Violencia institucional vs mujeres
En opinión de Lorena Elizabeth Castillo
Un abuso o transgresión a la libertad o derechos de las mujeres puede -y de hecho ocurre, por desgracia- todos los días y en todo lugar. De ahí que sea urgente y necesario ubicar algunas de las muchas situaciones de violencia institucional.
Éstas pueden ocurrir en ámbitos y situaciones tan diametralmente distintas, como lo puede ser desde que se comete en un espacio comunitario, hasta en la defensa de los derechos políticos o profesionales y conyugales.
Comencemos por confirmar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como Violencia Institucional: “los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.”
Agrega dicho ordenamiento que otro tipo agresión de organismos oficiales o gubernamentales se registra también cuando el acceso a los beneficios de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, se interrumpen o alteran.
En este punto es pertinente preguntar: ¿Cuándo puede ocurrir la violencia institucional? La respuesta inmediata es, por ejemplo, cuando se ha presentado una denuncia por ser víctima de algún tipo de violencia, o has sido despojada injustamente de tus derechos y las instituciones no te han proporcionado un trato digno de calidad y calidez.
Esto se puede se puede ver, incluso, cuando las autoridades han tolerado la vulneración de derechos o han participado en complicidad con el agresor de un agresor.
La policía, el Ministerio Público, los jueces y los magistrados de tribunales, las autoridades escolares o cualquier otro agente de autoridad pueden convertirse en agresores por acciones u omisiones que violenten los derechos y/o atenten contra la dignidad e integridad personal y familiar de una o varias mujeres.
Un caso y experiencia propia de quien esto escribe, acerca de los controles que adopta una autoridad para evitar, a toda costa, la violación de los derechos de las mujeres, la hemos confirmado al participar en representación del Instituto de la Mujer de Cuernavaca (IMC), como instancia observadora del cumplimiento del protocolo, en los operativos “Conduce sin alcohol” del Ayuntamiento a través de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (SEPRAC).
El propósito es verificar que en todos los casos se cumplan con el mencionado protocolo del operativo y, sobre todo, que se haga con estricto apego a los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres, ya sean que conduzcan un vehículo o bien, sean acompañantes del conductor. Esto a fin de evitar, precisamente que se den casos de violencia institucional, por parte de los representantes de las diferentes instancias municipales que intervienen en dichos operativos.
Si bien es cierto que es obligación de las autoridades cumplir con las Leyes, en caso contrario, las mujeres debemos estar preparadas para casos contrarios. El ejercicio del derecho ciudadano inicia con el conocimiento mínimo de, en que momento, somos víctimas de violencia institucional y qué hacer para denunciarla.
Los siguientes casos son algunos de los muchos que nos pueden ocurrir:
Si acudiste con alguna autoridad federal a denunciar algún tipo de maltrato o violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y la autoridad se negó, sin fundamento, a ejercer las atribuciones que legalmente le corresponden en relación con tales ilícitos.
Si has recibido un trato indigno por parte del Ministerio Público al momento de denunciar violencia por parte de tu pareja. Si te has enterado a destiempo que ya perdiste la patria potestad de tus hijos/as, la custodia o que estás divorciada sin haber recibido ninguna notificación.
Si se ha cometido algún tipo de violencia hacia ti con la tolerancia o anuencia
de algún servidor público o autoridad federal.
Si algún servidor público o autoridad federal ha hecho uso de su cargo, poder
o influencia para quebrantar las leyes, poner trabas y obstáculos que te impidan el acceso a la justicia.
Si estás en un proceso de divorcio y te han amenazado con quitarte a tus hijos/as o meterte a la cárcel.
Para estos y otras muchas variantes de abusos institucionales, el IMC está a la disposición de orientar y apoyar jurídicamente a las mujeres de nuestro municipio.