez y Lilia González Cortés, miembros del Concejo Municipal Indígena, consideran que son un peligro para su seguridad.
