Escala de Grises - Pasos hacia atrás

El lunes 16 de junio, El País informó que Patricio Reyes Landa, quien fuera testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) para el caso Ayotzinapa, fue asesinado. Según el diario, el hombre conocido como “Pato” fue víctima de un ataque en su domicilio, ubicado en Jilotepec, en el Estado de México.

Esta misma noticia fue confirmada por la fiscalía estatal para El País; sin embargo, todavía no hay información oficial sobre el caso por parte de las autoridades involucradas. Con el asesinato de Pato, uno de los presuntos participantes en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pareciera que las esperanzas para descubrir lo que realmente ocurrió la noche del 26 de septiembre en Guerrero se desvanecen.

Reyes Landa se suma a los catorce líderes del cártel de Guerreros Unidos y los siete testigos, además de familiares directos y personajes vinculados con el caso Ayotzinapa que han sido ejecutados o han fallecido desde el 2014 hasta el momento. Con el paso de los años, las puertas se cierran sin avanzar hacia la verdad.

A pesar de los intentos por parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para continuar con la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes, los múltiples obstáculos por parte de las autoridades, las instituciones y las organizaciones que podrían brindar información relevante frenaron (una vez más) las oportunidades de acceder a la justicia y la reparación de daños.

Más de diez años después de uno de los crímenes de Estado más dolorosos de la historia moderna, no hay un compromiso real para enfrentar al Ejército, los funcionarios, la policía y los grupos criminales que participaron en los hechos. Luego de múltiples investigaciones, sólo se ha logrado encontrar los restos de tres estudiantes.

¿Qué hay de los otros 40 cuyas familias siguen sin localizar? ¿Cómo podemos confiar en un Estado que no hace más que ir en contra de la verdad y la justicia? Con una constante de tragedias, negligencias e impunidad, los esfuerzos por parte del gobierno federal se vuelven cada vez más débiles.

Andrés Manuel López Obrador prometió acceso a la verdad para las familias de los normalistas y, meses después, negó que el GIEI accediera a información del Ejército fundamental para continuar con la investigación. Los avances han sido mínimos. ¿De qué sirven las disculpas públicas y las nuevas verdades históricas si, al final, regresamos al mismo lugar?

¿Cómo un país en el que desaparecieron 43 estudiantes durante una noche puede seguir funcionando? ¿Cómo un territorio que permite la desaparición forzada de más de 113 mil personas puede seguir llamándose país? ¿Cuáles son las alternativas para encontrar justicia si la impunidad y sus consecuencias se repiten todos los días?

Hasta el momento en que terminó de redactarse esta columna, Claudia Sheinbaum no se había pronunciado respecto al tema. Sin embargo, tampoco parece estar lo suficientemente comprometida en abordar este pendiente en la lista, lo que también es una muestra de la absoluta indiferencia que se maneja en los puntos más altos del poder.

La historia de Ayotzinapa no es un expediente inconcluso, es una herida abierta que sangra cada vez que se asesina a un testigo, se niega información o se posterga la justicia. El caso de los 43 seguirá estando presente mientras la impunidad siga siendo la constante de este país. Mientras no sepamos dónde están, no podremos hablar de justicia.

¿Hasta cuándo podremos avanzar?
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