«Tienen derecho de ampararse», señalan magistrados disidentes
Opositores a Cuevas López seguirían sus mismos pasos hasta que deje la presidencia del PJ
La controversia se mantiene en TSJ por el decreto que invalida uno anterior, expedido en 2018
Francisco Zapata Cuevas 
El grupo de magistrados disidentes buscarían el amparo para anular los efectos del decreto, señala Andrés Hipólito que “la decisión es de carácter personal”, mientras que Carlos Iván Arenas asegura que “estarían en uso de sus derechos”; solo tienen hasta el 1 de octubre para interponer el recurso de suspensión, siguiendo los mismos pasos que María del Carmen Verónica Cuevas López.
La controversia que se mantiene dentro del Poder Judicial, por el decreto publicado el pasado 10 de Septiembre que invalida uno anterior, expedido en mayo del 2018, retornando el periodo de permanencia de los magistrados de 20 a 14 años, los inconformes con María del Carmen señalaron que buscarían el amparo “de ser su decisión”.
Ante estas situaciones los magistrados señalaron que sería una opción propia, y de análisis individual el que cada magistrado que se ve afectado por el decreto, buscase la opción del amparo federal.
En sus propias palabras Carlos Iván Arenas señala que no es más que “el uso de su derecho”, por el cual apelarían a tal recurso, señalando al mismo tiempo que de ser necesario él acudiría a la autoridad federal para tal acción.
Por otro lado, Hipólito Prieto asegura que el que sus compañeros o él mismo recurran al amparo, no significaría una incongruencia respecto a la solicitud hacia Carmen Verónica de dejar su puesto, según él, porque no le exigen “que deje de ser magistrada sino que deje de ser presidente del Tribunal”, argumentando todas las vicisitudes que señalaron días antes en sus plenos y ruedas de prensa.
Algo sí dejaron en claro los magistrados, Hipólito y Arenas, que al igual que ellos, el buscar el amparo federal será un acto al que recurrirán también en el bando de Cuevas López, siguiendo así los mismos pasos ante una autoridad federal, que interponga una suspensión, que los lleve a una audiencia de fondo y posterior a una controversia constitucional.
De ser así, los funcionarios tienen un plazo de quince días hábiles para allegarse a los juzgados federales y solicitar la suspensión, siendo su fecha límite el día 1 de Octubre, solo en caso de querer ostentar el cargo por los 6 años extras.
