Sobre el derecho a la educación (Perspectiva Jurisdiccional)
En opinión de Hertino Avilés
Hertino Avilés Albavera 
La educación es un derecho de las y los niños, así como de las y los adolescentes, derecho que se encuentra consagrado en el artículo 3 Constitución, así mismo el citado artículo establece que es obligación del Estado-Federación garantizar el acceso a la educación básica, es decir, tienen que garantizar que las y los niños tengan acceso al prescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal, que fue levantada en 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el porcentaje de población de 6 a 14 años que asisten a la escuela ha aumentado.
Sin embargo, ante la contingencia que nos encontramos viviendo a nivel nacional, por el COVID-19 las escuelas se encuentran cerradas, en algunos casos las y los maestros se encuentran impartiendo clases de forma virtual; los alumnos se encuentran estudiando desde casa, algunos de forma virtual y otros con clases por medio de la televisión.
Ante dicha situación no debemos pasar por alto que en México el 52.4 millones de los habitantes viven en situación de pobreza, cifra que equivale al 41.9% de la población y que representa una disminución apenas del 2.5% en comparación con el porcentaje registrado en 2008 cuando el porcentaje era de 44.4, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Bajo ese contexto, es importante establecer que en México no todos los niños tienen acceso a una computadora o bien a una televisión, lo que trae como consecuencia, que las y los niños se vean afectados en temas de educación, puesto que, con el tema de la pandemia la implementación de clases se ha desarrollado mediante la utilización de medios electrónicos, a los cuales no toda la población tiene acceso.
Dicho de otra forma, en México no todos los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a una televisión, puesto en muchos casos las familias solo tienen para solventar gastos básicos, como lo son la comida o vestimenta.
Ante tal situación, Juzgadores Federales han concedido amparos, en donde obligan al Gobierno a buscar que todas y todos los niños tengan acceso a una educación, y a que ellos prevean las medidas necesarias para que las y los niños puedan continuar con sus estudios y que no se vean afectados por la situación en la que ahora vivimos.
Debemos recordar, que los impartidores de justicia deben en todo momento garantizar la protección de los derechos de los menores, entre los cuales se encuentra el derecho a la educación; y que son las autoridades quienes tienen la obligación de que la educación llegue a todas y todos los niños, sin importar su situación económica.
Si bien, nos encontramos en una nueva realidad, esta no debe afectar derechos fundamentales y en todo momento debemos garantizar que los mismos sean respetados.
