ATENTADO A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN MÉXICO

Una de las funciones centrales del Poder Judicial Federal (PJF) en México es ser un contrapeso contra actos violatorios a la Constitución y a los tratados internacionales por parte de los otros poderes, así como proteger a las personas cuando sus derechos han sido violados.

Su independencia es una garantía para todas las personas de que cuando necesiten resolver una controversia, el PJF actuará de manera imparcial. El correcto funcionamiento del PJF protege derechos humanos, fortalece el Estado de derecho, y es central para la democracia. El Poder Judicial nos pertenece a todos y todas y por eso consideramos fundamental garantizar que cuente con el presupuesto suficiente para el cumplimiento de sus funciones.

Así que hay una estrecha relación entre independencia judicial y el presupuesto de este Poder. La “reducción del presupuesto de los tribunales obstaculiza considerablemente la administración de justicia”. Esto afecta a la totalidad de usuarios del sistema judicial y al Estado de Derecho.

Ahora bien si la asignación de recursos para operar una de las tareas más importantes encomendadas al estado, como la de impartir justicia, se da por otros Poderes es indispensable que se realice respetando la independencia judicial. Sin embargo hoy se están coaligando dos poderes del estado mexicano para presionar o amedrentar al Poder Judicial. Y es aquí donde todas y todos debemos exigir y la madurez institucional de nuestras autoridades.

En el marco de la división de poderes, entendida esta, en su vertiente de colaboración, el Poder Judicial no sólo debe participar en la asignación presupuestaria, sino que las partidas asignadas para financiar los tribunales en el ejercicio fiscal, únicamente pueden reducirse con el consentimiento del poder judicial.

No debe pasar desapercibido que un efectivo funcionamiento del Poder Judicial y de la administración de justicia requiere de un presupuesto adecuado y suficiente. Y es que de acuerdo a parámetros de la ONU, para que sea adecuado, se debería asignar a los poderes judiciales entre el 2 y el 6% del total del presupuesto nacional.

Y contrario a estos parámetros y obligaciones internacionales, el presupuesto actual del Poder Judicial representa el 0.9% del gasto neto total proyectado en el Presupuesto de Egresos.

Por tanto, si el presupuesto que corresponde al Poder Judicial según parámetros de la ONU debe ser entre el 2 y el 6 % del presupuesto nacional, y en México actualmente es menor al 1 %, es evidente que lejos de una disminución, exige un claro aumento.

Por otra parte la mal intencionada propuesta de extinción de los fideicomisos del Poder Judicial Federal, podemos concluir, no sólo afecta derechos de los trabajadores, sino que esa disminución a espaldas y sin consentimiento del Poder Judicial es una clara violación a estándares internacionales sobre la independencia judicial.

El personal operativo del PJF y no el discurso demagógico de que es para quitar los privilegios de los Ministros, ya que el personal operativo representa más del 60% de la plantilla, es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos. La extinción de fideicomisos si va a limitar la operatividad del PJF y, con ello, el derecho al acceso a la justicia.

En conclusión, podemos resumir lo anterior así: “toda afectación o disminución del presupuesto del Poder Judicial, sin el consentimiento de este Poder (peor aún, en su contra), significa una afectación a la independencia judicial” y con ello a la sociedad en su conjunto.

Así las cosas, el gobierno de la llamada cuarta transformación ha tomado la decisión atrabiliaria de desaparecer, unilateralmente y de golpe, 13 fideicomisos del Poder Judicial para apropiarse de 15,434 millones de pesos, en una acción que ya ha sido aprobada por el Congreso Federal y aplaudida desde Palacio Nacional. El riesgo de esta intervención sin ningún tipo de apertura al diálogo, y amparada en mentiras comprobables, es muy peligroso pues, como expresó la senadora por Morena Olga Sánchez Cordero: “la posibilidad de que dos poderes se coaliguen para intervenir en la administración de otro poder no es un ejercicio republicano”.

Por último aquí les dejo este dato; entre 2019 y lo que va de 2023, el Poder Ejecutivo Federal ha destinado 469 mil 706 millones de pesos a sus fideicomisos, superando en 358 mil millones lo que originalmente estaba presupuestado. Por cada peso del presupuesto que el Poder Judicial ha destinado a sus fideicomisos durante este sexenio, el Poder Ejecutivo ha colocado 23 mil 024 pesos.

La diferencia es simplemente abismal, y eso que los datos de 2023 están actualizados al segundo trimestre, por lo que aún no vemos lo que sí es una norma en el resto del gobierno: que al final del año las dependencias no devuelven el presupuesto a la Tesorería y lo guardan en fideicomisos. Un dato adicional: 3 de cada 10 pesos que el Ejecutivo ha colocado en sus fideicomisos este sexenio corresponden a recursos para las fuerzas armadas de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, los cuales sí son extremadamente opacos y discrecionales.[1]

Hasta aquí: “Justicia y Libertad”

Carlos Iván Arenas Ángeles.

Magistrado en Retiro del TSJ Morelos.