Abusos legislativos

Se acabaron los pretextos para los legisladores locales. Durante meses acusaron a la anterior legislatura de los abusos, saqueos, falta de trabajo, reparto de cargos y de todo lo que se les pueda ocurrir para ocultar su ineficiencia legislativa.

Señalaron desvíos de recursos de la LIII legislatura, pero la denuncia presentada en la fiscalía anticorrupción del 29 de octubre de 2018 es sobre la disposición indebida de cuotas obrero-patronales y retenciones de trabajadores que debieron cubrir al Instituto de Crédito por cerca de 19 millones de pesos. No hay más, no hablan de los abusos en la disposición millonaria de la anterior legislatura, de la supuesta falta o sustracción de información, mobiliario, equipo de cómputo y documentos contables. Tantos y tantos delitos que podrían imputarles pero que les han permitido quedar en impunidad, porque así se ha hecho siempre.

En septiembre de 2018 iniciaron con 315 empleados y para el mes de octubre de 2020 la cantidad asciende a 512, casi 200 empleados más, lo peor es que durante la pandemia han incrementado en más de 50 empleados, un tiempo en el que tuvieron mínima actividad. Previo a la pandemia y al visitar las oficinas del Congreso no se contabilizaban más de 130 empleados laborando en la sede de Amatitlán.

El Diputado Alfonso Sotelo presume haber saldado la deuda de 82 millones de pesos de la anterior legislatura, pero no describe de qué. Si ya se saldó la deuda, no se muestra una reducción del presupuesto por los mismos 82 millones para 2020 y 2021, se han dejado la misma cantidad de 400 millones de pesos para solo 20 Diputados. En 2001 con 30 Diputados, el Congreso morelense trabajaba con un presupuesto de 120 millones de pesos, hoy, con mínimos resultados, tenemos el cuarto Congreso más caro promediando el presupuesto por el número de Diputados y el segundo estado que más invierte en su Congreso como porcentaje del presupuesto anual del estado.

Tenemos legisladores que en plena pandemia gastan 300 mil pesos en sus informes legislativos cuando la necesidad es de inversión en el sector salud y en la reactivación económica. Tenemos legisladores que gastan 80 mil pesos mensuales en supuestos apoyos y gestiones que sirven para promoverse en las comunidades, aunque los resultados legislativos sean pobres.

Presumen transparencia, pero a toda costa defienden la opacidad y se niegan a comprobar el uso detallado de los recursos. Dicen cuanto gastan por capítulo presupuestal (de forma global), pero se niegan a informar el uso por cada partida específica. Dicen que cada legislador gana 60 mil pesos mensuales, pero se niegan a informar el desglose de partidas presupuestales como “prestaciones sociales”, “remuneraciones adicionales”, “servicios oficiales” y “ayudas sociales” entre otras con millonarios gastos.

Criticaron el reparto de cargos como los del Sistema anticorrupción, fiscalía y Tribunal Superior de Justicia, pero no han sido capaces de realizar procesos transparentes, hoy están empantanados por que no logran concretar sus intereses particulares. No les importan los perfiles, la autonomía o las instituciones, ellos quieren poder y presupuesto en manos de cómplices.

No solo no cambiaron la forma de legislar de la LIII o las anteriores legislaturas, han avalado el abuso legislativo de antes y ahora. Al igual que sus antecesores, se acerca el periodo de llevarse lo que se pueda, lo que quede, sobre todo en junio y julio (después de elecciones) veremos lo peor de los abusos legislativos. ¿Volverían a votar por ellos? Es pregunta seria para los ciudadanos